La Unidad de Asuntos Internos (UAI), al mando de Francisco Migueláñez, produjo y envió a un juzgado de Fuenlabrada al menos dos oficios (el equivalente policial a "informe o dictamen") para exculpar al comisario José Manuel Villarejo del soplo que recibió el empresario indio Harishchandra Tarachand Varma acerca de la existencia de una investigación judicial secreta sobre su organización. 

Dicha investigación se llevaba a cabo desde 2013 por la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) a las órdenes de la magistrada del juzgado cinco de Fuenlabrada y recibió el nombre de Operación Prima (Diligencias Previas 1691/13), aunque acabó siendo más conocida como Caso Varma. Lo que se indagaba era una megatrama de tráfico de drogas y productos falsificados con blanqueo asociado, en la que Varma era uno de los principales investigados. Tras detectarse una filtración, la juez abrió una causa separada y paralela (Diligencias Previas 3243/14) para investigar quién, cómo y por qué o por cuánto se alertaba a un sospechoso de la investigación que lleva su juzgado; o sea, por revelación de secretos.

Al menos uno de los oficios de Asuntos Internos llevaba la firma del policía nº 111.470, jefe de Grupo III, el mismo grupo y jefe asignados a la investigación de la macrocausa Tándem o Caso Villarejo. Dichos informes venían a decir que Villarejo, en la ignorancia de la existencia de una investigación secreta y en su condición de policía, había atendido la denuncia (verbal en primera instancia) del empresario indio acerca de supuestas extorsiones por parte de policías y supuestos seguimientos por parte de vehículos extraños, limitándose el comisario a averiguar la titularidad de dichos vehículos y a tranquilizarle con los datos recabados. Gracias a estos oficios, Villarejo —que era sospechoso del soplo— fue exculpado; ni siquiera fue imputado.

En mayo de 2016 se cierra la instrucción y solo son procesados dos intérpretes indios contratados por la UDEV para ayudarles en las escuchas ordenadas por el juzgado y que Varma tenía grabados cuando, según él, le llamaban para extorsionarle. El juicio por esta causa separada de revelación de secretos estaba previsto para el pasado lunes, pero ha sido suspendido de improviso por la renuncia de un intérprete a su letrado. Público ha podido saber que probablemente no se señalará una nueva fecha antes de un año.

El soplo a Varma supuso un evidente perjuicio a una larga y esforzada investigación policial y judicial que absorbió no pocos recursos públicos, si bien y, a pesar de ello, la investigación prosiguió, saldándose con la detención de Varma y otras 69 personas en noviembre de 2014.

Villarejo pide a Martín Blas que le consiga la información con el visto bueno de Eugenio Pino

La magistrada tenía indicios de que, en abril de 2014, Villarejo pudo transmitir a Varma la información reservada de que le estaban siguiendo vehículos con matrículas policiales, revelándole así una investigación secreta contra él. Villarejo se habría comunicado tanto con el empresario indio como con el que se presenta como abogado de Varma, Óscar Jiménez Rubia, desde dispositivos móviles a nombre de dos de las identidades falsas que usaba (una de ellas Martín Reyes Villa).

Fue Marcelino Martín Blas, entonces responsable de Asuntos Internos, quien puso sobre aviso al jefe de la UDEV (unidad titular de los vehículos que seguían a Varma) de que Villarejo estaba indagando acerca de un interés policial en las actividades de Varma. Y lo sabía porque fue el propio Martín Blas quien pasó los datos de las matrículas a Villarejo. Villarejo le había solicitado a Martín Blas esos datos durante una reunión convocada el 4 de abril de 2014 por el entonces Director Adjunto Operativo (DAO) Eugenio Pino, jefe máximo de ambos, en su despacho.

Tras explicarle Villarejo que un empresario indio le había informado de extorsiones de policías y de seguimientos de vehículos extraños, le pide a Martín Blas en ese momento, y con Pino delante, que empiece por averiguar la titularidad de dichos vehículos para saber la identidad de dichos supuestos extorsionadores policías y se lo comunique. Y es lo que hace: accede a la base de datos, ve que las matrículas son de la UDEV, pero de forma precavida le escribe a Villarejo un escueto "los vehículos son de los nuestros", sin especificar, para seguidamente avisar al jefe de la UDEV.

En el momento de la reunión entre los tres, la denuncia de Varma ante Villarejo era todavía solo verbal. A instancias de Martín Blas, el empresario indio denuncia formalmente el 11 de abril ante Asuntos Internos y amplía dicha denuncia en el juzgado en agosto de 2014.

Las sospechas acerca del verdadero motivo por el que Villarejo quería comprobar si Varma era investigado crecen en la UDEV cuando el empresario indio aporta ese agosto en el juzgado unas grabaciones con los supuestos extorsionadores "policías" que esgrime como "prueba". En dichas grabaciones se oye a dos personas que le hablan de la investigación, pero en hindi nativo y con unas expresiones impropias de funcionarios de fuerzas de seguridad.

