El Gobierno se somete, por primera vez, a una sesión de control en el Congreso de los Diputados en esta XV legislatura. Lo ha hecho el mismo día en que PSOE y EH Bildu han acordado una moción de censura en Pamplona (Navarra) para arrebatar la alcaldía a Unión del Pueblo Navarro (UPN) y aupar al abertzale Joseba Asiron. Los diputados del Partido Popular han aprovechado sus intervenciones en la Cámara Baja para recriminar al PSOE su supuesto "pacto encapuchado".

El Partido Popular cree —así lo ha explicado su portavoz en el Congreso, Miguel Tellado, desde la tribuna de la Cámara— que el acuerdo entre el PSOE y EH Bildu en Pamplona responde a un "pago" por los votos de los abertzales para hacer a Pedro Sánchez presidente. 

En cualquier caso, tanto Óscar Puente, ministro de Transporte y Movilidad Sostenible, como Fernando Grande-Marlaska, ministro del Interior, han cerrado filas y elogiado el movimiento de los socialistas en la capital de Navarra. Puente, fiel a su estilo, ha sido el más claro en su consideración. "Habrá, en España, otra alcaldía más progresista y otra menos de derechas", ha zanjado.

Fernando Grande-Marlaska, por su parte, ha respondido al popular Esteban González Pons, que le ha preguntado si "tiene la conciencia tranquila tras el acuerdo con EH Bildu", que "la sociedad española luchó contra ETA" y que, por eso, ahora se siente "orgulloso de que la convivencia en España sea mejor". Pedro Sánchez no ha asistido a la sesión de control, toda vez que se encuentra en Estrasburgo atendiendo a su agenda como presidente del Consejo de la Unión Europea.

El ministro del Interior también ha tenido un intercambio de pareceres con Gabriel Rufián, que le interrogó sobre las protestas ultras en las sedes socialistas de las últimas semanas, especialmente las que han tenido lugar en la calle de Ferraz. Grande-Marlaska no ha tenido problemas a la hora de llamar "fascistas" a "una parte" de los manifestantes y, ante un Rufián que le pedía dureza, ha defendido la gestión de los altercados. "Se detuvo a 78 personas".

El PP extrema el tono sobre la amnistía

Gran parte del control al Ejecutivo se ha centrado, no obstante, en la amnistía. El propio Miguel Tellado, pero también Cayetana Álvarez de Toledo, Juan Bravo —ambos, populares— o Pepa Millán, portavoz de Vox, han buscado la confrontación directa con los ministros socialistas entorno a la ley, que este mismo martes tomó en consideración la Cámara Baja abriendo el período de enmiendas.

Los socialistas han defendido, en línea con el argumentario que vienen trasladando en las últimas semanas, que la medida servirá mejorar la convivencia en Catalunya. Bravo ha reprochado a María Jesús Montero, vicepresidenta cuarta y ministra de Hacienda, que ella, durante la pasada legislatura, asegurara que la amnistía no cabe en la Constitución y que el PSOE no cedería ante los partidos independentistas. Montero, sin ambages, ha insistido en que la ley de amnistía que ha redactado el PSOE no tiene nada que ver con la que redactaron los independentistas y que la actual cabe en la Carta Magna.

Hereu se estrena con un encontronazo con Junts

Han sido varios los ministros que se han estrenado en esta primera sesión de control. En concreto, han debutado Óscar Puente, Elma Saiz —ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones—, Jordi Hereu, —Industria— o Ana Redondo, ministra de Igualdad. Todos ellos son socialistas. Este último lo ha hecho con un rifirrafe con Josep Maria Cruset, diputado de Junts, que le ha interrogado sobre la vuelta a Catalunya de las empresas que abandonaron la comunidad autónoma en 2017, en el marco de los años más duros del procés.

El diputado independentista ha insistido en que el acuerdo de investidura entre PSOE y Junts obliga al Gobierno a poner todo de su parte para el retorno de las compañías y que debe elaborar un plan a corto plazo. Hereu, en su respuesta, le ha trasladado que el Gobierno de Sánchez tiene la mejor disposición para normalizar —también a nivel empresarial— la situación en Catalunya y que, en 2017, fue la inestabilidad del territorio la que alejó a las empresas, algo que no ha gustado a Cruset. De todas formas, Hereu se ha comprometido a trabajar en ello. "Es bueno para Catalunya y para España".