Richard Rodríguez y Josefina Hernández recibieron la pasada semana la notificación judicial de su desahucio. Será el próximo miércoles y, con esta, es la novena vez que esta familia en situación de vulnerabilidad y con tres hijas menores se enfrenta a una orden de lanzamiento. Por eso han decidido acampar de manera simbólica este lunes en la puerta de la Torre Serrano, en pleno barrio de Salamanca, donde el propietario del inmueble, el fondo de inversión Cerberus, tiene su sede en Madrid.

El matrimonio lleva más de seis años viviendo en un humilde piso del barrio de San Cristóbal, en la frontera entre los distritos de Usera y Villaverde, dos de las zonas económicamente más deprimidas de la ciudad. La anterior crisis se llevó por delante sus empleos y, ante la imposibilidad de seguir pagando su alquiler, decidieron ocupar un piso vacío del BBVA, tal y como relataron a Público en 2018, antes del cuatro intento de desalojo.

Entonces, eran dos las hijas menores que iban a quedarse sin un techo. Hoy es una más, de apenas dos años. Pero la casa, junto a otras "carteras de activos inmobiliarios", fue adquirida por Cerberus, un fondo buitre que acumula miles de viviendas en España, sin que llegara nunca una solución para la familia.

"Ni con unos ni con otros. Llevamos años peleando por un alquiler social, por regularizar nuestra situación. Pero no hay forma", explica Richard mientras sostiene una pequeña pancarta con el lema "STOP Desahucios". Junto a él se han concentrado varias decenas de activistas de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) que no han parado de corear consignas mientras eran vigilados de cerca por la Policía. "Nueve intentos de desahucio en seis años. Así no se vive, es una tensión constante, un atentado emocional", describe el afectado.

La familia tiene unos ingresos de poco más de 800 euros al mes que les proporciona el Ingreso Mínimo Vital, y algunos trabajos puntuales redondean su renta a los mil euros mensuales. "Queremos pagar, pero tiene que ser un alquiler que se ajuste a lo que ingresamos", insiste Richard. "Lo hemos intentado, pero es imposible. Ni en Villaverde ni en Parla ni en Valdemoro. No hay nada por menos de 700 euros en el mercado normal del alquiler", sentencia.

14 años a la espera de una vivienda social

Tampoco hay solución para ellos en las instituciones. La familia lleva 14 años esperando en la lista para recibir una vivienda pública de la Comunidad de Madrid. La mitad de ellos, en clara situación de emergencia. Otros ocho años lleva su expediente en la cola de las viviendas sociales de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS) de Madrid, donde tampoco han encontrado respuesta. "Hemos llamado a todas las puertas y ni siquiera hay una vivienda de emergencia en caso de que nos desalojen", explica Richard.

Y, mientras esperan, los intentos de desahucio se siguen acumulando, aunque su perfil socioeconómico se ajuste a todos los requisitos, aunque su caso esté ampliamente documentado en informes de los Servicios Sociales, de ONG de asistencia o, incluso, en el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) de las Naciones Unidas. Este comité ha pedido hasta en cuatro ocasiones al Gobierno de España medidas cautelares que impidan desahuciarlos sin una vivienda alternativa para "evitar posibles daños irreparables". La última, esta misma mañana, mientras protestaban para poder negociar con Cerberus.

La primera vez que la ONU se pronunció sobre este caso fue en 2018, gracias a los abogados del Centro de Asesoría y Estudios Sociales (CAES). Apelan a la vulneración del Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que se puso en marcha para España en 2013. Desde entonces, son decenas los casos de familias con menores que han recurrido a esta vía para frenar desalojos, aunque con escaso éxito.

Mientras tanto, España ha sido condenada cinco veces por Naciones Unidas por permitir este tipo de desalojos que vulneran el derecho a la vivienda. Todas han sido en la Comunidad de Madrid. La última se conoció el pasado marzo y obligaba a una indemnización a la familia, que sufrió un aborto durante el proceso, uno de esos "daños irreparables" de los que la ONU habla en sus resoluciones.

"La ley es clara. Nosotros nos ajustamos a todos los requisitos, pero parece que eso no sirve de nada", lamenta Richard, que ha peleado también como activista por decenas de casos similares al suyo. "Lo peor son los casos de los que no sabemos nada. Desahucios como el mío ocurren en Madrid a diario sin que nos enteremos y sin que se haga nada para evitarlos", añade.

Mercedes Revuelta, portavoz de la PAH de Madrid, lamenta que este desahucio siga adelante a pesar del Real Decreto del Gobierno que posibilita que se suspendan los desahucios de personas vulnerables, una norma prorrogada hasta el 28 de febrero y que se puso en marcha dentro del llamado escudo social contra la pandemia.

"Al final estas medidas dependen de la interpretación de jueces y fiscales. Algunos las aplican y otros no, por eso se siguen produciendo muchos desahucios que no deberían ocurrir", explica Revuelta.

Ante la falta de respuesta de Cerverus, la protesta seguirá este martes en el mismo sitio. Richard y su familia aún confían en un nuevo aplazamiento, aunque no creen que haya una solución real y duradera a un problema que no deja de aumentar en España desde la crisis de 2008.