El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) lleva más de 1.000 días en funciones. En diciembre se cumplirán tres años desde que se agotase su mandado, constitucional, de cinco años. El bloqueo para la renovación de sus vocales ha sido una de las batallas políticas más intensas entre PP y PSOE durante los últimos años. Los populares tienen actualmente más poder en dicha institución y se han resistido a un acuerdo político desde entonces. El partido liderado por Pablo Casado ha girado en varias ocasiones de posición y el último hito hasta el momento va a tener lugar en el Congreso de los Diputados durante la sesión del martes 21. El grupo parlamentario popular presenta, para su toma en consideración, una proposición de ley "de reforzamiento de la independencia del Poder Judicial".

La proposición para reformar la Ley Orgánica 6/1985 introduce uno de los principales elementos, sobre el papel, de la discordia: el método de elección de los vocales de procedencia judicial. Hasta la anterior renovación, los grupos políticos pactaban los nombres en base a unas propuestas establecidas en función de su representación parlamentaria. Y debían ser ratificadas por una mayoría reforzada de tres quintos del Congreso. El actual CGPJ cuenta con once vocales elegidos a propuesta del PP, siete del PSOE, una de IU y otro del PNV. Una composición bastante alejada de la realidad actual. Lo preside Carlos Lesmes, que tiene probada relación estrecha con el PP.

El PP pretende con esta nueva ley que sean los propios jueces quienes elijan a estos vocales. "Queremos avanzar en un planteamiento claro de mayor independencia del poder judicial", señaló la pasada semana Cuca Gamarra, portavoz en el Congreso. La proposición de ley también incluye modificar el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal con el fin, dicen los populares, de "garantizar la imparcialidad de su actuación". Desde las filas populares ya presentaron un recurso ante el Tribunal Supremo contra la decisión del Gobierno de situar a Dolores Delgado, exministra de Justicia, al frente de la Fiscalía.

La situación de tensión y bloqueo no parece hacer indicar que la iniciativa del PP vaya a salir adelante, ni siquiera para que se debata. Las acusaciones desde el Gobierno hacia los de Pablo Casado han sido claras. Félix Bolaños, ministro de la Presidencia, inicia justo esta semana una ronda de contactos con los partidos en los que los Presupuestos y esta renovación serán algunos de los asuntos a tratar. 

Según destacan a Público fuentes del grupo parlamentario del PP, la ley recoge "el espíritu constitucional" de la primera ley que se desarrolló en democracia. La intención de los populares, dicen, es "darle una oportunidad a Pedro Sánchez para que cumpla su palabra" en relación a la despolitización judicial. "Es una oportunidad de oro, se va a ver si quieren de verdad", destacan. "Les tendemos la mano de cara al desbloqueo", añaden.

Además, desde el PP se apoyan en que tanto la Unión Europea como las principales asociaciones de jueces se han mostrado partidarias de este cambio de modelo. De hecho, desde las filas populares se aferran a un duro rapapolvo europeo como su tabla de salvación para romper el bloqueo e imponer sus intenciones. Lo cierto es que el comisario europeo, según ha señalado hoy la asociación progresista Jueces para la Democracia, es partidario de que la renovación se produzca ya, con el sistema actual. Una vez hecho esto sería el momento de cambiar el método de elección.

En este sentido, llamaron mucho la atención unas declaraciones en el periódico La Razón de Enrique López, portavoz de Justicia del PP, consejero en el Gobierno de Ayuso y exmagistrado. El titular de la entrevista fue: "El PP tiene el apoyo de la mayoría de la carrera judicial". Una frase que generó todo tipo de comentarios a nivel político. "El bloqueo lo impone el Gobierno por no aceptar nuestra reforma", añadía López.

La estrategia de oposición al Gobierno del partido liderado por Casado respecto al bloqueo se ha visto también en otras instituciones como el Tribunal de Cuentas, el Tribunal Constitucional y el Defensor del Pueblo, bajo pretexto de que son los socialistas los que quieren controlarlas. "Pretende que paguemos su malversación y corrupción asaltando el Tribunal de Cuentas, como ya ha hecho con la Fiscalía, el Consejo de Estado, la CNMV, la CNMC y pretendió hacer con el Consejo General del Poder Judicial. No tiene límites", le dijo Casado a Sánchez en una sesión parlamentaria.

La izquierda ha sido muy crítica con la relación entre PP y la judicatura. Precisamente el exvicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, se refería a ello en su primera entrevista tras dimitir en mayo. "El PP ha necesitado controlar a los jueces para no desaparecer como partido", señaló. Sólo una décima parte de la carrera judicial está afiliada a la única asociación progresista. La inmensa mayoría de los jueces asociados lo están en la asociación históricamente más conservadora. El modo de acceso a la judicatura marca un sesgo derechista, según los expertos, tal y como destacaba un artículo publicado en este medio.

