La gerente que pagó a Pablo Iglesias por hacer 'Fort Apache' asegura que alguien que dijo ser del CNI investigó su empresa

Natalia Carrascosa, la persona encargada de llevar la gerencia en la empresa 360 Global Media -que realizaba los pagos al ex secretario general de Podemos Pablo Iglesias por su programa Fort Apache en Hispan TV-, ha indicado este martes que durante un año alguien que se identificó como del CNI estuvo investigando su empresa.

Así lo señalan fuentes jurídicas presentes en esa declaración que se ha celebrado ante el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, que investiga a la antigua cúpula de Interior con el Gobierno de Mariano Rajoy por supuestas investigaciones prospectivas y ajenas al control judicial sobre determinadas personas que conformaban Podemos.

En concreto, ha subrayado que esa persona que dijo ser del servicio secreto español estuvo analizando los pagos que efectuaba la empresa buscando posiblemente algún indicio de la existencia de un blanqueo de capitales.

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Al hilo, la gerente, que ha aseverado que todo lo que facturaba la empresa eran trabajos realizados, ha incidido en que ese agente en ningún caso se habría centrado en Iglesias y sí en la figura de Mahmud Alizadeh Azimi, CEO manager de esa empresa.

Ha dado el detalle de que, incluso, ese presunto agente del CNI llegó a presentarse en su domicilio, que se veían en los alrededores de la empresa, y que se interesó por la procedencia y legalidad del dinero que entraba en Global Media 360.

Ante esa revelación, fuentes del caso señalan que posiblemente las acusaciones puedan solicitar nuevas diligencias a fin de esclarecer la identidad de ese agente del CNI.

Se da la circunstancia de que la testifical de Natalia Carrascosa fue solicitada para intentar arrojar luz sobre cómo se gestó el conocido como Informe PISA. Precisamente, en julio de 2016 la Audiencia Nacional rechazó investigar a Podemos por lo contenido en ese documento y la Fiscalía lo calificó de "supuesto informe policial" que "carece de cualquier membrete oficial que acredite tal carácter oficial". Además, dijo que las acusaciones incluidas en el mismo se basaban en "un conjunto desordenado de reproducciones de noticias".

Declaración de un agente de Asuntos Internos

En la mañana de este martes también se ha celebrado la testifical de un agente de la Unidad de Asuntos Internos, que ha explicado que en 2016 el entonces director adjunto operativo (DAO) de la Policía, Eugenio Pino, le ordenó que fuera al Hotel Orfila, un cinco estrellas ubicado en el centro de Madrid, para controlar dónde se hospedaban determinados ciudadanos venezolanos.

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Ha explicado, según las fuentes jurídicas consultadas, que él actuó como experto en vigilancias, y que el objetivo era comprobar que las personas que se hospedaron en ese hotel eran realmente quienes creían.

En este sentido, ha explicado que se entrevistó con el gerente del hotel y éste le dio información de esas personas que formaban un grupo y que ya se habían marchado. Tras esto informó al DAO, ha aseverado.

La querella de Podemos

Cabe recordar que fue en febrero de 2024 cuando Pedraz admitió parcialmente la querella de Podemos contra el que fuera secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez, Pino y otros altos cargos de la Policía por esas presuntas investigaciones prospectivas. Rechazaba, eso sí, investigar al exministro del Interior Jorge Fernández Díaz, al exdirector general de la Policía Nacional Ignacio Cosidó y a otros responsables policiales.

La querella se presentó por delitos de organización criminal, apoderamiento y revelación de secretos, prevaricación administrativa y falsedad documental. También se presentó por malversación y por delito contra las instituciones del Estado, aunque el magistrado desechó estos dos últimos delitos al no poder ser subsumidos ambos tipos penales en los hechos relatados.

En su escrito, Podemos señalaba que los querellados, bajo el liderazgo del entonces secretario de Estado de Seguridad, "se ocupaban de realizar investigaciones prospectivas y ajenas a cualquier interés policial, no bajo control judicial o del Ministerio Fiscal sobre las personas que conformaban la organización política".