El artículo 13 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos establece que "toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado". Al igual que "toda persona tiene" el mismo derecho a "salir de cualquier país —incluso del propio— y a regresar" al mismo. Este principio deja de ser reconocido para los migrantes en los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) en España, y pasa de ser un derecho a un delito a ojos de la Administración nacional.

"Su delito es únicamente llegar a un país distinto del suyo y de llegar indocumentados; deseando labrarse, en esta puerta de Europa, un futuro", apunta Elena Davara, voluntaria del equipo de visitas al CIE, este lunes en la presentación del informe Territorio Hostil. Formas diversas de hostilidad en los CIE del Servicio Jesuita a Migrantes (SJM). "Entonces, si no hay delito, ¿cómo se sienten estos jóvenes? Yo sé que no se sienten delincuentes", añade.

"Nos tratan como delincuentes y nosotros no hemos cometido ningún delito; la mayoría de los que estamos aquí es porque no tenemos papeles, no hemos hecho nada malo, solo queremos trabajar honradamente", explica William, un migrante colombiano en el CIE de Madrid. El relato de William es uno de los testimonios recogidos en el documento Territorio Hostil en su décimo segunda entrega por los autores Ana Bosch, Josetxo Ordóñez y Josep Buades.

Este texto denuncia las hostilidades que sufren los migrantes a través de tres formas que ha ido recopilando la entidad social para la edición de este año —correspondiente al 2021—: las agresiones policiales a las personas de los CIE, las deficiencias en la atención médico-sanitaria y los obstáculos a las visitas de organizaciones sociales.

El informe señala que, durante este periodo, las cifras de estos centros de detención disminuyeron a causa del coronavirus y la incapacidad de los países para ejecutar expulsiones y devoluciones debido al cierre de fronteras para reducir la propagación del virus. En concreto, al menos 11 menores se hallaban en las instalaciones de los CIE, 11 mujeres habían sido aisladas, 626 personas pidieron protección internacional y 832 migrantes fueron repatriados de manera forzosa, según datos del Defensor del Pueblo en calidad de Mecanismo de Prevención de Tortura.

Abuso de autoridad

El SJM alerta en su informe sobre varios casos de "trato irrespetuoso, de agresiones físicas y morales" por parte de los cuerpos policiales que actúan contra los migrantes en los CIE. Como el caso de Felipe, un colombiano que lleva más de 20 años residiendo en el territorio y fue internado en el centro por una orden de expulsión dictada hace dos años.

El migrante, según el informe, había mediado en un conflicto entre varios agentes de policía y un compañero que no hablaba el idioma. "Al menos eran cinco o seis policías pegándole al interno, yo les gritaba que eso no lo pueden hacer, y fueron a mi celda y me intimidaron; me golpearon hasta que se cansaron; por favor, solo pedimos educación y respeto; el turno de policías de hoy nos ha provocado y maltratado como si fuéramos peor que animales; ayuda, por favor", confiesa Felipe en su relato.

El colombiano, tras el enfrentamiento, sufría de dolores en la cadera, donde tenía implantada una prótesis, por lo que, decidió llamar al teléfono 112 para que los servicios de urgencias acudieran al recinto. La dirección del CIE no autorizó su acceso. No obstante, Felipe había denunciado la agresión en los juzgados de control del centro y de guardia. La respuesta de la Administración fue expulsar al migrante dos días más tarde sin haberle tomado declaración. El proceso penal continúa en curso de investigación.

Un aspecto que recalca Ana Bosch, de Pueblos Unidos, al señalar que "son expulsadas justo las personas que tienen estas denuncias impuestas en los juzgados de control; es una impunidad que no se destruye", indica.

Ante las reiteradas denuncias por las entidades sociales sobre las malas prácticas por los agentes policiales, el Defensor del Pueblo envió a la Dirección General de la Policía ocho sugerencias para investigar las posibles agresiones de su cuerpo a las personas internas de los centros de detención.

Entre ellas, propone dotar al CIE del Libro de quejas de malos tratos, un protocolo de Prevención de Suicidios y de Protocolo de Prevención de Trata y dictar instrucciones para que todo el personal uniformado porte siempre su número de placa visible. Estas recomendaciones fueron rechazadas por el mismo organismo del Ministerio del Interior.

"Quizá ya no es una medida cautelar"

El Servicio Jesuita a Migrantes también ha denunciado las deficiencias crónicas en la atención médica y sanitaria a los internos de los CIE. En el relato de Ibrahim, del centro de internamiento de Algeciras, pone en evidencia la falta de servicios mínimos que, a diferencia de los centros penitenciarios, sí disponen.

"La otra noche, cuando los policías nos llamaron para levantarnos, no despertaba, llegué a vomitar sangre, pero la directora no lo creía: decía que era salsa de tomate", explica el migrante. "Cuando, por fin, me llevaron al hospital, me destrozaron las venas hasta conseguir hacerme un análisis de sangre y me pusieron una goma por la boca; me trataron de animal, me pegaron los policías", continúa Ibrahim.

Sobre este tema, Bosch apunta que "no existe una asistencia social efectiva real, son 60 días sin ningún tipo de actividad de ocio; y más con celdas pequeñas de poca capacidad de movimiento, no todos tienen teléfono móvil ni internet para comunicarse con sus familiares".

Además, la entidad social advierte sobre una falta de transparencia en los centros de detención. El SJM había solicitado los datos correspondientes sobre las entradas irregulares en el país, las detenciones por entrada o las estancias irregulares, así como los acuerdos de devolución, las órdenes de expulsión e internamiento de los CIE. Datos que, de nuevo, la Dirección General de la Policía no había enviado en el plazo legal previsto.

"Yo sí constato un retroceso; se ha tolerado esa arbitrariedad de las administraciones; es injusto", considera el también autor del informe, Josetxo Ordóñez, de la Fundación Migra Studium. "Quizá ya no es una medida cautelar", señala Ordóñez.