La criminalización de las ONG y de los activistas y defensores de los derechos de los migrantes y refugiados ha ido aumentando en Europa de manera proporcional a la llamada "crisis migratoria", hasta el punto de que hay más de 250 casos de personas detenidas, encausadas o sancionadas en 14 países diferentes de la Unión Europea (UE) por desarrollar su labor humanitaria, según un reciente recuento de casos desarrollado por el portal openDemocracy, a cuya base de datos a tenido acceso Público. Entre ellos destacan bomberos, voluntarios de ONG y hasta miembros de congregaciones eclesiásticas que han dado apoyo logístico a migrantes y solicitantes de asilo.

Del total, hay al menos 15 activistas o cooperantes españoles enjuiciados o investigados por delitos relacionados con el tráfico de personas o por su labor de denuncia de posibles violaciones de derechos humanos cometidas en diferentes países. La persecución, en el caso de los españoles, ha recaído sobre todo en bomberos voluntarios que han rescatado a migrantes de una muerte segura en aguas del Mediterráneo. El último caso conocido ha sido el del bombero malagueño Miguel Roldán Espinosa, de 32 años, que se enfrenta a penas de cárcel que hasta 20 años al estar investigado en Italia por un presunto tráfico de personas. Su delito, como el de sus nueve compañeros voluntarios de la ONG alemana Jugend Rettet, es haber participado en varios rescates de migrantes a la deriva en el mar en 2017.

La 'cruzada' italiana contra las ONG

La Italia del ultraderechista Matteo Salvini, vicepresidente del país y ministro del Interior, es uno de los países que más ha perseguido a cooperantes, sobre todo después que la labor de rescate en el mar fuera asumida casi en su totalidad por ONG, a partir de 2016. Hasta 86 casos de persecución por ayudar a migrantes ha documentado openDemocracy, no sólo en el Mediterráneo, sino también por prestar ayuda a migrantes que cruzaban a pies o en tren las fronteras entre Italia y Francia del cierre de sus puertos para el desembarco de las personas rescatadas.

Entre los casos investigados por las autoridades italianas, además del bombero Roldán, estuvieron en el punto de mira los miembros de la ONG española Proactiva Open Arms, cuyo barco estuvo confiscado y bloqueado en un puerto siciliano durante meses hasta que el caso se archivó sin consecuencias penales para los dos españoles investigados. Esta persecución, unida al cierre de puertos para los rescatados, ha desembocado en la desaparición casi total de barcos de ONG en aguas del Mediterráneo Central. Ahora mismo, sólo el barco de la ONG Sea Watch patrulla el mar rescatando a personas, cuando llegó a haber más de diez buques humanitarios permanentemente allí.

Detenidos en Grecia

Pero el país donde más activistas españoles han sido sancionados o juzgados es Grecia, principal puerta de entrada durante 2015 y 2016 de la oleada de refugiados de guerra sirios y afganos, sobre todo. En total, este país ha emprendido acciones legales contra 57 personas por motivos relacionados con las fronteras y el apoyo a los migrantes y refugiados.

Allí pasaron por el banquillo de los acusados en 2018 los bomberos sevillanos Manuel Blanco, José Enrique Rodríguez y Julio Latorre, que fueron detenidos en 2016 en la isla Lesbos por la Guardia Costera Griega cuando rescataban del mar a a refugiados que cruzaban en barcas desde Turquía. Lo hacían como voluntarios de la ONG Proem-AID y, finalmente, también quedaron absueltos del delito de tráfico de personas, por el que podrían haber acabado en la cárcel por salvar vidas.

También en Grecia se juzgó y se condenó a la activista española Lola Gutiérrez. Aunque se suspendió la ejecución de su pena, fue condenada a 17 meses de prisión por tentativa de contrabando de personas y uso de documentación indebida cuando intentó ayudar a un menor refugiado kurdo a salir del país en 2016. 

Por una causa similar fueron arrestados en Grecia en diciembre de 2016 los activistas Mikel Zuolaga y Begoña Huarte mientras ayudaban a llegar a Italia a ocho refugiados escondidos en una caravana. "Sí, estábamos transportando a la gente. Creemos y defendemos el libre tránsito de las personas. La Policía griega intentó hacernos parecer culpables de un delito de trata, pero los migrantes confirmaron que no habían pagado nada por el viaje. La solidaridad es recíproca", aseguró el activista a la periodista Belén Lobos, que colaboró en el trabajo de openDemocracy.

En la investigación de esta web también figuran como detenidos dos activistas españoles no identificados cuando participaban en protestas contra el bloqueo de la frontera entre Grecia y Macedonia, donde miles de refugiados quedaron atrapados y fueron reprimidos en 2016. Y también en la isla griega de Quíos fue detenido un activista español al que acusaron de "espionaje" por fotografiar los barcos de Frontex, la agencia europea del control de fronteras, cuyo presupuesto se ha triplicado en los últimos años y se prevé que amplíe su plantilla hasta los 10.000 guardias para 2027.

Melilla, el enclave más represor de España

A estos casos hay que sumar otros destacados como la investigación iniciada en Marruecos en 2017 contra la reconocida activista y periodista española, experta en migraciones y trata, Helena Maleno, acusada de "favorecer la inmigración ilegal" entre España y Marruecos por sus alertas a los equipos de rescate españoles cada vez que recibía la llamada desesperada de una patera a la deriva. Aunque la investigación se desarrolló en Marruecos, el inicio del proceso tuvo lugar a petición de la Unidad Central de Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales (UCRIF) de la Policía Española, a pesar de que la Fiscalía ya había archivado las primeras investigaciones contra ella realizadas en España por no hallar indicios de delito. Finalmente, el juez marroquí no vio suficientes motivos para iniciar el juicio contra Maleno, que podía haber acarreado penas desproporcionadas de prisión, incluso cadena perpetua.

Del mismo modo, también han sido detenidos en 2018 dos activistas en Málaga por su participación en protestas contra vuelos de deportación de migrantes recluidos en los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) o el presidente de Asociación Pro Derechos de la Infancia (Prodein) de Melilla, José Palazón, que fue arrestado en 2015 cuando ayudaba a dos periodistas de la CNN a realizar un reportaje sobre menores migrantes en la ciudad.

De hecho, la mayoría de casos de persecución en España recaen sobre periodistas o fotógrafos de Melilla que han documentado las devoluciones en caliente y la actuación de la Guardia Civil contra los migrantes que tratan de saltar la valla fronteriza con Marruecos. En casi todos los casos han sido multas en virtud de la llamada ley mordaza.

Según la investigación de openDemocracy, también hay que destacar la represión en Reino Unido contra 57 activistas que participaron en protestas para evitar vuelos de deportación de migrantes y solicitantes de asilo, entre otros casos destacados. Tampoco escapa de la deriva autoritaria Francia, donde hay al menos 58 casos documentados de activistas investigados, detenidos o acusados de diferentes delitos relacionados con el apoyo a migrantes.

Estos casi 300 casos, recopilados a partir de noticias y otros registros de investigadores, ONG, grupos activistas y entrevistas en toda Europa, "sugieren un gran aumento del número de personas encausadas desde el inicio de 2018", detalla openDemocracy, que incide en que "la mayoría de estas personas se han convertido en objetivo por proporcionar alimentos, refugio, transporte u otro tipo de apoyo a los migrantes sin documentos legales".