Con el nuevo año, el PP ha reactivado la campaña de desgaste contra la vicepresidenta valenciana y consellera de Igualdad, Mónica Oltra, por la gestión de los centros de menores tutelados por la Generalitat. Blandiendo como arma un informe elaborado por el Síndic de Greuges [Defensor del Pueblo valenciano] que recoge 175 casos de abusos a estos menores, el partido de Mazón ha vuelto a pedir la dimisión de Oltra o que Ximo Puig la cese. "No se trata solo de un caso aislado para estar vinculado a la vicepresidenta –ha declarado la portavoz parlamentaria popular, María José Catalá- sino que la situación ya es insostenible, se ha convertido en un escándalo y no tiene ningún tipo de tolerancia".

La campaña contra Oltra empezó en marzo, después de que su exmarido (educador social en un centro de menores concertado) fuera condenado para abusar sexualmente de una niña. A pesar de que ni Oltra ni el departamento que dirige fueron condenados ni fueron considerados responsables, la sentencia dejaba caer (sin decirlo directamente) que desde la Conselleria se habría podido obstruir la investigación judicial. Una situación similar sucedió en octubre, cuando el Síndic de Greuges publicó un informe censurando la gestión de los centros de menores, otra vez sin hacer acusaciones concretas pero, de nuevo, regando el campo de sospechas. Entonces el PP llevó el caso a la comisión de peticiones del Parlamento Europeo, institución presidida por la eurodiputada popular Dolors Montserrat, para que abra un expediente.

Pero en esta campaña de desprestigio, el PP no está solo. La extrema derecha también trata de pescar en aguas turbias. El dirigente de España 2000 y antiguo abogado de la asociación de empresarios de la prostitución, José Luis Roberto, es el abogado de la menor que denunció el ex-marido de Oltra. Roberto, que el 2004 ya fue condenado para llevar un testigo falso en un juicio, trataría así de utilizar políticamente los hechos para conseguir notoriedad.

Desde el entorno de la Consellería de Igualdad se hace hincapié en el hecho que el informe se hace porque desde el departamento se pone en marcha un sistema de detección de alertas de abusos, muchos de los cuales "son anteriores a su entrada al sistema de tutelaje", aseguran.

Los datos señalan que ningún profesional de ningún centro de menores se encuentra entre los denunciados, y que la mayoría de denuncias de dentro de los centros son por otros menores. "Se está castigando la transparencia", se exclaman fuentes próximas a la Conselleria.

Hablan los educadores

"La realidad es que ahora hay más inspecciones, los consejos de centro se reúnen más, se explican más los mecanismos de denuncia, están más encima", explica un educador social de un centro concertado valenciano en contraposición a la descripción de caos y descontrol planteada por el PP.

Según este trabajador, con años de experiencia en el sector, la llegada del Botànic supuso "un cambio", aunque reconoce que la primera legislatura fue bastante caótica: "Había mucho eslogan y poca organización, nosotros estuvimos meses sin cobrar. Con el tiempo han ido aprendiendo".

Pero el educador no se refiere solo a las condiciones laborales ("veníamos de la precariedad más absoluta, ahora pagan de forma más regular y hay un concierto social") sino también en la concepción educativa de su tarea: "Por ejemplo, ahora existe la red de emancipación, porque los chavales que ya son mayores de edad no queden desamparados de un día para otro. Son proyectos que, si cambia el gobierno, tienen muchos números de desaparecer".

"El que más daño hace a nuestro trabajo es la politización, ya que esto legitima aquellas instituciones que apuestan por una intervención más dura –añade otra educadora-. Por ejemplo, con el miedo a las denuncias por abusos se está extendiendo lo que se denomina ‘distancia de seguridad’, que para mí es un tipo de maltrato. No puede ser que un chaval necesite un abrazo y no se lo puedas dar". "Al final –añade esta profesional- todo esto es política y no tiene nada que ver con nuestro trabajo. ¿Realmente a estos políticos los interesa saber qué oportunidades tienen estos chavales? ¿Por qué nunca se habla de esto?"

En los círculos de los educadores sociales, además, se pone en entredicho la sentencia que condenó Luis Ramírez, el exmarido de Mónica Oltra. "Quizás es corporativismo, pero a mí, gente de mi total confianza que trabajaba allí [el Centro de Acogida Niño Jesús de València] está convencida que es inocente. En otro centro hubo denuncias falsas, pero en este caso se absolvió a los trabajadores", explica una tercera voz.

¿Estrategia popular fracasada?

"La campaña del PP contra Oltra se asemeja mucho a la que ya hicieron contra Ximo Puig por las ayudas que recibieron el suyos medios de comunicación y que al final ha quedado en nada, pero al PP le interesa focalizar la atención en una persona y que quedo como la mala de la película", explica la experta en comunicación política Teresa Ciges.

Con todo, Ciges pronostica un fracaso de esta, en el supuesto de que el objetivo sea la dimisión de Oltra. "Oltra es un animal político con mucho recorrido y no veo que el Botànic se esté resintiendo de la campaña, como tampoco lo hizo por el hermano de Puig. Es más fácil que la voluntad del PP sea movilizar a su votante, más que desgastar Oltra", asegura la asesora.

Ciges tampoco cree que el uso de mentiras perjudique al PP a corto plazo, pero sí que puede suponer un peligro por los populares más adelante: "Estas estrategias están copiadas de la alt-right americana y se sabe que funcionan. La noticia falsa abre muchos titulares y el archivo de la causa apenas recibe atención. El peligro por el PP, pero, es abrirle el camino a Vox. Porque si se hacen indistinguibles, la gente siempre prefiere votar al original que a la copia".