Era un 14 de marzo de 2020. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, decretaba el inicio del estado de alarma debido a una pandemia que paralizaba el mundo. Ese mismo día se contabilizaban 6.252 casos y al menos 193 muertes en el país. Actualmente, según los datos publicados por Sanidad este viernes, España registra 3.567.408 contagios y 78.792 muertes desde el inicio de la pandemia.

Se trataba del segundo país de la Unión Europea que decretaba el confinamiento para intentar frenar el avance del virus —el primero fue Italia—. Poco más de un año después, el estado de alarma termina. A partir de este domingo 9 de mayo, las medidas para luchar contra la covid de cada comunidad autónoma deben contar con el aval de la Justicia.

Las medidas del Gobierno

Marzo de 2020. Desde que se inició la crisis sanitaria, las medidas adoptadas por el Gobierno de coalición han ido cambiando. Así, el primer estado de alarma que se aprobaba —con una vigencia de 15 días— recogía la restricción de la movilidad de los ciudadanos y el parón de la economía excepto para actividades esenciales. Con esta medida, los ministerios de Defensa, Interior, Transportes y Sanidad asumían el control para dar órdenes en sus respectivas áreas. El titular del Ministerio de Sanidad era Salvador Illa. En marzo se llegaron a contabilizar más 830 muertes en un solo día. En materia económica, se aprobaba el Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) para evitar los despidos ante el parón de la economía. Además, el Gobierno aprobaba una moratoria de hipotecas para personas sin ingresos o sin trabajo. 

Abril de 2020. El colapso del sistema sanitario, el aumento de casos y muertes en la primera ola así como el poco conocimiento que se tenía de la covid-19, hicieron que el Gobierno prorrogara el estado de alarma, con la aprobación parlamentaria previa. En abril, se alcanzó los 950 fallecidos diarios. Esta vez, la duración del estado de alarma fue de dos semanas y el presidente anunciaba que se ampliaría más allá del 26 de abril de ese año. En este periodo, el Ejecutivo aprobaba una segunda línea de avales a créditos para pymes y autónomos por valor de 20.000 millones, recomendaba el uso de las mascarillas en espacios públicos y empezaba a distribuirlas en el metro tras superar el periodo de escasez.

Mayo de 2020. Sánchez anunciaba otra prórroga del estado de alarma hasta el 10 de mayo de 2020. Sin embargo, a finales de abril ya se empezaba a hablar de desescalada y el Gobierno aprobaba un sistema de cuatro fases que se iniciaba la segunda semana de mayo y que finalizaba el 22 de junio si los datos epidemiológicos lo permitían. El ministerio de Trabajo aprobaba extender los ERTE hasta el 30 de junio tras pactar con sindicatos y patronal.

Octubre de 2020. Con la llegada del verano se relajaban las medidas, pero en octubre los datos vuelven a empeorar y comenzaba la segunda ola de la pandemia. El 29 de octubre se aprobaba la última prorroga del estado de alarma, esta vez de seis meses tras un intenso debate sobre la duración de esta norma.

Diciembre de 2020. En las Navidades llegaba otro debate. En unas fechas especiales para disfrutar en familia, y con unas cifras de muertes y casos en aumento, el Gobierno acordaba con las comunidades una serie de medidas en las que se apelaban a la responsabilidad individual y se dejaba que cada comunidad aplicara restricciones pese a que el ministro Illa avanzó que no habrían "17 navidades distintas". En este mes el Gobierno vuelve a prorrogar los ERTE, esta vez hasta el 31 de enero.

Febrero de 2021. En febrero llegó la tercera ola de la covid-19. Ese mismo mes, el ministro dimite para ser candidato en las elecciones catalanas del 14F, y daba el relevo a la actual ministra de Sanidad, Carolina Darias.

Marzo de 2021. En Semana Santa se volvió a debatir sobre qué medidas se aplicarían. Esta vez, las autonomías cerraron perimetralmente para limitar la movilidad tras acordarlo en el Consejo Interterritorial de Sanidad. 

