La Xunta de Galicia lleva siete años prorrogando irregularmente las subcontratas de la atención telefónica y cita previa del Servicio Galego de Saúde (Sergas), que adjudicó en el año 2011 a una unión temporal de empresas (UTE) fundada por dos altos cargos de los Gobiernos de Manuel Fraga. En los tres primeros años, la UTE recibió de la administración sanitaria más del doble del dinero que cobra ahora por prestar el mismo servicio.

El primero de esos contratos fue adjudicado en el año 2011 por valor de más de 1,6 millones de euros y un plazo de ejecución de un año, por lo que debería haber sido licitado de nuevo al concluir ese período. Sin embargo, el Sergas no lo sacó a concurso hasta el 2014, de modo que las citadas empresas siguieron cobrando esa cantidad por un trabajo que debería haberse abierto desde el 2012 a la concurrencia de sus competidoras.

El siguiente contrato se adjudicó a la misma UTE el 1 de enero del 2015 y también por un año de duración, pero esta vez por una cuantía notablemente inferior: 652.190 euros, es decir un 40% de la cantidad asignada en el 2011. Eso indica que el Sergas estuvo pagando durante tres años un 60% más por un servicio que volvió a encargar a la misma empresa que ahora lo presta mucho más barato, con el plazo expirado y contraviniendo así la Ley de Contratos del sector público, que prohíbe que las prórrogas de una adjudicación superen en tiempo al período contratado inicialmente.

Las adjudicatarias, que habrían facturado a la Xunta más de 8,7 millones de euros en los últimos siete años, son Centro de Atención de Llamadas SA, ubicada Lugo, y Contacnova SL. Esta última tiene su sede social en Ourense, aunque su administrador único es Netaccede, una sociedad de capital riesgo con sede en Vigo creada en el 2009, es decir el mismo año en el que Feijóo ganó sus primeras elecciones. Esa sociedad hizo pública su constitución pocos meses antes de que el Sergas sacara a concurso la cita previa telefónica en enero del 2010.

En la creación de Netaccede participaron varios empresarios y consultores. Entre ellos Diego Ramón Diz Fernández, ex director general del Instituto Galego de Promoción Económica (Igape), el organismo autónomo mediante el que la Xunta canaliza buena parte de sus ayudas, créditos y subvenciones al sector privado; y José María Matas, ex director general de Informática de la Administración autonómica en los años en los que Fraga la presidía. Diz falleció en el 2012, pero su esposa siguió siendo consejera de la compañía hasta el 2016.

Ese mismo año, Feijóo adjudicó a dedo a Contacnova la página web y el teléfono de información de las elecciones autonómicas, que el PP ganó con mayoría absoluta. Entre los accionistas que impulsaron la creación de Netaccede figuraba también Caixanova, una de las cajas gallegas quebradas con el crac financiero y cuyos máximos dirigentes están hoy condenados a penas de cárcel por su gestión al frente de la entidad.

El Sergas sacó a concurso la prestación de la atención telefónica de la cita previa en atención primaria en pleno verano del 2010 con una resolución de Galaria, la empresa pública que gestiona la prestación de ese tipo de actividades, firmada el 19 de julio por la entonces conselleira Pilar Farjas, quien fue Secretaría General de Sanidad y Consumo en el Ministerio de Sanidad de Ana Mato. La resolución, sin embargo, no se publicó en el Diario Oficial de Galicia hasta cinco semanas después, el 30 de agosto. La adjudicación definitiva, como figura en la resolución que acompaña a esta información, se produjo cinco meses después, el 20 de enero del 2011.

Como presidenta del consejo de administración de Galaria , la sucesora de Farjas, Rocío Mosquera, debería haber sacado de nuevo a concurso la prestación del servicio en el año 2012, pero no lo hizo hasta el 2014. Firmó la adjudicación definitiva el 16 de enero del 2015, como puede verse en el segundo documento adjunto a esta información. Mosquera tuvo que dimitir de su cargo ese mismo año ante el levantamiento social que provocó el mal funcionamiento del nuevo hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo, cuyo proyecto modificó con un nuevo diseño de gestión en colaboración con empresas privadas que derivó en un enorme sobrecoste y en el caos de muchos departamentos y servicios.

Precisamente, Mosquera fue nombrada directora de Galaria hace dos meses por su sucesor, Jesús Vázquez Almuiña, quien anunció su decisión el mismo día en que la Xunta publicaba la convocatoria pública para cubrir esa plaza. Entre los méritos de Mosquera, Almuiña probablemente no tuvo en cuenta la sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia que anuló una oposición convocada y resuelta por el Sergas cuando ella era gerente y que colocó a su marido, médico de profesión, como jefe de Servicio del hospital Clínico de Santiago.

Como su antecesora, Almuiña también permitió que la UTE participada por Contacnova, la filial de la empresa fundada por los colaboradores de Fraga, siguiera beneficiándose hasta hoy mismo de un contrato ya expirado y que por ley debería haberse licitado hace dos años. Fuentes del Sergas consultadas por Público han asegurado que así se hará “en las próximas semanas”.

No es la primera vez que el Sergas prorroga indefinidamente y sin motivación razonable los plazos de sus subcontratas. Hace cinco meses, otra denuncia de Batas Blancas destapó que el Complejo Hospitalario de Pontevedra seguía pagando facturas millonarias por contratos caducados con las empresas que gestionan varios servicios, desde la que lleva la cafetería a las que gestionan el laboratorio y archivo de historiales clínicos. El Consello de Contas –el organismo encargado en Galicia de fiscalizar el gasto de la administración local y autonómica-, que ya había advertido irregularidades en la licitación inicial, rehusó sin embargo investigar el caso alegando que no era “prioritario” en su agenda de trabajo pactada con el Parlamento de Galicia, donde el PP tiene mayoría.

El Sergas privatizó el servicio de cita previa telefónica para atención primaria en el 2010, pero las ventajas de esa decisión son más que dudosas, al menos en lo que se refiere al ahorro, dado que los centros de salud siguen manteniendo sus propios servicios de recepción de llamadas. Quienes las atienden, sin embargo, y tal y como ha podido comprobar Público, se limitan a remitir al usuario al teléfono único privatizado.

Ese teléfono único está compuesto por cinco números, uno central y uno por cada una de las cuatro provincias gallegas. Según lo publicita el Sergas, por “apenas el coste de una llamada local”, el usuario “entrará en contacto con una central de atención telefónica en la que un amplio equipo de profesionales y sistemas tecnológicos de última generación” le facilitarán el acceso al sistema sanitario “sin pérdida de tiempo”. Cuando se llama a esos teléfonos responde un robot que guía al usuario para que deje sus datos y obtenga su cita, sin que en la operación participe un teleoperador real.