La vista que el Tribunal Supremo celebra este jueves para confirmar -o no- la inhabilitación del president de la Generalitat, Quim Torra, tendrá un impacto evidente en la política catalana, ya que parece más que probable que sirva para activar el calendario de las próximas elecciones autonómicas. La cita judicial, que llega en medio del debate de política general que se desarrolla en el Parlament, vuelve a evidenciar las fuertes divergencias entre las formaciones independentistas, incapaces hasta el momento de pactar una respuesta unitaria a la probable inhabilitación. Junts per Catalunya (JxCat), ERC y la CUP han acordado una resolución conjunta que se votará el viernes en el legislativo catalán, que critica que Torra pueda ser despojado del cargo pero no fija que estrategia seguir ante esta situación.

El Supremo se reunirá a las 12h para abordar el recurso que presentó Torra ante la condena a inhabilitación durante un año y medio fijada en diciembre por el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC). La sentencia dictaminó que el president había cometido un delito de desobediencia por su negativa -inicial, luego rectificó- a retirar durante la campaña electoral una pancarta de apoyo a los presos independentistas que lucía en el balcón del Palau de la Generalitat. Aunque la defensa de Torra, ejercida por Gonzalo Boye e Isabel Elbal, no da por hecha la confirmación de la inhabilitación, el grueso de la clase política catalana sí que opina que éste vive sus últimas semanas como president.

Los mismos abogados contemplan tres escenarios posibles sobre cuando el Supremo dará a conocer su decisión: que la comunique de forma inmediata -el mismo jueves o el viernes-, algo que la defensa de Torra opina que generaría polémica porque el recurso tiene unas "300 páginas" e incluye 12 motivos de casación que requieren de tiempo "para ser analizados"; que lo haga en dos o tres semanas, el escenario más habitual en este tipo de casos; o que, siguiendo una petición de Boye, el Supremo eleve una serie de cuestiones prejudiciales al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), lo que alargaría la respuesta varios meses.

Torra no quiere convocar elecciones

A partir de aquí, si se confirma la inhabilitación, Torra perderá sus atribuciones como president en el momento en el que se le notifique la sentencia, lo que conlleva un margen de horas o días durante el cual todavía podrá ejercer como tal. Entre otras cosas, esto significa que podría convocar elecciones autonómicas en este margen de tiempo. La cuestión es que en estos momentos ni él ni su partido, JxCat, parecer tener la intención de convocar los comicios, sino que prefieren jugar la carta que estos sean forzados por la decisión de Supremo y a partir de aquí articular la campaña electoral a través de un nuevo -el enésimo- discurso de denuncia de la represión del Estado al independentismo. Torra, directamente, ignoró la petición de convocar elecciones durante su discurso del miércoles en el debate de política general catalán.

Tanto ERC como la CUP, en cambio, abogan por pactar ya una fecha de convocatoria electoral y evitar que sea el Supremo el que marque el calendario. Para los anticapitalistas, fundamentalmente el Govern actual ya no tiene recorrido, entre otras cosas por las discrepancias constantes entre los dos socios -JxCat y Esquerra-. Los republicanos, por su parte, quieren que Torra tiene que moverse antes que el Supremo, porque si no lo hace estará "librando la Generalitat a los represores", en palabras del presidente de su grupo parlamentario, Sergi Sabrià. Según ERC, si se confirma la inhabilitación y no se han convocado las elecciones, el Govern estaría en funciones durante un período de "seis meses", algo que no sería positivo en plena pandemia.

La argumentación de JxCat, en cambio, es que el Estado no puede inhabilitar a un presidente autonómico "por una pancarta", según afirmó su líder parlamentario, Albert Batet. El argumento, que básicamente suena a lema electoral, no puede esconder que el espacio político liderado por Carles Puigdemont necesita tiempo antes de afrontar una cita con las urnas. De entrada, las encuestas siguen dando una clara ventaja a ERC -que no gana unas elecciones al Parlament desde la II República- y, sobre todo, debe culminar la reordenación del espacio postconvergente, ahora especialmente tocado tras la ruptura -veremos si definitiva- con el PDeCAT, donde sí se ha quedado Artur Mas.

¿Comicios en el primer trimestre?

Por lo tanto, si Torra no cambia de opinión y mantiene su rechazo a convocar elecciones, es muy probable que sea el Supremo el que, indirectamente, active la cuenta atrás para que los catalanes vuelvan a las urnas. Siempre en el caso que se ratifique la inhabilitación, el Parlament dispondría de un plazo de diez días para convocar un pleno de investidura de un nuevo president tras la notificación oficial de la sentencia a Torra. La cuestión es que JxCat ha afirmado que no piensa presentar a un nuevo candidato -algo que tampoco haría ERC-, de manera que si la oposición no decide hacerlo no se podría celebrar el pleno.

En el caso de que la oposición presente algún candidato, se da por hecho que no tendría opciones de lograr la mayoría absoluta para ser investido, pero la celebración del pleno activaría automáticamente el plazo de dos meses para elegir a algún president. Si se agota, entonces automáticamente las elecciones se convocarían 54 días después. La alternativa probable es que finalmente sea el president del Parlament, Roger Torrent, el que pueda activar el plazo automático para la celebración de los comicios tras constatar que no existe ningún candidato a la presidencia de la Generalitat. Durante el periodo de Govern en funciones, sería el actual vicepresidente del ejecutivo y seguramente candidato de ERC a las elecciones, Pere Aragonés, quien pasaría a ser president "en sustitución", pero con las competencias limitadas de un gobierno en funciones. 

Sea de una manera o de otra, todo apunta a que ahora sí la legislatura catalana -que, según Torra, estaba "agotada" en enero- afrontará su recta final. Porque el escenario más probable es que los catalanes tengan que votar durante el primer trimestre del 2021. Hasta entonces, pasarán unos meses con un Govern probablemente en funciones y con una guerra cada vez menos fría entre ERC y JxCat para lograr imponerse en las urnas y tener el mando presidencial.