Con estas premisas es difícil creer que Varma pudiera haber tomado a estas personas como "policías"; y mucho menos Villarejo, un policía experimentado, si, como parece lógico, Varma le dio a escuchar dichas grabaciones al denunciar verbalmente ante el comisario esas "extorsiones de policías y seguimientos de vehículos extraños".

Villarejo necesitaba que fuera Asuntos Internos quien enviase oficios exculpatorios

Para salvar la bola de un partido que venía mal aspectado, Villarejo ideó un plan en dos frentes: por un lado, la rehabilitación de su imagen pública para reforzar su posición en el juzgado y dar moral a sus compadres; por otro, el flanco judicial en el juzgado 5 de Fuenlabrada para zafarse de la causa de revelación de secretos a Varma. Para esto necesitaba que Asuntos Internos enviase al juzgado informes que lo exculparan. Y tenía que ser Asuntos Internos porque es la unidad competente en un juzgado para evaluar actuaciones policiales y, precisamente por esa razón, era la unidad de auxilio judicial en esa causa de revelación de secretos dado que los presuntos extorsionadores eran policías. 

Pero aquí Villarejo se topó con una piedra en el camino: al frente de Asuntos Internos estaba Marcelino Martín Blas, que ya investigaba al comisario en varias causas, por lo que es improbable que bajo su mando se emitiesen oficios semejantes y además se adjuntaran oficios lisonjeros de la DAO que, según fuentes policiales, rayan en la improcedencia. El problema se solventa cuando Eugenio Pino destituye a Martín Blas y coloca a Francisco Migueláñez en su lugar.

Al mismo tiempo, el comisario se afanaba en rehabilitar su maltrecha imagen después de que Público y El País hubieran destapado su verdadera cara tras abrirse en octubre de 2014 el caso que lo descubre, el del Pequeño Nicolás,  y cometer seguidamente el gran error de grabar una conversación entre los investigadores del caso y el CNI.

A partir de la aparición continua de su nombre en los titulares de ambos diarios, y con el caso de revelación de secretos a Varma cual espada de Damocles inminente, Villarejo trata de dibujarse como una víctima de un conjunto de personas que quieren destruirle por lo que sabe de ellos.

Así, desde enero de 2015, urde bajo engaños encuentros de su colaborador en el asunto de Varma, Óscar Jiménez Rubia, con el comisario Jaime Barrado (el primero que detuvo a Varma, 11 años antes) y los fiscales de la Operación Prima, José Grinda y Juan José Rosa, para luego irse a un notario y registrar "actas de manifestaciones" en las que relataba supuestas presiones recibidas en dichas reuniones para que Jiménez Rubia delatase al comisario.

Villarejo configura así un escenario de acoso hacia él que remata en mayo de 2015 con una querella en el Tribunal Supremo por confabulación —que nombra en clave "QTS"— contra los fiscales del caso Varma y a la que adjunta esas actas y otros documentos de "prueba" de montajes parecidos, previamente bien publicitados por su ejército mediático.

A la estrategia se le unió el hoy imputado y entonces ministro del Interior bajo el Gobierno de Rajoy, Jorge Fernández Díaz, quien el 11 de marzo de 2015 salió al estrado para alabar los "grandes servicios prestados por Villarejo", remachando que "eso no se puede olvidar en ningún momento".

Al menos un oficio lleva la firma del jefe del Grupo de Asuntos Internos asignado al 'Caso Villarejo' 

Villarejo guardaba en formato "pdf" y "doc" archivos cuyos títulos ("UAI /secretos") apuntan a tres oficios que la Unidad de Asuntos Internos habría producido con relación al caso de revelación de secretos, así como otros que elaboró la DAO para que fueran enviados por la UAI como anexo. Los guardaba en al menos dos carpetas nombradas "DAO" y "Pleitos/Grinda/QTS", respectivamente. Dos de los oficios de Asuntos Internos fueron dirigidos al juzgado 5 de Fuenlabrada bajo el mando ya de Francisco Migueláñez.

En el primero, emitido el 12 de mayo de 2015, se hace seguimiento de la denuncia que Varma pone en Asuntos Internos el 11 de abril de 2014 tras la puesta en contacto de su abogado, Jiménez Rubia, con el jefe de la 1ª Brigada Operativa. El documento, de 17 folios, revela que es el Grupo III de Asuntos Internos (el inspector jefe nº 111.470 era y es el jefe de ese Grupo) quien está asistiendo al juzgado en la causa de revelación de secretos. Dicho Grupo III depende de la 2ª Brigada Operativa (ver gráfico inferior), lo que pone de manifiesto un hecho inusual: que una Brigada distinta a la que recibe la denuncia sea la que se haga cargo de su investigación posterior, según explican a Público fuentes policiales.