Varios rechazos al acuerdo

Hay que echar la vista atrás para saber cómo se ha llegado aquí. Hasta en noviembre de 2018, cuando Casado y Sánchez pactaban la renovación del órgano de Gobierno de los jueces. Lo hacían mediante un nombre propio, el juez conservador Manuel Marchena, que sería el designado para presidir el CGPJ. Todo estallaría por los aires pocos días después al conocerse un chat en el que el portavoz del PP en el Senado, Ignacio Cosidó afirmaba que el partido controlaría "la Sala Segunda desde detrás". Marchena renunció y el PP rompió el acuerdo señalando a su vez la exigencia de dimisión de Dolores Delgado, por aquel entonces ministra de Justicia. A su vez, criticaba que el Gobierno hubiera filtrado las negociaciones y puesto en la picota al juez.

El siguiente paso en la estrategia de Casado fue intentar meter "in extremis" un cambio de modelo en la elección de los jueces. Lo hizo mediante unas enmiendas para la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que fueron rechazadas por una mayoría parlamentaria. Ciudadanos (Cs) también intentó ese mismo cambio. Era diciembre de 2018. El PP, en la oposición, hizo entonces bandera de esa medida con motivo de las convocatorias electorales de 2019.

El año 2020 fue clave. Durante los meses de verano, PSOE y PP volvieron a negociar la renovación. Y parecía que el acuerdo podía estar cerca. Entró entonces un nombre más en la ecuación: Unidas Podemos. Según admitió luego Casado, los populares cortaron la negociación como una especie de castigo al Gobierno por la actitud crítica de UP respecto a la huida del rey emérito Juan Carlos I. El PP mantuvo entonces el veto a UP y rechazaba cualquier pacto que incluyera a la coalición de izquierdas formada entre Podemos e IU.

Los meses pasaron y las cartas estaban sobre la mesa. El Gobierno se mostraba esperanzado a principios de año de llegar a un acuerdo con los populares. Lo que se logró para renovar RTVE no llegó al poder judicial. "Hemos sido flexibles planteando alternativas, pero 24 horas después del primer pacto no se entiende el actual bloqueo cuando se ha demostrado que es posible el acuerdo", destacó Sánchez ante un nuevo desplante del PP. Una de las razones de las que se habló en aquellos momentos fue el veto de los populares a un par de nombres propuestos por la formación que lideraba Pablo Iglesias. Se trataba de José Ricardo de Prada, uno de los jueces responsables de la sentencia del Caso Gürtel, y Victoria Rosell, actual delegada del Gobierno para la violencia de género.

Se intentó entonces una "reforma exprés" para rebajar las mayorías parlamentarias necesarias para nombrar los vocales. Un cambio al que empujaron desde Unidas Podemos pero cuya iniciativa fue retirada en abril de este año. La iniciativa realmente se había presentado el año anterior ante la imposibilidad de acuerdo con el PP. Pero tanto la Comisión Europea como el Consejo de Europa se mostraron reticentes a que se llevara a cabo.

Salvo rotunda sorpresa y nuevo giro de guion, en este caso del Gobierno, la proposición de ley será rechazada y no llegará ni siquiera a debatirse en sede parlamentaria. Para el PSOE, según la portavoz del Gobierno hace pocos días, "no hay excusas para seguir teniendo bloqueada la renovación del CGPJ durante más de mil días". Para el Gobierno, tal y como destacó Isabel Rodríguez, lo primero es cumplir la ley actual para la renovación de los miembros del CGPJ, aunque no rechazó posteriormente abrir un debate en cuanto a su elección.

Mientras, en el PP insisten en invertir el orden. Gamarra usaba además una encuesta en la que la mayoría de respuestas obtenidas estaban a favor de que los jueces fuesen elegidos por los jueces. "Sánchez tiene que escuchar a la mayoría social, también de sus votantes, que reclaman que los jueces elijan el CGPJ. Mañana tiene una gran oportunidad de sentarse al lado de los españoles apoyando la ley del PP para reforzar la independencia judicial", escribió en Twitter.

A Cs le "chirría" la propuesta del PP pero comparte principios

Por su parte, desde Cs señalaron este lunes que todavía no habían fijado una postura sobre el sentido de su voto. En todo caso, criticaron la postura del PP. "Tenemos que asimilar que el PP esté proponiendo medidas para despolitizar la justicia. Teniendo las mayorías absolutas que ha tenido, al PP solamente le interesa cuando está en la oposición. En esto comparten posición con el PSOE", afirmó en rueda de prensa el vicesecretario general, Daniel Pérez.

"Así, de entrada, una propuesta como hace el PP en la que sean las asociaciones de jueces las que elijan nos chirría. Apostamos por algo transparente donde los jueces elijan a los jueces a través de cuestiones de mérito y capacidad. No es tan difícil, creemos", concluyó el dirigente del partido naranja.