La Audiencia Provincial de A Coruña avala el proceso penal contra la cúpula de la Televisión de Galicia

La Audiencia Provincial de A Coruña ha rechazado el recurso del director general de la Corporación de Radio e Televisión de Galicia (CRTVG), Alfonso Sánchez Izquierdo, y de otros ocho directivos de la empresa, contra la prórroga de la investigación de la causa penal contra ellos que se sigue en el Juzgado de Instrucción Número 1 de Santiago.

La decisión de la Audiencia supone un aval para la magistrada de ese juzgado, Ana López Suevos, quien ha imputado a los nueve investigados por un delito de acoso y contra los derechos de una trabajadora que sufrió una campaña de mobbing y de descrédito personal y profesional durante cinco años que le causó severos daños piscológicos y emocionales.

En el auto de la sección sexta de la Audiencia, fechado el pasado 10 de enero y al que ha tenido acceso Público, los tres magistrados validan las razones que llevaron a la jueza a decretar por segunda vez una prórroga de seis meses en la instrucción del caso. López Suevos quería tomar testimonio a la víctima por segunda vez –lo hará este jueves por la mañana–, después de hacerlo con el resto de los acusados, tras detectar contradicciones en sus declaraciones.

"Es obvia la importancia de la nueva declaración de la querellante pendiente de practicar y que de su resultado y lo que pueda declarar puede surgir la necesidad de acordar otras nuevas diligencias para el esclarecimiento de los hechos" dicen los tres magistrados de la sala provincial. "El auto dictado es conforme a lo que establece el artículo 324 de la ley de enjuiciamiento criminal y está justificada la necesidad de la prórroga de la instrucción en este caso particular, por la naturaleza esencial de la diligencia pendiente cuya reiteración surge además tras la práctica de las declaraciones de los investigados en el curso de una investigación compleja", añaden.

Traslado sin previo aviso

Los hechos se remontan a 2018, cuando la trabajadora, con más de 30 años de antigüedad en la CRTVG, fue trasladada, sin previo aviso y sin consultarla, desde el departamento comercial, donde llevaba varios años, a la redacción de informativos de la Radio Galega. Lo denunció en un juzgado al considerar que era una decisión discriminatoria y sexista –la dirección alegó que necesitaba "una voz femenina" para la emisora autonómica–, pero el juez falló en su contra.

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Desde entonces, según figura en la querella que presentó en 2023, sufrió una campaña sistemática de hostigamiento y humillaciones profesionales y personales, que incluyeron su ubicación en un puesto de trabajo situado frente a los jefes que la acosaban y que mantenían con ella un actitud pasivo-agresiva de constante desprecio; el ninguneo al no convocarla a las reuniones diarias con el resto de sus compañeros; la denegación de sus solicitudes de libranza y vacaciones y el impedimento para conciliar sus horarios con el cuidado de su padre, de 94 años, al que trataron de impedir que acompañara cuando ingresó en una residencia negándole el día de asuntos propios que solicitó.

Entraba a trabajar a las 7.30 de la mañana sin que se le encargara tarea alguna hasta cinco o seis horas después, y muchas de las piezas que se le encomendaban ni siquiera llegaban a emitirse. Además, la relegaron a los peores turnos, donde no podía obtener las remuneraciones por trabajo en festivos y acumulación de días libres que sí disfrutaba el resto de la plantilla de redactoras y redactores. Fue la única convocada a trabajar el 1 de enero de 2019; la única mujer a la que se impidió seguir la huelga feminista del 8M de ese año; y la única periodista de la Radio Galega excluida tres meses después de la cobertura de las elecciones locales y europeas.

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Ese año recibió un premio profesional de prestigio que el ejercicio anterior había recaído en otro compañero, que fue entrevistado en el informativo de mayor audiencia de la cadena. En su caso, la emisora ni siquiera se hizo eco de que se lo habían otorgado a ella.

Ansiedad y depresión

Ese verano, la trabajadora sufrió varios episodios de ansiedad y trastornos depresivos que llevaron a sus médicos a decretar su baja. Hasta tres profesionales –un psiquiatra privado, el facultativo del Servizo Galego de Saúde (Sergas) y la médico de la empresa– diagnosticaron que su trastorno era compatible con el acoso en su trabajo que les describía. La responsable de los servicios sanitarios de la CRTVG incluso recomendó por escrito a la dirección que se la trasladara a un puesto de trabajo menos hostil, sin que el equipo de Sánchez Izquierdo atendiera esa demanda.

