Una vez desbloqueada la iniciativa legislativa popular (ILP) para regularizar a medio millón de personas migrantes, como adelantó Público, es el momento del período de enmiendas. Fuentes del Congreso deslizan que lo más probable es que se alargue unas semanas y se vote su aprobación definitiva en octubre, previo acuerdo con una mayoría parlamentaria. La plataforma RegularizaciónYA, promotora de la iniciativa, explica en conversación con este medio que el escenario ideal es que la ley se haga efectiva antes de que termine el año.

El camino será largo y lo cierto es que por el momento la ILP no cuenta con todos los apoyos necesarios para salir adelante. Desde Sumar informan a Público de que la iniciativa cuenta con el respaldo de base de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), EH Bildu, Podemos y el Bloque Nacionalista Galego (BNG). Por supuesto, también con el de Sumar, que logró llevar al Partido Socialista (PSOE) al acuerdo para desbloquear la ILP, y el del propio PSOE, que valoró positivamente el pacto este martes en el Congreso de los Diputados. 

Pero la aritmética es muy justa en esta legislatura. Esas fuerzas suman todas ellas 166 escaños. Lejos de los 176 que necesita para echar a andar. Lo cierto es que en la toma en consideración votaron a favor todos los partidos del arco parlamentario excepto Vox, lo que induce a pensar que no debería complicarse la negociación. El apoyo del Partido Nacionalista Vasco (PNV) no sería un problema y, de nuevo, la palanca para desatascar la cuestión estará en manos de Junts per Catalunya, que todavía no se ha pronunciado.

De todas formas, también el Partido Popular (PP) apoyó la admisión a trámite de la ILP y es una realidad muy repetida por varias fuentes parlamentarias que varias entidades cristianas ―entre ellas, Cáritas― presionan para que salga adelante la ley, por lo que, al menos a fecha de 25 de septiembre, no sería descartable el apoyo de los populares una vez superado el proceso de enmiendas.

Y en ese período pide un último esfuerzo Victoria Columba, responsable de comunicación de RegulrizaciónYA, que insiste en la importancia de que la ley que resulte de estas semanas de trabajo parlamentario sea "lo más flexible posible" para que, a la vez, sea "lo más inclusiva posible" y que no deje a nadie fuera.

Columba, en declaraciones para este medio, insta a los partidos a que sean "lo suficientemente responsables" como para asegurar todos los mecanismos necesarios, tanto administrativos, como informativos, para evitar que, una vez que eventualmente eche a andar la ley, se eviten casos de "personas que caen en manos de mafias y bufetes de abogados falsos que se quieran enriquecer a partir de las precariedades" de los beneficiarios de la regularización.

Y todos esos medios para que se pueda hacer efectiva la regularización también a nivel administrativo tendrían que estar listos antes de terminar 2024. La portavoz se queja de que "los cinco meses que la ILP ha estado bloqueada en la Mesa del Congreso han sido una pérdida de tiempo", aunque celebra que ya se haya desatascado y que, cuando menos, el paso por el período de enmiendas vaya a ser rápido.

Enmienda de ERC, EH Bildu, Podemos y BNG

De hecho, el movimiento a nivel de enmiendas ya ha comenzado. Varias formaciones con presencia en la Cámara Baja han registrado una, que tendrán que debatir los distintos grupos en los próximos días, para "ampliar el marco temporal de estancia en España" que consta en la ILP, es decir, la horquilla temporal de estancia en España válida para solicitar la regularización. 

El texto inicial de la ILP establecía que se colocara ese límite en el 1 de noviembre de 2021. Sumar logró en la negociación en la que se desbloqueó la medida que se ampliara ese marco temporal a diciembre de 2023. Pero ERC, EH Bildu, Podemos y BNG han registrado una modificación para que se puedan acoger a la regularización "los extranjeros que se encuentren en territorio español en el momento de la entrada en vigor de la presente norma". Es un extremo que comparten plenamente los promotores de la ILP.

Se tendrá que trabajar, junto con el resto de enmiendas que presenten los distintos grupos parlamentarios, en el seno de la Comisión de Trabajo, Economía Social, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones para, posteriormente, debatirse y votarse en el Pleno.