Mayo de 2021. El Gobierno aprueba el 4 de mayo un decreto para que el Tribunal Supremo sea quien decida si ratifica las medidas de cada comunidad tras el estado de alarma. Además, Trabajo ha planteado extender los ERTE hasta el 30 de septiembre en condiciones similares a las actuales. 

Finaliza el estado de alarma, pero no la pandemia

España se encuentra en la cuarta ola de la pandemia. Desde que se vacunó a la primera española el pasado 27 de diciembre, España roza los este viernes los seis millones de inmunizados, el 12,6% de la población. "Ahora mismo, las medidas disponibles y la responsabilidad de la población es suficiente para controlar los riesgos a los que estamos expuestos ahora", afirmó este jueves en rueda de prensa el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón.

Sin embargo, Simón ha advertido a la población de que hay que seguir extremando las precauciones para que lo aumenten los casos. "Las medidas individuales se tienen que seguir aplicando y las comunidades van a seguir aplicando muchas medidas que les permiten controlar la transmisión", explicó.

Incertidumbre jurídica

Las comunidades autónomas han preparado a contrarreloj las medidas contra la pandemia para afrontar el fin del estado de alarma. El Gobierno aprobó el pasado martes un decreto que otorga al Tribunal Supremo (TS) la última palabra sobre las restricciones aprobadas por cada región. 

El Alto Tribunal ya alertó de una "posible insuficiencia" del decreto-ley del Ejecutivo. A través de un informe del Gabinete Técnico del Supremo, se ha incidido además en la urgencia de dotarles de más "medios personales y materiales" para poder cumplir con los plazos. Por su parte, la Fiscalía anunció este miércoles la unificación de los criterios para acelerar la respuesta de los fiscales.  

Pero, ¿pueden las comunidades adoptar medidas que afecten a derechos fundamentales sin un estado de alarma? Ya se han mostrado discrepancias entre las restricciones aprobadas por una comunidad con la resolución del TSJ autonómico.

Mientras la Justicia avala limitaciones de reuniones en Catalunya y el País Valencià o mantener el toque de queda en Balears, el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ha rechazado este viernes mantener el cierre perimetral, la limitación personas en las reuniones y el toque de queda en Euskadi fuera del estado de alarma. El TSJPV considera que las restricciones afectan a derechos fundamentales garantizados en la Constitución.

En este sentido, el magistrado Joaquim Bosch, explica a Público que "hay ahora mismo una situación de inseguridad jurídica". "Es perfectamente posible —después del 9 de mayo— que una comunidad autónoma adopte una medida, que sea ratificada o desestimada por el Tribunal Superior autonómico y que luego el Tribunal Supremo deje sin efecto lo que había dicho el tribunal", añade.

Por eso, Bosch destaca que esta incertidumbre acabará cuando el Alto Tribunal se pronuncie: "Hay tribunales que ya se están pronunciando —otros en el futuro— y será el Tribunal Supremo el que cierre esta etapa de incertidumbre jurídica", añade.

Por su parte, el magistrado emérito del Tribunal Supremo, José Antonio Martín Pallín, afirma a este medio que esta incertidumbre es un "desastre para la lucha contra el virus y un desastre para el sistema judicial y el constitucional". 

Críticas al decreto-ley del Gobierno

El propio Tribunal Supremo ya ha cuestionado el decreto aprobado por el Gobierno al considerar que se crean una serie de problemas por la "posible insuficiencia" de la norma.

Bosch resalta que la "incógnita jurídica" tendría que haberse resuelto con una reforma de las leyes y ve razonables las críticas en el ámbito judicial al decreto. "Ha habido tiempo, desde hace más de un año para impulsar esa reforma", añade. "Si la voluntad política era que las comunidades autónomas tuvieran atribuciones para restringir derechos y libertades en todo el ámbito territorial autonómico y la ley lo regula, no se producirían discrepancias entre tribunales de territorios diferentes", matiza. 

Sobre esta cuestión, Martín Pallín, afirma que "el Gobierno, a través del decreto del 4 de mayo, ha hecho intervenir inconstitucionalmente a los jueces". Añade que este decreto "crea un caos sin sentido". "Es una irresponsabilidad y una ignorancia impropia de personas que tienen la responsabilidad de ordenar jurídicamente las normas de este país", destaca.