Reforma del veto del SenadoEl PP amenaza con una ofensiva parlamentaria contra la reforma del veto del Senado y con llevarla al Constitucional

Batalla parlamentaria entre PP y PSOE en el Congreso de los diputados. Después de que el Partido Socialista recurriera el martes a una enmienda en la ley de violencia de género que se tramita en el Congreso de los Diputados para acelerar la reforma del veto del Senado -Ley de Estabilidad Presupuestaria-, el PP anuncia una ofensiva parlamentaria que, de no dar resultado, les llevaría a plantear un recurso ante el Tribunal Constitucional.

El objetivo último de esta ofensiva es que el Gobierno de Pedro Sánchez no logre arrebatar a los conservadores, con mayoría absoluta en la Cámara Alta, su capacidad de veto. Esta potestad, otorgada por el Ejecutivo de Mariano Rajoy en 2012, les permitiría impedir que Sánchez apruebe el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2019, cuya tramitación ya se antoja muy difícil. 

El PSOE recuerda que sólo durante la mayoría absoluta de Rajoy el PP hizo lo que hoy critica hasta en 14 ocasiones

Así lo explican distintas fuentes de la dirección del PP, acusando al PSOE de hacer "filibusterismo parlamentario" por introducir en un texto legal en trámite una cuestión que no tiene nada que ver con la normativa en la que hoy trabaja la Comisión de Justicia. 

Desde la cúpula del PP sostienen además que hay al menos seis sentencias del Constitucional contra esta forma de actuar, mientras fuentes del PSOE les reprochan haber procedido exactamente del mismo modo -introduciendo enmiendas que no tenían nada que ver para lograr la tramitación de una normativa-, al menos, en 14 ocasiones durante la X Legislatura (2011-2015), cuando Rajoy tenía mayoría absoluta. 

La hoja de ruta del PP pasa, en primera instancia, por pedir el amparo de la Comisión de Justicia, donde se tramita la ley de violencia machista. Los conservadores no tienen mayoría en esta comisión, presidida por la socialista Isabel Rodríguez, por lo que reconocen que esta batalla está perdida de antemano. 

El PP afirma que la Mesa del Congreso puede paralizar su tramitación. El PSOE niega la mayor: "En ningún caso la Mesa puede bloquear que vaya a Pleno el dictamen de una comisión"

En segunda instancia, dirigentes del Grupo Parlamentario Popular avanzan que solicitarán también el amparo de la Mesa del Congreso, esta sí en manos de PP (tres asientos) y Ciudadanos (dos puestos), y presidida por Ana Pastor.

Suman cinco de los nueve sillones, y fuentes parlamentarias sostienen que lo esperable es que la Mesa pida un informe a los servicios jurídicos de la cámara para esclarecer como proceder, dada la inexistencia de "precedentes". Lo habitual es que el Gobierno sea quien goce de mayoría en el órgano de gobierno de la cámara, y no al revés.

Y aquí es donde las posiciones de PP y PSOE se muestran más dispares: los conservadores sostienen que la Mesa puede paralizar la tramitación de esta iniciativa, que solicitarán su amparo y que cuentan con el aval del artículo 31.4 del Reglamento. Textualmente, este artículo sólo reza: "Corresponde a la Mesa calificar, con arreglo al Reglamento, los escritos y documentos de índole parlamentaria, así como declarar la admisibilidad o inadmisibilidad de los mismos". No obstante, la iniciativa ya está calificada y en trámite. 

Por su parte, en el PSOE niegan la mayor y aseguran que la petición de amparo del PP quedará en nada, dada la "capacidad legislativa plena" de la Mesa de Justicia: "La Mesa del Congreso no puede hacer nada". "No es una iniciativa, es un dictamen, y en ningún caso la Mesa del Congreso puede bloquear que vaya a Pleno el dictamen de una comisión", sostienen acusando a los conservadores de "estar haciéndose expertos en retorcer el Reglamento". 

En última instancia, los conservadores amenazan con recurrir al Constitucional por amparo de los derechos de los parlamentarios, o a través de la presentación de un recurso de inconstitucionalidad. Sin embargo, reconocen que este es el escenario menos deseable, ya que difícilmente impediría que el Gobierno lograse su objetivo de modificar la capacidad de veto del Senado. 

El optimismo sobre sus posibilidades varía entre las fuentes conservadoras consultadas, pero su irritación es evidente. De hecho, la portavoz del PP, Dolors Montserrat, conversará pronto con el resto de grupos para intentar recabar apoyos. Mientras tanto, el PSOE insiste en que éste es el mismo procedimiento que el PP ya ha usado en innumerables ocasiones, aunque ahora le enfade tanto.