El Govern da por hecho que concluirá 2023 sin haber cerrado un acuerdo definitivo para aprobar los presupuestos del próximo año. A la vez, desde el Palau de la Generalitat se muestran optimistas que el acuerdo se acabará logrando y, muy probablemente, será con los mismos compañeros de baile que este año, es decir, el PSC y En Comú Podem. Las dos formaciones, pero, se muestran exigentes y, ahora mismo, plantean exigencias contrarias para apoyar las cuentas.

Que la prioridad del Govern de ERC es aprobarlos con estos dos grupos lo demuestra el hecho que ha sido con socialistas y comuns con quienes ha mantenido las primeras reuniones exploratorias de la negociación presupuestaria, antes de encontrarse con el antiguo socio en el ejecutivo, Junts, o de una CUP que en esta ocasión al menos acepta sentarse a hablar con el equipo de Aragonès.

El "sí" de ERC a la investidura de Sánchez -que, más que probablemente, tendrá continuidad en los presupuestos generales del Estado de 2024- es otro elemento que allana el camino para el "sí" del PSC de Salvador Illa y de los Comuns de Jéssica Albiach. Y si, como parece, las cuentas catalanas se aprueban, Aragonès tendrá el camino claro para agotar la legislatura y convocar las próximas elecciones al Parlament en el primer trimestre del 2025. Situamos la situación de las cuentas de la Generalitat a través de seis apuntes.

Incremento del gasto

El proyecto de presupuestos no está ni siquiera aprobado por el Govern, pero las últimas semanas se han conocido algunas de sus cifras. A principios de noviembre, el ejecutivo aprobó un techo de gasto de casi 36.700 millones, lo que supone alrededor de un 10% más que las cuentas en curso. En aquel momento, el Departament de Economía, que lidera Natàlia Mas Guix, todavía desconocía cuántos recursos recibiría a través del sistema de financiación autonómica.

El dato se anunció lunes y será de 29.826 millones, un 18% más que este año. Se reparten entre los 25.500 millones correspondientes a los anticipos -o adelantos- de los ingresos previstos para el 2024 y a 4.326 millones más de la liquidación de 2022. Aquel año la recaudación tributaria superó las previsiones del Gobierno y, por lo tanto, las autonomías tienen que recibir recursos que no se los habían entregado en los adelantos correspondientes.

Con todo ello, la previsión de Mas Guix es cerrar unas cuentas con un 6% más de gasto que en 2023 y que serán "más expansivos" que la media histórica, "pero no tanto como en 2023". En declaraciones hechas el lunes, la consellera subrayó que el trabajo técnico "está hecho" y que las conversaciones con los agentes sociales y económicos -sindicatos y patronales, entre otros- están "avanzadas", mientras que va más atrasada la negociación con los partidos. De hecho, los primeros contactos en este último ámbito no se iniciaron hasta que se cerró la investidura de Pedro Sánchez como presidente español.

La propia Mas ha reconocido que "seguramente tendremos que iniciar el año con una prórroga técnica", puesto que la aprobación de las cuentas llegará cuando ya hayan pasado "algunas semanas" desde el inicio de 2024.

Rebaja del IRPF y mayor deducciones al alquiler

En una o dos semanas, el Govern sí que tendría que dar el visto bueno a la Ley de acompañamiento de los presupuestos, que incorpora las nuevas medidas fiscales que quieren aplicarse el próximo año. De momento, ya ha superado el filtro del consejo técnico y ya han transcendido algunas de las novedades previstas, como por ejemplo una rebaja del tramo autonómica del IRPF para buena parte de los contribuyentes o un incremento de las deducciones al alquiler de la vivienda habitual.

En concreto, la reducción del IRPF afecta el primer tramo de tributación, que pasará del 10,5% al 9,5% a nivel autonómico y beneficiará a las personas que tengan una base liquidable de unos 33.000 euros, el 73% del total, según datos del Govern. En cuanto al alquiler, se lo podrán deducir los ciudadanos con rentas de hasta 30.000 euros, en vez de los 20.000 actuales, mientras que el importe de la bonificación fiscal pasará de los 300 a los 500 euros anuales.

La nueva financiación, pendiente

La pretensión tanto de ERC (Govern) como de Junts es que durante 2024 se hagan pasos adelante en un nuevo modelo de financiación para Catalunya. Los partidos independentistas aspiran a un modelo singular para Catalunya, que le permita dejar atrás el régimen común del actual sistema de financiación autonómica. Un modelo, por otro lado, que lleva una década caducado. En este sentido, la consellera Mas ha defendido que habrá una negociación "bilateral" con el Gobierno durante 2024, una cuestión que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha negado.

