Se suele decir que mueren, aunque en realidad muchas veces se les deja morir. Otras, lo que debería ser un rescate seguro se convierte en la devolución al punto de partida, a condiciones de violencia descarnada. Ocurre en mar abierto, donde hay pocos ojos y menos voces que lo cuenten.

Las ONG y sus barcos que salvan vidas en la ruta migratoria del Mediterráneo central son algunos de los escasos testigos de esta catástrofe evitable que, en lo que va de año, se ha cobrado vida de casi 2.200 personas migrantes.

Este es ya el año con más fallecidos en el Mediterráneo central desde 2017. En menos de una década, el mar se ha tragado a más de 28.000 personas que solo pueden arriesgar la propia vida para buscar una mejor en Europa. Mientras, diferentes países europeos han ido desplegando medidas cada vez más restrictivas a la labor de estas ONG, que asumieron en 2015 la responsabilidad que dejaron de ejercer algunos de estos Estados, sobre todo Italia, pero también la Unión Europea en su conjunto.

Los acuerdos europeos con países como Túnez o Libia, donde los migrantes son sometidos a tratos inhumanos, torturas, extorsión, esclavitud y otras variadas formas de violencia, se han ido ampliando con el único objetivo de reducir las llegadas de embarcaciones. Pero la estrategia sigue sin funcionar, como demuestran los datos de 2023. Casi 140.000 personas han logrado desembarcar en Italia o Malta hasta septiembre, cifras que se acercan a las de 2016, segundo año de la gran crisis de los refugiados.

"¿Cuántas muertes más en el Mediterráneo central necesitan los Estados europeos para detener su enfoque hostil e inhumano?", se pregunta Juan Matías Gil, coordinador de operaciones de rescates de Médicos Sin Fronteras (MSF).

La ONG lleva trabajado en misiones de búsqueda y rescate en la zona desde 2015 con ocho buques de diferentes que han puesto a salvo a 90.000 personas. En su último informe, titulado Nadie vino a rescatarnos, denuncia la "inacción deliberada de los Estados europeos" y "prácticas fronterizas violentas" que están contribuyendo a este aumento de muertes en el mar.

"Desde principios de año, una media de ocho personas al día han perdido la vida o han desaparecido en esta ruta", alerta MSF, que insta "a la Unión Europea y a sus Estados miembros, especialmente a Italia y Malta, a que cambien inmediatamente de rumbo para dar prioridad a la seguridad de quienes buscan refugio en las costas europeas", reclama Gil.

12.000 devoluciones a Libia

Sin embargo, este año han llegado más personas que todas las que han sido interceptadas y devueltas a Libia por sus guardacostas desde 2017. Han sido más de 120.000 retornos, algunos tras disparos al aire y amenazas de los que en teoría iban a salvarlos. "En noviembre de 2021, la Guardia Costera libia me atrapó en el mar y me vendió a la cárcel de Roshofana. Conozco muy bien esta cárcel, porque trabajé allí para poder ganarme la libertad", relató un superviviente camerunés de 19 años rescatado por MSF en 2022. "En la cárcel había 4.000 personas del África subsahariana, Bangladesh, Eritrea y Siria (…) Los guardias venían a golpearnos y mientras lo hacían filmaban y tomaban fotografías. A veces, cuando había personas heridas, las amontonaban en un lugar y las filmaban. No sabemos cómo se utilizaron estos vídeos", relataba.

Oleada de violencia racista en Túnez

Este es solo uno de las decenas de testimonios recogidos en el informe. También son una muestra gráfica de las razones que han hecho que Túnez sustituya a Libia como principal puerto de salida elegido por los traficantes. La represión por parte de las autoridades tunecinas se convirtió en auténtica violencia policial y social después de que el presidente, Kaïs Saied, señalara a la población subsahariana como foco de criminalidad.

