La reforma propuesta por el PSOE para desbloquear la renovación del Tribunal Constitucional (TC) ha quedado aprobada este jueves en el Congreso de los Diputados. El Pleno ha dado luz verde por 180 votos a favor, 146 en contra y 7 abstenciones a la modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) para devolver al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) su capacidad de realizar nombramientos estando en funciones, pero sólo los correspondientes al TC para garantizar así la renovación en plazo del máximo órgano constitucional.  

El trámite ha contado con el apoyo de Unidas Podemos, que un principio rechazó la iniciativa por no estar pactada y considerarla insuficiente. ERC, PNV y EH-Bildu también han votado a favor, así como otros grupos minoritarios y aliados del Gobierno. En contra han votado PP, Vox y Ciudadanos. El PSOE ha logrado sacar adelante la toma en consideración de la propuesta de ley como la tramitación en lectura única y de esta manera ha podido aprobarse este jueves sin necesidad de que pase por ponencia ni comisión. 

Se reforma así el artículo 570 bis de la Ley Orgánica 6/1985 (LOPJ): "La propuesta de nombramiento, por mayoría de tres quintos, de los dos Magistrados del Tribunal Constitucional cuya designación corresponde al Consejo General del Poder Judicial, que tendrá que realizarse en el plazo máximo de tres meses a contar desde el día siguiente al vencimiento del mandato anterior". 

Esta reforma destaca la necesidad de garantizar la renovación en plazo del Tribunal Constitucional, por ser el máximo órgano constitucional del Estado español. De esta manera, aunque el CGPJ esté en funciones y no pueda, por tanto, realizar nombramientos, se garantiza que pueda efectuar los dos que le corresponden para el TC a la vez que los dos magistrados que debe nombrar el Ejecutivo. 

Nueva mayoría de 7 a 5 para los progresistas

Los 12 magistrados del TC se renuevan por tercios cada nueve años. El pasado 12 de junio acabó el mandado de Pedro González-Trevijano, actual presidente del TC, el presidente con la historia más breve, ya que fue nombrado en octubre de 2021. Este, junto con el también conservador Antonio Narváez, fueron nombrados por el Gobierno de Mariano Rajoy y ahora tendrán que ser sustituidos por otros magistrados nombrados por el Ejecutivo de Pedro Sánchez.

También ha caducado el mandato del vicepresidente, el progresista Juan Antonio Xiol, nombrado junto con el conservador Santiago Martínez-Vares,  en 2013 por el CGPJ. 

Los dos nuevos magistrados o magistradas nombrados por el Gobierno, más otro miembro progresista elegido por el CGPJ, que normalmente nombra a un magistrado conservador y a otro de tendencia más progresista, lograrán revertir la mayoría conservadora actual, pasando a representar siete a cinco en las votaciones. 

El propio CGPJ, en funciones desde diciembre de 2018, ha criticado la reforma y en un texto consensuado en el Pleno Extraordinario de hace dos días, y considera una "contradicción" el hecho de que se aluda en la exposición de motivos de la proposición de ley del PSOE que la finalidad es evitar las dificultades que el texto vigente entraña para la renovación de los órganos constitucionales cuando "tan Órgano Constitucional es el Tribunal de Garantías como lo son los Juzgados y Tribunales, servidos por jueces y magistrados integrantes del Poder Judicial". 

El texto aprobado este jueves se remitirá al Senado para que pueda sacarse adelante de forma definitiva la próxima semana. La reforma fija un plazo máximo de tres meses al CGPJ para nombrar a los nuevos jueces del Constitucional. Como el plazo empezó a contar el pasado 12 de junio, día en el que expiró el mandato de un tercio de los magistrados, el límite temporal acaba el próximo 13 de septiembre.