La mayor parte de las páginas analizan la interacción de los intérpretes con el empresario indio, para los que el oficio propone más diligencias de investigación. Por contra, a Villarejo —que debería ser el objeto central del documento— se le dedican apenas unos folios para examinar su actuación y se zanja el asunto con tres párrafos donde Asuntos Internos concluye: a) que es posible que las líneas telefónicas que alertaron a Varma de la presencia de vehículos policiales fueran del comisario o de alguien que interactuara con él; b) que desde dichas líneas se le transmitió a Varma "una información reservada" con el "evidente perjuicio para la investigación";  pero c) concluye avalándole: "del contexto de la investigación y de los datos conocidos hasta el momento se desprende que la información reservada es facilitada [por Villarejo a Varma] en la creencia de que Varma estaba siendo extorsionado por unos funcionarios policiales, y relacionó dicha extorsión con el vehículo, motivo por el que se canalizó la denuncia a la Unidad de Asuntos Internos del Cuerpo Nacional de Policía (CNP)".

En la carpeta "DAO" de Villarejo se encuentra también un archivo titulado "Denuncia DAO 4.5.15 VERSION FINAL REVISADA POR TODOS.doc" (ver imagen superior). Público no ha podido verificar si se trata de un oficio de la DAO que Asuntos Internos anexa al suyo de 10 de mayo de 2015, o si el que envía Asuntos Internos como suyo en realidad es la copia de un texto de la DAO "consensuado por todos", o si este documento de la DAO trata de un asunto diferente.

El segundo oficio, del 29 de junio de 2015, es enviado al juzgado por Asuntos Internos adjuntando otro oficio de tres páginas de la DAO fechado el 10 de junio y rubricado por el entonces inspector jefe (ahora comisario) Andrés Gómez Gordo, recién fichado por Pino tras pasar por el puesto de Jefe de Seguridad de María Dolores de Cospedal en su época de presidenta de Castilla-La Mancha.

Este documento de Gómez Gordo ya no dice que Varma denuncia extorsiones "de policías", sino de personas que "se hacen pasar por policías". Un matiz relevante porque el hecho de que los extorsionadores fueran policías constituyó la justificación de Pino para ordenar a Martín Blas que investigase las matrículas de sus coches en la base de datos (lo que implica que esa pesquisa quede registrada). Y esa es también la justificación que da el inspector jefe de Asuntos Internos nº 111.470 para avalar la actuación de Villarejo en su oficio de 12 de mayo de 2015.

El oficio de la DAO ataca con dureza a Martín Blas por dudar de Villarejo, le acusa de conocer que las líneas telefónicas que usaba el comisario encarcelado estaban contratadas bajo identidades ficticias —de las cuales también asegura que Martín Blas estaba al tanto— y de cuestionar toda su actuación a pesar de los "efectos tan positivos" que tuvo. Contactado por este diario, Martín Blas, asegura que él desconocía todo lo referido a identidades dobladas y a la titularidad de las líneas telefónicas que Villarejo usaba. Recuerda, además, que la emisión, conocimiento y control de esas identidades son competencia exclusiva de la Secretaría de Estado de Seguridad.

Según los archivos informáticos de Villarejo bajo la subcarpeta "Pleitos/Grinda/QTS", existe un tercer oficio más de Asuntos Internos con relación a la causa de revelación de secretos que habría sido enviado al juzgado en septiembre de 2014, aún bajo el mando de Marcelino Martín Blas. Preguntado éste por Público acerca de su contenido, afirma que es la primera noticia que tiene acerca de su existencia y que ese mes estuvo de vacaciones (al menos la segunda quincena). 

El posible interés de Villarejo por conocer pormenores de la investigación: negocios relacionados con la Viagra india

Durante 2014, y según el relato de Varma, el empresario indio andaba en tratos con Javier Iglesias Redondo, polémico abogado metido en 100 salsas con el que el comisario encarcelado y su amigo Adrián de la Joya guardaban estrecha relación. Tenían entre manos asuntos relacionados con la Kamagra, un sucedáneo de la famosa patente Viagra que la trama india comercializó en España sin autorización de Sanidad y con un sistema de cobros y pagos por compensación para no ser detectados. La UDEV así lo acreditó cuando interceptó a dos miembros de la organización con 100.000 euros para abonar un envío de dicho producto. 

Un negocio que explicaría mejor el afán de Villarejo por conocer si existía una investigación de la UDEV sobre Varma y el avance de las pesquisas sobre este concreto asunto de la viagra alternativa. En las conversaciones interceptadas por la UDEV a Varma entre marzo y abril de 2014 dentro de la Operación Prima pero transcritas en el oficio de 12 mayo de 2015 de Asuntos Internos, los envíos de cajas de Kamagra procedentes de Dubai son protagonistas.

No sería el último caso de interés del comisario por los productos milagrosos. El 23 de octubre de 2017, a 11 días de su detención, una empresa de Villarejo solicitó el registro de la marca Vitanova. Meses antes, en febrero, una pastilla milagrosa curalotodo fue uno de los asuntos tratados por él y Adrián De la Joya con Paul Manafort en Nueva York. Querían desarrollar dicha pastilla con un señor al que llaman "Enric" y una empresa de biotecnología cuyo nombre no dejan de repetir a la vuelta de Estados Unidos, que en los últimos años ha recibido millones en aportaciones de capital y tiene un fondo de inversión detrás. En los cuadros de tesorería que confecciona semanalmente Rafael Redondo, la mano derecha de Villarejo, figura un préstamo de Cenyt a dicha empresa por valor de 30.000 euros.

Pero esa es otra historia.