"Un día habíamos terminado de trabajar y volvíamos a nuestra casa en Sfax (ciudad costera al este de Túnez), y la policía vino a buscarnos y nos arrojó a Argelia. Nos quitaron el dinero y los teléfonos. Se lo llevaron todo", apuntaba hombre de 26 años de Costa de Marfil, rescatado por MSF en julio de 2023. "La policía tunecina no quiere ver a negros. Nos odian. Cuando nos llevaron a Argelia, caminamos durante casi una semana por el desierto", explicaba. Lanzarse al mar fue su única salida.

"Me desahuciaron. Todos los propietarios desahuciaban a inquilinos africanos. Lo perdí todo. Vivía en Túnez. Una mañana me levanté y vino el dueño de la casa. (...) Me dijo: 'El Presidente ha dicho que los africanos tenéis que iros a casa. Ya no podemos acoger africanos", aseguraba una mujer camerunesa de 32 años, rescatada por MSF en julio de 2023.

Pero esta situación no impidió que la UE cerrara el pasado verano un acuerdo con el país para convertirlo en nuevo gendarme migratorio a cambio de hasta mil millones de euros y barcos y equipamientos para su guardia costera.

Malta abandona a los migrantes en peligro

En paralelo, MSF ha documentado como las autoridades de Malta, con responsabilidades de rescate en el Mediterráneo, se niega a coordinar operaciones de rescate en su zona. En junio, la ONG documentó al menos una muerte como resultado directo de la "política sistemática de Malta de no prestar asistencia en el mar". No solo no responden a las llamadas de auxilio de los migrantes en apuros, sino que dan órdenes precisas a los buques mercantes que están cerca de ellos para que pasen de largo.

"Ellos [el barco maltés] nos dieron agua, comida y tres galones de combustible. Nos dijeron: Estáis a 50 km de Italia. No hace falta que os ayudemos. Seguid por vuestra cuenta', relataba a los equipos de rescate de MSF uno de los migrantes socorridos el pasado junio. "Las mujeres pedían ayuda a gritos, pero se negaron a todas nuestras peticiones. No necesitamos combustible, por favor, ayúdennos, llévennos con ustedes, por favor, no nos dejen en medio del mar, suplicamos. Por favor, al menos llévense a las mujeres, insistimos. Pero rechazaron todas nuestras peticiones", relataba otro de los supervivientes de esta ruta.

Obstáculos de Italia a los rescates de las ONG

Ambos son testimonios recogidos por los equipos del Geo Barents, el busque de MSF que lleva patrullando el Mediterráneo central desde 2021. Desde entonces ha puesto a salvo a 9.762 personas –4.011 de ellas en 2023–, ha recuperado los 11 cadáveres y ha asistido en el parto de un bebé. Podría haber salvado más vidas, pero Italia lo ha impedido deliberadamente en su afán por reducir el número de migrantes que llegan a sus costas.

El Gobierno de los ultraderechistas Giorgia Meloni y Matteo Salvini ha ido aprobando "normas que obstruyen las actividades de salvamento". Se ha limitado a uno los rescates permitidos por cada misión y se obligan a los barcos humanitarios a trasladar a puertos cada vez más alejados a los supervivientes. Esta práctica obligó al Geo Barents a recorrer 28.000 kilómetros más —lo que equivale a unos 70 días de navegación extra— para "llegar a puertos innecesariamente lejanos y regresar de ellos". Estos factores han dejado largos periodos de vacío en los que nadie patrulla las aguas en busca de barcas con migrantes a la deriva.

"Además de retrasar el acceso de los supervivientes a una asistencia médica adecuada, protección y servicios de acogida en tierra, fueron días en los que se nos mantuvo deliberadamente alejados de la asistencia a personas en peligro en el mar. Aunque las nuevas normas italianas van dirigidas a las ONG, el verdadero precio lo pagan quienes huyen a través del Mediterráneo central, que se quedan sin asistencia", concluye Gil.