El Gobierno de Pedro Sánchez ha alabado los esfuerzos en materia de transparencia de la actual Casa Real en numerosas ocasiones. En Moncloa son conscientes de que los escándalos del rey emérito, Juan Carlos I, han minado la imagen de la monarquía. Y uno de sus objetivos durante toda la legislatura han sido separar esos comportamientos de Felipe VI. En este contexto, el Consejo de Ministros dio luz verde este martes a un nuevo Real Decreto que modifica algunas de las particularidades de la institución monárquica. Se trata de un cambio pactado con la propia Casa Real, que cuenta con el beneplácito del PP, la crítica de los aliados del Ejecutivo y una serie de limitaciones a pesar de los avances. 

Los principales cambios tienen que ver principalmente con la fiscalización de las cuentas de la Casa Real por parte del Tribunal de Cuentas. Se trataría de una auditoría externa realizada por este órgano constitucional. Todo esto se formalizará a través de un convenio de colaboración. Es decir, un mecanismo acordado entre ambas partes. Un asunto concreto que ha despertado ya las primeras críticas a nivel interno dentro del propio Gobierno.

El secretario general del PCE, que forma parte de Unidas Podemos, y secretario de Estado de Agenda 2030, Enrique Santiago, señaló que el mecanismo no es igual que el establecido para los partidos políticos ya que en este caso, la Casa Real "se someterá al control en los términos y condiciones que se convengan entre ambos organismos". 

Otro asunto que se deja fuera es la obligatoriedad de que el actual monarca, Felipe VI, presente su declaración de bienes. Tampoco deben hacerlo ninguno de los miembros de la familia real. Un asunto que confirmó el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, este martes. "La declaración de bienes no está regulada, será el propio monarca con la periodicidad que establezca, quien la publicará", destacó el ministro.

Felipe VI declaró este lunes poseer un patrimonio personal de más de 2,5 millones de euros. Más de 2,2 millones del total son depósitos en cuenta corriente o de ahorro y valores de participación en fondos. Las declaraciones de bienes que sí deben publicarse, según la nueva normativa, se refieren únicamente a los altos directivos de la Casa Real.

El Real Decreto ley se publica este miércoles en el Boletín Oficial del Estado, pero los principales puntos ya han sido transmitidos por el Gobierno. Se detallará toda la información que debe ser publicada periódicamente en la página web de la Casa Real. "Esta información incluye, entre otros, el presupuesto y los estados trimestrales de ejecución, los contratos suscritos, las retribuciones, los regalos institucionales y la memoria anual de las actividades realizadas", destacan en Moncloa. 

También se han aprobado medidas para la coordinación y colaboración de la Casa Real con la Administración General del Estado. En concreto se prevé la firma de un convenio de colaboración con la Abogacía General del Estado para la prestación de servicios de asesoramiento jurídico. También se establece que la institución podrá suscribir convenios con otras entidades públicas. 

"Es un avance. Porque pasamos de cero transparencia a un mínimo de ella. Por ahí bien, pero no se ha hecho de manera completa", opina sobre los detalles conocidos el catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla, Joaquín Urías. Para este ex magistrado del Tribunal Constitucional, hay algunas buenas noticias como que las personas contratadas por la Casa Real tengan que publicar su declaración de bienes.

O que se publiquen las contrataciones. Pero en este último punto considera necesario que las misma se adapten a la Ley de Contrataciones del Estado y se hagan igual que en el resto de administraciones. "Lo razonable hubiera sido una ley con apoyos parlamentarios en la que la Casa Real dejara de ser un pozo oscuro donde no se aplica el derecho administrativo español y pasa a funcionar como el resto de entidades públicas", afirma a este medio. El Gobierno ha descartado otras vías para modificar el funcionamiento de la Corona, ya que un Real Decreto no necesita pasar por el Congreso. 

