sueldos públicosEl Gobierno de PP y Cs en Andalucía se gastó en pagar la 'casa gratis' de 76 altos cargos 270.000 euros entre julio y septiembre

El Gobierno andaluz, formado por una coalición de PP y Ciudadanos, se gastó en pagar las indemnizaciones por vivienda de 76 altos cargos más de un cuarto de millón de euros –la cifra exacta asciende a 271.324,24 euros– entre julio y septiembre, según la información que la Ley de Transparencia obliga a hacer pública y que está disponible aquí.

El número de responsables públicos que cobran lo que, en los años de los Gobiernos socialistas, se dio en llamar la ‘casa gratis’, se ha ido incrementando desde que se formó el nuevo Ejecutivo de PP y Ciudadanos en Andalucía. Y también, en consonancia, la cifra destinada por la administración para financiar estas prebendas. Si en el mes de marzo pasado, eran 38 los altos cargos y 41.698,36 los euros desembolsados por este concepto, en septiembre fueron ya 72 y 91.928,89 euros, más del doble.

(La cifra de 76 altos cargos de la que se da cuenta en el titular se refiere a todos los que han percibido la indemnización entre julio y septiembre. Por ejemplo, el consejero de Hacienda, Juan Bravo (PP), quien acuñó la frase “cada céntimo cuenta” para concienciar al Gobierno de ser austeros en el gasto, solo la percibió en julio, pero dejó de hacerlo en agosto y septiembre).

Entre quienes perciben la indemnización están tanto el vicepresidente, Juan Marín (Ciudadanos), como el consejero de la presidencia, Elías Bendodo (PP), los dos hombres fuertes del Ejecutivo –el presidente, Juanma Moreno, no las recibe–. Ambos cobran cada mes 1.426,7 euros, el máximo, en concepto de lo que se ha dado en llamar como casa gratis.

Tanto PP como Ciudadanos, cuando estaban en la oposición, querían eliminar su cobro.

Cambio de criterio y moderación en saco roto

Sin embargo, ahora que gobiernan y son ellos quienes cobran el criterio ha cambiado. De criticar esta prebenda han pasado a defenderla. El consejero de la presidencia, Elías Bendodo (PP), a los pocos días de tomar posesión, en febrero dijo a la prensa: “No, en principio, no. No está previsto [eliminar las ayudas]. Pediré la máxima moderación, evidentemente. Pero las personas que se tengan que desplazar desde otras provincias que no sea Sevilla, creemos que eso se debe mantener”.

Y el vicepresidente Juan Marín (Ciudadanos) dijo un día después que Bendodo: “Si esas ayudas están establecidas no hay que hablar más de ellas”. Luego agregó que censurarlas era hacer “demagogia”.

Valgan tres ejemplos para ilustrar el cambio de criterio. En septiembre de 2017, el diputado de Ciudadanos, hoy portavoz parlamentario, Sergio Romero, manifestaba que las indemnizaciones por vivienda eran un “lastre para la clase política”.

En enero de 2015, la secretaria general del PP, Loles López, reclamaba su eliminación para financiar gasto social con ese dinero, unos 600.000 euros al año. 

Y el hoy presidente de la Junta, Juanma Moreno, también las criticó, con ironía, el 6 de septiembre de 2016. “Es prescindible la calidad en la educación o la sanidad, pero no es prescindible pagar la vivienda a los altos cargos o la maquinaria política que ha engrasado en torno a la Junta de Andalucía”.

Sin embargo, el llamamiento al recato de Bendodo –“pediré la máxima moderación”– ha caído en saco roto. Ni él mismo predica con el ejemplo: Bendodo y el vicepresidente Marín cobran el máximo permitido, 1.426,7 euros cada mes. Además, los altos cargos de PP y Ciudadanos superan a quienes lo cobraban durante la época socialista. Desde que en el año 2015 el Gobierno andaluz comenzó a informar de los gastos por vivienda, en agosto de 2018 el Ejecutivo del PSOE gastó casi 60.000 euros en las indemnizaciones de 58 altos cargos. PP y Ciudadanos han dejado chica la cifra en unos meses.

Acuerdo secreto

Estas indemnizaciones, que se vienen pagando en Andalucía desde el año 2000, cuando el Gobierno de Manuel Chaves (PSOE) las implantó, al principio en secreto, las cobran los altos cargos que deben trasladarse a Sevilla de otras provincias o incluso de fuera de la Comunidad.

El acuerdo secreto que Chaves autorizó hace 19 años decía lo siguiente: “Los consejeros, viceconsejeros, secretarios generales, secretarios generales técnicos, directores generales, delegados del Gobierno, delegados provinciales y otros cargos asimilados nombrados por decreto tendrán derecho a ser indemnizados por los gastos de alquiler de una vivienda o de alojamiento, en su caso, siempre que tuvieran su domicilio habitual en un municipio que se encuentre a más de 60 kilómetros de la sede del órgano del que sean titulares mediante una cantidad mensual máxima equivalente al 2,5% de las retribuciones brutas anuales establecidas para los directores generales en la Ley del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía, excluida la productividad. En dicha cuantía máxima se consideran incluidas las retenciones u obligaciones fiscales que por estos conceptos pudieran corresponderles”.

Después, en 2010, otro consejo de Gobierno, este presidido también por José Antonio Griñán, añadió al Fiscal Superior de Andalucía y al presidente o presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía como beneficiarios, además de los altos cargos, de la indemnización por vivienda.

Durante años, incluida la etapa de Susana Díaz en la presidencia, las indemnizaciones por vivienda fueron uno de los caballos de batalla de la oposición del PP a los sucesivos ejecutivos del PSOE.

Estas ayudas son severamente criticadas aún hoy por Podemos, quien las tacha de “sobresueldos”. Este partido, hoy integrado en la coalición Adelante Andalucía, presentó una proposición no de ley al final de la pasada legislatura -que no se llegó a votar debido al adelanto electoral- en la que reclamaba la supresión de la indemnización por vivienda a cargos públicos y autoridades de Andalucía. Podemos considera que las ayudas para alojamiento son un privilegio o trato diferenciado sin justificar al suponer “un agravio comparativo con el resto de la ciudadanía y un derroche de recursos públicos”.