Ningún portavoz de los grupos nacionalistas en el Congreso de los Diputados lo admite formalmente: no existe un cambio de estrategia que suponga una aproximación entre estas formaciones y el Gobierno que preside Mariano Rajoy. Sin embargo, en privado se admite que a medida que avanza la legislatura hay que ser “prácticos” y, a la postre, sacar provecho de un Ejecutivo en minoría.

En las últimas semanas ha habido varias votaciones en el Congreso de los Diputados en las que se ha puesto de manifiesto una serie de “sintonías” entre el Gobierno y el grupo que le respalda con quienes hasta hace nada eran presentados como opciones “peligrosas” para la unidad de España o para el mantenimiento del consenso constitucional nacido de la Transición. Es decir, el origen de casi todos los males de este país.

El apoyo mostrado, con su abstención, por el PDeCAT al Gobierno para permitir la aprobación parlamentaria el polémico decreto-ley de modificación del sector de la estiba – una verdadera “patata caliente” para Rajoy y su Gabinete – ha sido “llamativa”, en palabras de varios portavoces de la oposición de izquierdas. No ha sido la única “sintonía” que ha permitido al Gobierno saltar escollos importantes.
El proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2017, sin duda el reto inmediato más importante que tiene el Ejecutivo de Rajoy, logró salvar las siete enmiendas a la totalidad presentadas por la izquierda gracias al voto positivo del grupo vasco del PNV y del solitario escaño de Coalición Canaria, otra fuerza nacionalista moderada.

Esta actitud ha coincidido en el tiempo con el apoyo de los populares a los presupuestos del Gobierno de Urkullu en el Parlamento Vasco, donde los nacionalistas no cuentan con mayoría suficiente. Por mucho que unos y otros nieguen una relación de causa-efecto, esa coincidencia no ha pasado desapercibida para nadie. Es más, todos señalan que es consecuencia de un entendimiento programado.

Para el grupo popular “es la consecuencia lógica de la negociación que cada día hay que mantener cuando se cuenta con un grupo de solo 137 escaños para sostener al Gobierno”, explica un portavoz sectorial del grupo popular que pide el anonimato. Con todo, admite que esas relaciones “no son fáciles”, en alusión velada al proceso soberanista en Catalunya.

Desde el PDeCAT, su nuevo portavoz parlamentario, Carles Campuzano, asegura que “no estamos ante un cambio de estrategia. Sencillamente responde a la responsabilidad que tenemos como diputados enviados por los ciudadanos catalanes para defender los derechos de la sociedad catalana”. “No hemos venido aquí a ver pasar el tiempo sino a ejercer nuestra responsabilidad”.

Respecto a este grupo político tampoco ha pasado desapercibido un hecho en absoluto menor. El pasado día 12 el Consorci del Palau de la Música, reunido en Barcelona, decidió no personarse como acusación particular contra CDC (Convergència Democrática de Catalunya, partido que dio paso al PDeCAT) en el caso del “3%” pese a haber recibido presuntamente comisiones ilegales de 6,6 millones de euros.

La ausencia de los representantes del ministerio de Cultura hizo posible que la tesis del Govern catalán se impusiese frente a quienes defendían lo contrario. El ministro portavoz, titular del departamento de Educación y Cultura, Íñigo Méndez de Vigo, argumentó que lo que se dirimía era una “batalla política” entre la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona y que no había base “jurídica” para actuar como acusación. ¿Una casualidad”.

El discurso que mantiene el PNV es muy similar al mantenido por la formación catalana. Su portavoz, Aitor Esteban, ha repetido en las últimas semanas hasta la saciedad que su grupo defiende los intereses del pueblo vasco. “Es lo único que nos marca”, aseguró categórico en el debate de totalidad del proyecto de PGE hace unos días. Pero también se recuerda desde este grupo nacionalista su vocación de “ser pragmáticos” cuando las circunstancias permiten obtener beneficios para sus respectivos feudos.

Es el caso de los diputados de Coalición Canaria y Nueva Canarias, Ana Oramas y Pedro Quevedo, respectivamente. Aunque sus formaciones se definen como nacionalistas sostienen posiciones diferentes, la primera más centrista y la segunda, progresista. Pero los dos tienen un objetivo que comparten: reclamar constantemente recursos para Canarias, un territorio que consideran “abandonado” por Madrid. El Gobierno y el PP son conscientes de esa circunstancia.

De hecho, la aprobación de los PGE depende también de estos dos votos, especialmente del de Quevedo, quien negocia hasta última hora su “sí” con el fin, confeso, de “llevar inversiones a Canarias”. Previamente, en una negociación mucho más discreta, hizo lo propio Oramas.

Este cortejo actual del Gobierno a los nacionalistas más moderados contrasta radicalmente con los criterios que difundía día sí y otro también durante la pasada legislatura cuando el PSOE, bajo la dirección de Pedro Sánchez, intentó conformar una alternativa a Rajoy. Todo lo que oliera a nacionalismo, sin distinción, era demonizado: cuestionaba la unidad de España y rompía el sacrosanto consenso de la Transición.

Este clima ha cambiado y la colaboración del Gobierno con estas formaciones “irá a más”, sostienen desde la izquierda. Tanto es así que Julián López, portavoz socialista en la comisión de Hacienda, no tiene dudas: “El PNV y los canarios seguirán apoyando los presupuestos para 2018. Montoro ya lo tiene hablado con ellos, seguro”, sentencia.