La defensa del exvicepresidente del gobierno Rodrigo Rato ha pedido en la primera sesión del juicio por el origen de su fortuna que se anule la causa, basada en pruebas obtenidas sin garantías y un registro que vulneró su derecho a la intimidad que respondía a una denuncia "mendaz" de la Fiscalía.

Durante la presentación de las cuestiones previas, la defensa de Rato ha pedido la nulidad de las actuaciones. En particular, de la entrada y registro del domicilio de Rato, que tuvo lugar en 2015, ya que en su opinión se vulneró "la inviolabilidad del domicilio, el secreto de las comunicaciones y la intimidad".

La abogada María Massó ha indicado que "en caso de no aceptarse su petición de nulidad de la causa", el tribunal debería eliminar la documentación incautada durante dicho registro, ya que parte de ella se obtuvo sin las suficientes garantías procesales.

En cuanto a la denuncia, ha apuntado que era "mendaz" y ha puesto el foco en que los hechos expuestos en la misma eran "contradictorios y además atípicos". "El propio texto dice una cosa y la contraria en varias ocasiones y en una lectura crítica hubiese debido dar lugar a preguntas o verificaciones y no al automatismo", ha apostillado.

Lo incautado en los registros

Por otro lado, también ha atacado que en esos registros que se alargaron por dos días en abril de 2015, se hicieron volcados sin seguir el proceder legal necesario y que pasa por que un letrado de la Administración de Justicia (LAJ) esté presente en determinados momentos, incluido la asistencia del mismo en el precinto y desprecinto de lo requisado para los clonados.

Así, ha indicado que la información conseguida en determinados registros es "ilegal" y por tanto "debe ser expulsada de la causa". Además, la abogada ha señalado que tras analizar la documentación incautada tres años después, vieron que los nueve millones de archivos digitales y los miles de folios que se habrían aportado el 23 abril de 2015 por la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) y que fue usada por la Unidad Central Operativa (UCO), era documentación "ajena al auto habilitante de los registros".

"Se incautó documentación de 35 años frente a los tres años que daba amparo el auto habilitante, y sobre 100 personas cuando el auto solo hablaba de una persona jurídica y otra física. No se acotó nada", ha denunciado sobre uno de los registros.

Así, considera que el mandato del instructor fue "desoído" porque "se llevaron todo con la finalidad de buscar el delito", por lo que no cabe que se afirme que "fueron hallazgos casuales". "La incautación fue desproporcionada, buscada y jamás rectificada" además de "masiva e indiscriminada" por parte de la ONIF y de la UCO, ha concluido.

Causa general contra Rato

La denuncia de la Fiscalía imputa a Rato cinco delitos contra la Hacienda Pública, dos del IRPF y tres del impuesto de sociedades, algo que no se sostiene entre otros motivos porque "las bases de datos de la Agencia Tributaria no pueden ser consideradas pruebas", ha afirmado la abogada.

Para Massó, la instrucción vivida "es un constante goteo" de líneas de investigación basadas en documentación que no debía estar incorporada, por lo que ha incidido en que solicita "la nulidad de la causa por ser una causa general contra Rodrigo Rato y su entorno familiar y societario".

La abogada ha considerado, además, que los delitos contra la Hacienda por los que se le juzga a Rato y que comprenden los ejercicios que van de 2005 a 2010 ya estarían prescritos. "No se puede abrir juicio oral por 11 delitos fiscales", ha señalado matizando que entrarían en el plazo de no prescripción los que van de 2011 a 2015.

Incluyendo las pruebas testificales, periciales, documentales y conclusiones, el juicio, el tercero al que se enfrenta Rato tras el de las tarjetas black de Caja Madrid y la salida a Bolsa de Bankia, se alargará hasta el 23 de mayo de 2024.

Rato ha pedido que se le dispense de asistir a todas las sesiones, para evitar que su incomparecencia obligue en alguna ocasión a suspender la vista.

Se enfrenta a 70 años de cárcel

La Fiscalía pide para el exvicepresidente cerca de 70 años de cárcel por presuntos delitos de blanqueo de capitales, corrupción entre particulares y delito fiscal. Habría defraudado a Hacienda 8,5 millones de euros.

La sección séptima de la Audiencia Provincial, que preside la magistrada Ángela Acevedo, es la encargada de juzgar a Rato, más de un año después de que el Juzgado de Instrucción número 31 de Madrid acordara remitirle las actuaciones del caso para su enjuiciamiento, tras siete años de instrucción de un procedimiento en el que se acumularon más de 70.000 documentos.

De ellos, ha asegurado la abogada de Rato, unos 40.000 no deberían figurar en la causa, ya que se obtuvieron de forma ilegal.