Las víctimas del accidente del Alvia ocurrido en Santiago en 2013 acusaron este martes a la Abogacía del Estado de mentir y ocultar documentación oficial para exculpar de responsabilidad al Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF), el organismo encargado de la gestión de la línea y cuyo exdirector de Seguridad está acusado del siniestro junto al maquinista del tren. Las víctimas ya habían acusado previamente al Estado español y al ADIF de manipular el juicio aleccionando testigos y comprando testimonios.

Según la plataforma de víctimas, los abogados del Estado habrían dado por válida en la vista oral una versión de la documentación sobre seguridad en la vía anterior a la que estaba en vigor cuando se decidió eliminar del lugar del siniestro el sistema de seguridad obligatorio para la alta velocidad. En su opinión y en la de varios peritos y expertos, entre ellos los de la Agencia Europea de Seguridad Ferroviaria, ese sistema habría evitado el accidente.

En la curva de A Grandeira, en la localidad compostelana de Angrois, murieron 80 personas y otras 145 resultaron heridas cuando el tren Alvia en el que viajaban descarriló tras acometer la curva a 191 kilómetros por hora, en un tramo con la velocidad limitada a 80.

Las víctimas creen que la herramienta de seguridad obligatoria en la alta velocidad, basada en el Sistema Europeo de Gestión del Tráfico Ferroviario (ERTMS, en sus siglas en inglés), habría impedido que eso ocurriera. Pero en la línea Ourense-Santiago el ERTMS sólo operaba hasta el kilómetro 80,169 del trayecto, es decir justo cuatro kilómetros antes de A Grandeira, en la que sólo funcionaba el sistema Anuncio de Señales y Frenado Automático (ASFA).

El ASFA frena el tren si el maquinista se salta un semáforo en rojo, pero no si incurre en un exceso de velocidad. ADIF sustituyó uno por otro en 2012 a petición de Renfe, que alegaba el ERTMS fallaba y provocaba retrasos.

ADIF defiende que aceptó eliminar el ERTMS de A Grandeira basándose en que las reglas de ingeniería -las especificaciones técnicas que se aplican de forma genérica a la alta velocidad según la experiencia previa- no lo contemplaban como necesario. Sin embargo, el pasado 8 de noviembre el director del laboratorio de interoperabilidad ferroviaria del Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (CEDEX) del Ministerio de Transportes, Jorge Iglesias, declaró en la vista oral que las reglas de ingeniería vigentes dese 2011 sí recogían la necesidad de valorar la continuidad del ERTMS en el tramo completo hasta Santiago, es decir incluyendo A Grandeira.

Iglesias leyó en el juicio, que se celebra en la Cidade da Cultura de Santiago desde hace dos  meses, el documento de ADIF que así lo establece, pero el abogado del Estado Javier Suárez García, negó validez a su testimonio y alegó que lo que estaba leyendo no era la versión correcta (2.4.2) del documento que la propia Abogacía del Estado habría entregado como prueba durante la instrucción. "No se lo voy a leer ni a exhibir porque ya consta en autos", le dijo el letrado a la jueza para contradecir el testimonio del experto del CEDEX.

Lo cierto es que, según las víctimas, lo que en realidad aportó la Abogacía del Estado durante la instrucción y lo que consta en autos es la versión 2.4.0. del documento, datada en 2009, que no estaba por tanto en vigor y en la que no figura, precisamente, la regla de ingeniería que afectaba a la posibilidad de evaluar la continuidad del ERTMS en Angrois.

"La versión vigente de las reglas de ingeniería de 2011 que se aplicaban a la línea Ourense-Santiago y que explicitan lo que dijo el señor Iglesias no están aportadas al juzgado por parte de la Abogacía del Estado, por lo que difícilmente el abogado del Estado las podría exhibir o enseñar a su señoría, ya que lo aportado es de 2009", afirman fuentes de la plataforma de víctimas.

En otro documento interno de ADIF que también obra en autos -Transiciones ERTMS-ASFA. Criterios particulares para la línea 082 Trayecto Ourense-Santiago de Compostela-, fechado el 6 de septiembre de 2011 y al que ha tenido acceso Público, se establecen literalmente como referencia las "reglas de ingeniería ERTMS v2.4.2.".

La representante legal de las víctimas puso este martes de manifiesto la incongruencia de la versión de la Abogacía del Estado durante la declaración de Patricia Cabezudo, trabajadora de la subdirección de Sistemas de Control, Mando y Señalización de ADIF. Durante la vista, la jueza suscribió la de las víctimas y consideró que si un documento de Adif de 2011 hace mención expresa a las reglas de ingeniería en su versión 2.4.2., "obviamente esas reglas estarían ya vigentes" en esa fecha, informa Europa Press.

"No es la primera vez que desde ADIF y la Abogacía del Estado esconden documentos que demuestran las diferentes negligencias cometidas por ADIF", dicen las víctimas. "Es intolerable y muy grave que los abogados del Estado, el señor Suárez García y la señora Álvarez [Adela Álvarez Caramés, la otra representante de la Abogacía del Estado] traten de confundir con engaños a la jueza, al fiscal, al resto de abogados y a la opinión pública en una tragedia que dejó 80 muertos y más de 140 heridos", añaden.

Las víctimas creen que el Estado defiende a ADIF para eludir el pago de indemnizaciones, que tendrían que asumir las aseguradoras de Renfe si el único culpable resulta ser el maquinista. También han denunciado el supuesto trato de favor para con el exdirector de Seguridad del organismo, y acusan a ADIF de haber contratado a una consultora privada para preparar el juicio simulando una vista oral.