Durante la baja, la periodista se enteró por sus compañeros de un nuevo cambio de horario que la dirección no le comunicó, y cuando se reincorporó pidió la mediación de la comisión contra el acoso de la empresa, que cerró el caso pese a que los dos de sus cuatro miembros consideraron que padecía una evidente situación de mobbing. El comité de empresa también alertó de que estaba siendo discriminada y acosada y que la dirección estaba poniendo en riesgo su salud.

La jueza de Instrucción de Santiago considera que existen indicios de un delito de acoso moral y contra los derechos de los trabajadores por el que imputa al director general, Alfonso Sánchez Izquierdo, y otras ocho personas, que forman o formaban parte de su equipo cuando ocurrieron los hechos: el director de negocio, Xosé Pereira Fariña; el director de recursos humanos, Víctor Tubío Villar; su predecesora, Susana Fernández Veiguela; el subdirector de los servicios informativos, Alejandro López Carballeira; la jefa de programas, Tania Fernández Lombao; la jefa de personal, Paula Veloso Pereira; el jefe de seguridad y salud laboral, Manuel Casás Macía, y la coordinadora de personal, Vitalina Cuña Palencia.

Todos han declarado ya ante la magistrada, acompañados de sus respectivos abogados dado que comparecen en calidad de investigados por un tipo penal que se castiga con penas de entre seis meses y dos años de cárcel. En cuanto a la trabajadora, la jueza le ha ofrecido el apoyo de una psicóloga de la Oficina de Atención a la Víctima, y ha reclamado al Instituto de Medicina Legal de Galicia que un equipo forense valore si padece daños morales y psicológicos derivados de los hechos que denuncia.

Sánchez Izquierdo responsabiliza a sus subordinados

En su declaración ante la jueza, que se produjo hace un año pero que no trascendió hasta el mes pasado, el director general negó tener conocimiento de los hechos y derivó toda la responsabilidad hacia sus subordinados. Durante sus cerca de 16 años al frente de los medios públicos de Galicia, la CRTVG ha recibido centenares de sentencias judiciales en contra por vulneración de derechos fundamentales y laborales, así como denuncias por sexismo y machismo en los contenidos de sus programas, así como por manipulación a favor del PP y falta de neutralidad y pluralidad en los servicios informativos. Varias de esas denuncias han sido amparadas por fallos condenatorios de las juntas electorales.

El propio Sánchez Izquierdo confesó a la jueza durante su declaración que la empresa mantiene abiertas en la actualidad un centenar de causas por vulneración de derechos. En los últimos dos años y medio, la CRTVG ha perdido en los tribunales cerca de 40 procedimientos judiciales por los que ha tenido que pagar, con dinero público, cerca de 300.000 euros en indemnizaciones por despidos improcedentes y entre 20.000 y 30.000 por las costas judiciales derivadas.

La CRTVG ha perdido 40 causas por violación de derechos en los últimos dos años y medio y mantiene abiertas otro centenar

Sánchez Izquierdo, que el año pasado cobró un salario de más de 102.000 euros, fue nombrado por Alberto Núñez Feijóo en 2009 y se mantiene ilegalmente en el cargo desde 2011, cuando se aprobó una ley que obligaba a que su puesto fuera cubierto por un candidato apoyado por al menos los dos tercios de las diputadas y diputados del Parlamento de Galicia, una mayoría de la que el PP no ha disfutrado nunca. El sucesor de Feijóo en la presidencia de la Xunta, Alfonso Rueda acaba de poner en marcha la tramitación de una nueva ley que le permita nombrar al sustituto de Sánchez Izquierdo sólo con sus votos.

Público se ha dirigido en repetidas ocasiones a la dirección de la CRTVG para obtener una valoración sobre las acusaciones contra su cúpula, pero la empresa ha declinado ofrecerla alegando que, como sociedad mercantil, "no está ni denunciada, ni demandada, ni querellada", y que carece de información sobre el procedimiento penal que se sigue contra Sánchez Izquierdo y sus nueve subordinados.