El Gobierno de Andalucía, formado por una coalición de PP y Ciudadanos, destinó algo más de un millón de euros –1.060.873,14– a pagar los alquileres de sus altos cargos durante el año 2019, según se extrae de la suma -efectuada por Público– de los datos aportados por la Junta de Andalucía, trimestre a trimestre, en su web.

El número de responsables públicos que cobran lo que, en los años de los Gobiernos socialistas, se dio en llamar la casa gratis, se ha ido incrementando desde que se formó el nuevo Ejecutivo. Y también, en consonancia, la cifra destinada por la administración para financiar estas prebendas. Si en el mes de marzo pasado, eran 38 los altos cargos, en septiembre eran ya 72, más del doble, y el 31 de diciembre contaban 77.

El presidente Juanma Moreno (PP) no ha cobrado esta indemnización. Tampoco sus consejeras de Empleo, Rocío Blanco (Ciudadanos), y de Cultura, Patricia del Pozo (PP). Todos los demás miembros del gobierno sí la han percibido en alguna ocasión, incluidos el vicepresidente Juan Marín (Ciudadanos) y el consejero de la Presidencia, Elías Bendodo (PP). Ambos cobran cada mes 1.426,7 euros, el máximo, por este concepto, que se recibe como complemento al salario.

El propio Bendodo (PP), a los pocos días de tomar posesión, en febrero dijo a la prensa: "No, en principio, no. No está previsto [eliminar las ayudas]. Pediré la máxima moderación, evidentemente. Pero las personas que se tengan que desplazar desde otras provincias que no sea Sevilla, creemos que eso se debe mantener". Y el vicepresidente Marín dijo un día después que Bendodo: "Si esas ayudas están establecidas no hay que hablar más de ellas". Luego agregó que censurarlas era hacer "demagogia".

Sin embargo, tanto el PP como Ciudadanos, cuando estaban fuera del Ejecutivo, criticaron con dureza la existencia de estas prebendas. En septiembre de 2017, el diputado de Ciudadanos, hoy portavoz parlamentario, Sergio Romero, manifestó que las indemnizaciones por vivienda eran un "lastre para la clase política". En enero de 2015, la secretaria general del PP, Loles López, reclamó su eliminación para financiar gasto social con ese dinero.

Y el propio presidente de la Junta, Juanma Moreno, también las criticó, con ironía, el 6 de septiembre de 2016: "Es prescindible la calidad en la educación o la sanidad, pero no es prescindible pagar la vivienda a los altos cargos o la maquinaria política que ha engrasado en torno a la Junta de Andalucía".

La petición de moderación de Bendodo tampoco se ha cumplido. En la época de Susana Díaz (PSOE) en el Ejecutivo, el gasto anual en indemnizaciones por vivienda ascendía a unos 600.000 euros cada año. El primer año completo de PP y Ciudadanos la cifra ya ha llegado al millón de euros.

Un acuerdo secreto

Estas indemnizaciones se vienen pagando en Andalucía desde el año 2000, cuando el Gobierno de Manuel Chaves (PSOE) las implantó mediante un acuerdo de consejo de Gobierno que en su momento ocultó a todo el mundo y las cobran los altos cargos que deben trasladarse a Sevilla de otras provincias o incluso de fuera de la Comunidad.

El acuerdo secreto que Chaves aprobó hace 19 años decía lo siguiente: "Los consejeros, viceconsejeros, secretarios generales, secretarios generales técnicos, directores generales, delegados del Gobierno, delegados provinciales y otros cargos asimilados nombrados por decreto tendrán derecho a ser indemnizados por los gastos de alquiler de una vivienda o de alojamiento, en su caso, siempre que tuvieran su domicilio habitual en un municipio que se encuentre a más de 60 kilómetros de la sede del órgano del que sean titulares mediante una cantidad mensual máxima equivalente al 2,5% de las retribuciones brutas anuales establecidas para los directores generales en la Ley del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía, excluida la productividad. En dicha cuantía máxima se consideran incluidas las retenciones u obligaciones fiscales que por estos conceptos pudieran corresponderles".

Después, en 2010, otro consejo de Gobierno, este presidido por José Antonio Griñán (PSOE), añadió al Fiscal Superior de Andalucía y al presidente o presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía como beneficiarios, además de los altos cargos, de la indemnización por vivienda.