El tribunal del caso Gürtel ha acordado citar a Mariano Rajoy como testigo en el caso que juzga sobre la primera época de los negocios de esta trama corrupta (1999-2005). La decisión ha sido adoptada por mayoría, no por unanimidad, y ha sido anunciada por el presidente del tribunal, Ángel Hurtado, durante la sesión que se celebra en la sede de un polígono industrial de San Fernando de Henares (Madrid).

"Por mayoría, la Sala decide que es una prueba admisible", ha señalado Hurtado.

La decisión ha roto al tribunal y se ha adoptado a pesar de la posición contraria tanto de la Fiscalía como del abogado del Estado, el abogado del PP y varios letrados de la defensa.

La Sala no ha fijado aún la fecha de la declaración de Mariano Rajoy, ni si será presencial o por videoconferencia. Pero Rajoy es citado en función de su cargo en el PP, no como presidente del Gobierno.

Este mismo jueves declarará Esperanza Aguirre, ex presidenta de la Comunidad de Madrid.

El tribunal se mostraba dividido por esta citación pedida por la acusación popular, inicialmente la Asociación de Abogados Democratas (ADADE), a la que se había sumado la acusación de los socialistas valencianos y a la que se oponía la Fiscalía.

Por un lado estaba Ángel Hurtado, partidario de que no declarase Rajoy ya que declararán otros ex altos cargos del partido de aquella época, como los exsecretarios generales Francisco Álvarez Cascos, Ángel Acebes o Javier Arenas.

Por el otro lado se encuentra el magistrado José Ricardo de Prada, quien siempre ha defendido la declaración del presidente del PP para aclarar los vínculos de su partido con la trama y la supuesta financiación irregular del partido.

El tercer miembro del tribunal, Julio de Diego, es un magistrado conservador al que le resultaba difícil rechazar el testimonio de Rajoy a la vista de las pruebas presentadas durante el juicio oral.

Era la tercera vez que la acusación popular solicitaba el testimonio de Mariano Rajoy, hasta ahora sin éxito.

El presidente del Gobierno dirigió tres campañas electorales durante la primera época de Gürtel que se enjuicia en esta vista oral (1999-2005). Además, el PP es un partido jerarquizado y Rajoy fue su secretario general y después su presidente.

Además, la trama pagó las campañas electorales de los alcaldes Jesús Sepúlveda, exmarido de Ana Mato, y Guillermo Ortega, en las elecciones municipales del año 2003 para los ayuntamientos de Pozuelo de Alarcón y Majadahonda, ambos en Madrid.

Oposición de la Fiscalía

La fiscal Concepción Nicolás se oponía a la citación al considerar "redundante” que Rajoy testificara porque la existencia de la caja B del Partido Popular está acreditada con las declaraciones del extesorero del partido, Luis Bárcenas, así como por los testimonios de Jaime Ignacio del Burgo y Santiago Abascal y por las pruebas recabadas al respecto.

Así se había pronunciado el ministerio público al inicio de la vista, después de que la Asociación de Abogados Demócratas (ADADE) hubiera pedido por tercera vez que Mariano Rajoy declarase como testigo, a la que se ha adhirió la acusación que ejerce los socialistas valencianos.

La Fiscalía entendía que la declaración de Rajoy sería para dos asuntos: por la caja B del PP y por haberse beneficiado en las campañas de los candidatos a alcalde Jesús Sepúlveda y Guillermo Ortega. Respecto a la caja del PP que se nutría con aportaciones de empresas "resulta suficiente para su acreditación" las declaraciones obtenidas en el juicio.

Y respecto a Sepúlveda y Ortega consideraba que también resultan acreditado que la trama financió sus campañas, tanto por la declaración de alguno de los acusados "y especialmente por la negativa a declarar del representante del PP", que se sienta en el banquillo como partícipe a título lucrativo de esta financiación irregular, así como por la "contundente prueba pericial" practicada y que será expuesta en próximas sesiones.

La abogacía del Estado y la acusación que ejerce la Comunidad de Madrid rechazaba también que Rajoy declarase en el juicio de la primera época de Gürtel.

La abogacía del Estado sólo acusa respecto a los delitos contra la Hacienda Pública, que no afectaría a la declaración de Rajoy, y asumía como propios los argumentos de la Fiscalía respecto a la "inutilidad y la redundancia" de dicho testimonio.

"Oír a los máximos responsables"

El juicio se retomó cerca de las once de la mañana con el testimonio de Julia López Valladares, una funcionaria de la Comunidad de Madrid que instruyó a las empresas de Francisco Correa sobre cómo facturar un mismo acto en varios contratos menores. De esta manera se eludían los controles de la administración pública.

En dos ocasiones el tribunal ha considerado que la presencia de Rajoy en el juicio era innecesaria porque ya se había aceptado la declaración de Cascos, Acebes y Javier Arenas, como secretarios generales del partido, así como de Rodrigo Rato y Jaime Mayor Oreja.

La acusación popular sostenía en su escrito que "la conciencia social exige sanciones". Y que en el caso de personas jurídicas como el PP "resulta necesario oír a sus máximos responsables, en casos como el que nos ocupa en el que su representada está acusada de haberse beneficiado ilícitamente del delito de otros, y por supuesto, no colocarlos en una urna de cristal".