Desde que comenzó la negociación de la ley de vivienda entre el PSOE y Unidas Podemos (hace casi tres años), una de las incógnitas que se generó en el seno del Gobierno de coalición fue la de qué alcance real tendría una limitación de los alquileres que no podía ser de obligado cumplimiento en todos los lugares, sino una medida cuya aplicación depende de la voluntad de cada gobierno y administración territorial.

La ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, y secretaria general de Podemos, Ione Belarra, siempre lo tuvo claro: la mera existencia de la posibilidad de rebajar los precios del alquiler abriría tal brecha en el sistema que la cultura de limitación de los alquileres acabaría imponiéndose. Ahora, a menos de dos meses de que se celebren las elecciones municipales y autonómicas, la formación morada pide una oportunidad para demostrar sus tesis.

La ley de vivienda es una de las medidas estrella de Unidas Podemos desde el comienzo de la legislatura. Podemos nació y se desarrolló en torno a muchos de los movimientos y plataformas que defienden el derecho a la vivienda digna y batallan contra los desahucios de familias vulnerables y, por eso, su inclusión en el programa de gobierno pactado con el PSOE para esta legislatura se celebró con entusiasmo.

Sin embargo, casi cuatro años después de la rúbrica de este acuerdo, la ley no forma parte del Boletín Oficial del Estado. Su itinerario desde comienzos de 2020 es complejo y se parece mucho más a una carrera de obstáculos que a un proceso legislativo común, y en la actualidad la norma vuelve a sufrir síntomas de bloqueo (esta vez en el Congreso de los Diputados) cuando apenas quedan unos meses para que el primer Gobierno de coalición de la historia reciente culmine su ciclo político.

Podemos siempre defendió esta medida como una de las más importantes del programa pactado con el PSOE, pero desde la irrupción de la pandemia del coronavirus y desde la invasión de Rusia a Ucrania, para los de Belarra pasó de ser importante a ser urgente (por la subida del precio de los alquileres y el repunte de los desahucios que provocaron las consecuencias socioeconómicas de ambos eventos).

Un elemento diferencial para la izquierda

Ahora, la formación morada no solo ve esta norma como el mejor remedio contra buena parte de los dramas relacionados con la vivienda, sino también como una oportunidad electoral. Por este motivo, en la última semana ha redoblado la presión sobre el Partido Socialista para pedir que la ley se desbloquee ya, antes de la celebración de los comicios municipales y autonómicos, para que los candidatos de la izquierda en los diferentes territorios puedan llevar la limitación de los alquileres en sus programas electorales.

La derecha rechaza que se puedan intervenir los precios en las denominadas zonas de mercado tensionado (donde los alquileres han subido más y más rápido en los últimos años hasta romper varios techos históricos), e incluso los socialistas son reacios a que la legislación permita este tipo de intervención directa. Por este motivo, en la formación morada consideran que la aprobación de la norma (que permitiría poner un tope a los precios) sería un elemento diferencial para la izquierda en unas elecciones que se antojan complejas.

Encuestas publicadas recientemente han reflejado, además, que una mayoría de la ciudadanía (también de los declarados como votantes conservadores) estaría a favor de la rebaja de los precios, y la vivienda se ha convertido en un problema para muchas familias en los últimos años. La posibilidad de que ayuntamientos y gobiernos autonómicos puedan pinchar las burbujas inflacionistas de los alquileres en sus ciudades no solo favorecería al PSOE y a Unidas Podemos en un escenario de campaña electoral, sino que también sería un revulsivo electoral para formaciones como ERC y EH Bildu, que en este momento participan en la negociación de la ley de vivienda que se está dando en el Congreso.

De hecho, el Parlament de Catalunya ya tiene una ley de vivienda que se puso en práctica durante un tiempo y logró rebajas de los alquileres. Sin embargo, en la actualidad esta norma está parcialmente suspendida por el Tribunal Constitucional (por invasión de competencias) a la espera de que una eventual ley estatal habilite la intervención de los precios en las zonas de mercado tensionado.

La derecha planta batalla contra la rebaja de los alquileres

A principios de marzo, la presidenta de la Comunidad de Madrid y candidata a las elecciones autonómicas en esta región, Isabel Díaz Ayuso, avanzó que presentaría un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional contra la ley de vivienda si finalmente era aprobada en las Cortes. Esta comunidad tiene uno de los mercados más tensionados de todo el territorio, con precios que han escalado de forma vertiginosa en los últimos años y que están entre los más elevados del Estado.

El boicot de la derecha a esta norma (que no ha visto la luz aún) también se dio cuando Pablo Casado era presidente del PP, cuando tanto los conservadores como Ciudadanos avanzaron que se resistirían a la intervención de los precios de los alquileres para rebajarlos en todos los territorios en los que gobernaban.

Este lunes, desde Podemos se avisó a Pedro Sánchez sobre la necesidad de mandar un mensaje "contundente y eficaz" a la ciudadanía con una norma que recogiera una intervención real de los alquileres: "Cuando quedan pocos meses para culminar la legislatura y a escasas semanas de las elecciones municipales y autonómicas, la posibilidad de revalidar el Gobierno de coalición y de tener buenos resultados el 28M pasa por aprobar la ley de vivienda y otras normas. Si el PSOE cree que se puede seguir gobernando otros cuatro años sin esto, estaría muy alejado de la realidad", dijo Pablo Fernández, uno de sus portavoces.

Aunque todas las partes apuntan a que el acuerdo estaría "muy cerca", de momento no se han constatado grandes avances que permitan cerrar un pacto, y la negociación estaría sufriendo cierta ralentización respecto a los avances que se han logrado desde enero, cuando el PSOE decidió impulsar la norma en el Congreso tras varios meses de bloqueo. La irrupción del Ministerio de Economía, liderado por Nadia Calviño, en las conversaciones ha tensado la negociación, pero en Podemos todavía creen que es posible que la norma pueda estar encarrilada antes de las elecciones del 28 de mayo.