En cualquier caso, los acuerdos tanto de ERC como de Junts con el PSOE para la investidura de Pedro Sánchez plantean que se tendrá que abordar una mejora de la financiación de Catalunya que, entre otras cuestiones, le tendría que permitir reducir el déficit fiscal que partidos y entidades del territorio denuncian desde hace décadas y que, según los datos de la Generalitat, se elevó a casi 22.000 millones en 2021.

De hecho, el mismo Aragonès ha encargado a Natàlia Mas Guix que en los próximos tres meses elabore una propuesta de financiación "singular" para Catalunya que posteriormente se negociaría con el Gobierno.

Las demandas del PSC

En el actual contexto político, con la eterna pugna entre ERC y Junts por la hegemonía independentista y unas relaciones entre las dos formaciones muy deterioradas, el voto del PSC se presume como clave para que los presupuestos vean la luz. De hecho, el partido de Salvador Illa ya decantó la aprobación de las actuales cuentas.

En un buen momento demoscópico -el último Barómetro del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO) le da entre 39 y 45 diputados, claramente por encima de ERC, con quien empata a 33 actualmente-, el PSC exige a ERC el cumplimiento del acuerdo del 2023 antes de sentarse a hablar de las cuentas del 2024.

Más allá de cuestiones sectoriales, los socialistas consideran que no se ha avanzado suficiente en los tres grandes proyectos de los cuales hizo bandera hace un año: la modernización del aeropuerto del Prat para ampliar su capacidad, la aprobación definitiva del plan urbanístico para desarrollar el complejo turístico y del juego Hard Rock y la firma del convenio con el Gobierno para ejecutar las obras de la autopista B-40 o Ronda Norte para conectar Sabadell y Terrassa, las obras de la cual tendría que hacer la Generalitat con fondos estatales.

Y la réplica de En Comú Podem

El último CEO también prevé una mejora del resultado de En Comú Podem, que pasaría de 8 diputados a una horquilla de entre 10 y 14. El partido liderado en el Parlament por Jéssica Albiach es la otra pata necesaria para sacar adelante las cuentas, atendida la casi imposibilitado de sincronizar los intereses de ERC, Junts y la CUP. Entre republicanos, socialistas y comuns suman 74 diputados, claramente por encima de los 68 de la mayoría.

Como el PSC, los Comuns denuncian que el Govern de Aragonès no ha cumplido con lo acordado un año atrás y, a la vez, sitúan como "línea roja" que no salga adelante el proyecto del complejo turístico de Hard Rock, curiosamente una exigencia del PSC. Dicho con otras palabras, las exigencias de socialistas y comunes son opuestas.

En concreto, Albiach ha exigido a Aragonés que diga "no" al Hard Rock si quiere el apoyo de su grupo a las cuentas del 2024, porque es un proyecto "del pasado" que "nada tiene que ver con las necesidades actuales" y más en un contexto de sequía. Un rechazo que también manifiesta hacia la hipotética ampliación del aeropuerto. La petición de los Comuns ha descolocado ligeramente a ERC, puesto que las cuentas de este año se aprobaron con su voto y el PSC ya había exigido el desarrollo del complejo turístico y del juego.

El papel de Junts y la CUP

Los diputados de ERC, Junts y la CUP también suman mayoría en el Parlament y, de hecho, fue esta ecuación la se alió para investir Aragonés. Ahora bien, ahora mismo parece políticamente inviable que los tres grupos independentistas voten "sí" a los presupuestos de 2024. Las relaciones entre Junts y ERC no han mejorado desde la salida de los de Puigdemont del Govern en octubre del año pasado.

A pesar de su giro en el Congreso y la coincidencia en el grueso de las demandas, entre Junts y ERC no ha existido una mínima coordinación a la hora de negociar con el PSOE la investidura de Sánchez. Con todo, este jueves una delegación de Junts se reunirá con el Govern, en el que será el primer encuentro conjunto para abordar las cuentas. Su portavoz, Josep Rius, sí que ha celebrado que el ejecutivo plantee una rebaja del IRPF en la Ley de acompañamiento de los presupuestos.

En cuanto a la CUP, a diferencia del año esta vez abre la puerta a negociar las cuentas, sin que esto implique que tenga que votar a favor. En concreto, los anticapitalistas piden a ERC que renuncie al Hard Rock, a la B-40 o la ampliación del aeropuerto del Prat si quiere su apoyo a las cuentas. Además, le han hecho llegar al Govern una serie de propuestas "de mínimos" para mejorar el acceso a la vivienda, aumentar la inversión pública en sanidad, regular los precios de productos básicos o la gestión de la sequía que pone como condición para sentarse a hablar de los presupuestos.