El Partido Popular ha registrado este domingo en el Congreso de los Diputados una proposición no de ley (PNL) en el que solicita una condena de la Cámara baja hacia las "acciones políticas" que "facilitaron" el "fraude millonario" de dinero público cometido el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) en la Junta de Andalucía entre 2000 y 2009. 

Las sentencias del Tribunal Constitucional (TC) sobre este caso estimaron parcialmente recursos de amparo de una decena de antiguos altos cargos de la anterior etapa de administración socialista en la Junta condenados en este caso, entre quienes figuraban los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán. 

"Ambas sentencias presentaban, fruto de una ingente instrucción, un sólido conjunto de hechos probados que acreditan la existencia de un sistema de pagos de ayudas sociolaborales a través del Instituto de Fomento de Andalucía (IFA) desprovisto de cualquier tipo de control", remarca el PP en la PNL.

Además, en la misma subrayan que "la tramitación de cientos de millones de euros públicos a través de estos mecanismos carentes de procedimiento administrativo alguno permitió la inclusión de beneficiarios que no habían pertenecido a las empresas teóricamente ayudadas".

Ahora, el PP pretende que el Congreso repruebe firmemente las decisiones políticas que favorecieron la deliberada eliminación de controles a la gestión de los fondos para ayudas sociolaborales. Estos fueron manejados primero la IFA y posteriormente Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA). 

En relación al sistema de pagos de ayudas, los populares se han referido en su texto al ejercicio de revisión de la jurisdicción ordinaria inédito hasta la fecha que ha realizado el Tribunal Constitucional. "Las sentencias no ponen en cuestión los hechos probados ni ponen en duda la existencia de este sistema de gestión sin control de millones de euros públicos o su uso para fines espurios", puntualizan. 

Según esta formación, las sentencias del TC no establecen un "relato fáctico alternativo sobre lo que sucedió en Andalucía en esos años", con millones de euros públicos que a su juicio fueron gestionados sin control. Creen asimismo que fueron utilizados para fines distintos a los previstos gracias a un mecanismo diseñado y facilitado "por los máximos cargos del gobierno de la Junta".

De este modo, a ojos de los populares, estas sentencias representan únicamente un cuestionamiento de la posibilidad de perseguir penalmente unos hechos que "no se niegan". "Sería tremendamente grave para el discurso público y la ética de la política y de la administración de nuestro país que se diese por buena, aunque fuese a meros efectos discursivos y de opinión pública, una actuación indudablemente lesiva para los intereses públicos", han advertido.