"Es una avance pero no deja de ser sorprendente que haya aspectos de la contratación pública que se aplican a todo el Estado menos a la Casa Real", señala Urías. Para el catedrático, aludir al artículo 65 de la Constitución "es un truco". Este artículo señala que "el Rey recibe de los Presupuestos del Estado una cantidad global para el sostenimiento de su Familia y Casa, y distribuye libremente la misma". Según señala Uría, que lo administre libremente no tiene por qué significar "sin sujeción a la ley". "La palabra libremente quiere decir que no necesita permiso del Gobierno. Pero no quiere decir sin sujeción a la ley", afirma. 

Otros asuntos adelantados por el Real Decreto tienen que ver con que algunos servicios de la Casa Real se vincularán a la función pública. En concreto, se prevé que el titular de la Oficina de Intervención sea un funcionario del Cuerpo Superior de Interventores y Auditores del Estado y el consejero diplomático sea un funcionario perteneciente a la Carrera Diplomática. Por último, se reconoce que la asistencia sanitaria de la Familia Real corresponde a la Guardia Real, tal y como se viene haciendo desde 1999 por acuerdo del Ministerio de Defensa.

La "ejemplaridad" en la conducta del rey 

Por último, el Real Decreto hace referencia al ámbito de la "ejemplaridad". Un hecho que no deja de ser otro que dotar de rango legal a lo ya establecido en el Código de Conducta de la Casa Real establecido desde 2014. Y que a tenor de los hechos conocidos no cumplió Juan Carlos I.

"Sus actuaciones deberán velar por los intereses generales e inspirarse en los principios de objetividad, integridad, neutralidad, responsabilidad, imparcialidad, confidencialidad, dedicación al servicio público, lealtad, ejemplaridad, austeridad, eficacia, honradez, protección del medio ambiente e igualdad entre hombres y mujeres", destacan en Moncloa.  La nueva norma establece también que los regalos que reciba la Familia Real serán registrados y custodiados por la Casa de S.M. el Rey, que también valorará si propone su incorporación al Patrimonio Nacional o su donación a una entidad sin ánimo de lucro

"La ejemplaridad es una palabra peligrosa constitucionalmente hablando. Se dice que el rey tiene que ser ejemplar porque el rey no puede ser responsable. Es una interpretación de la inviolabilidad sesgada", destaca Urías. El ex magistrado señala que Bolaños dijo en rueda de prensa que la inviolabilidad está muy clara en la Constitución y "eso es falso". El artículo 56.3 de la Constitución y su modificación ha sido puesta encima de la mesa en numerosas ocasiones aunque Moncloa ha enfriado un debate, el de reformar la Carta Magna, para el que se necesitarían apoyos muy amplios. 

"La inviolabilidad lo que está es poco clara. Interpretan la inviolabilidad de manera que los actos del rey no tiene que responder por ellos. Como el rey no puede ser responsable, ojalá sea ejemplar. Es un truco, llamar a la ejemplaridad es como decir que si él quiere, que no robe. Pero si quiere, que robe", añade. Para Urías, esto es "una cesión del Estado de derecho".  

La aprobación de esta norma ha llegado por sorpresa. El Gobierno ya había mostrado su disposición de emprender una reforma de la Corona. La ex vicepresidenta Carmen Calvo fue la encargada de iniciar un camino que se dejó aparcado en el plan normativo anual para 2022 que presentó Moncloa.

Parecía que el Ejecutivo no la emprendería este año. Pero este lunes se anunciaba lo contrario, coincidiendo con cada vez más rumores e informaciones de una llegada inminente de Juan Carlos I a pasar unos días de visita en España tras su salida a Abu Dabi acorralado por sus actividades económicas. Mientras tanto, el PSOE sigue defendiendo que su posición es defender los valores republicanos a la vez que cierra filas con el pacto de 1978. Sánchez y el Gobierno han pedido al emérito que diera explicaciones por sus negocios pese al archivo judicial. De momento, eso tampoco ha llegado.