"Es bochornoso. Parece que hay personas y familias intocables. Es muy difícil que se haga justicia, todo un despropósito", asegura a Público Arantxa Mejías, portavoz de la Asociación de Afectados por la Venta de Inmuebles de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS) de Madrid.

El Tribunal Supremo ha confirmado la absolución definitiva de la exalcaldesa de Madrid Ana Botella y de su Junta de Gobierno por la venta de 1.860 viviendas de protección oficial al grupo societario Fidere, propiedad del fondo buitre estadounidense Blackstone. Una operación realizada en 2013 por la que el Consistorio Madrileño perdió, según el Tribunal de Cuentas, 25,8 millones de euros, al realizarse la venta por debajo del precio de mercado.

El Tribunal de Cuentas condenó a Botella y su equipo a pagar 23 millones de euros por su responsabilidad patrimonial en esta operación, pero poco después anuló la condena gracias a los votos de dos consejeros de este mismo tribunal elegidos a propuesta del PP. Se trata de Margarita Mariscal de Gente, ministra de Justicia del primer Gobierno de Aznar, y José Manuel Suárez Robledano, presidente de la Sección de Enjuiciamiento y exportavoz de la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura.

Fue la concejala del PSOE Mercedes González quien trató de que esta causa se mantuviera viva recurriendo a la acción vecinal, un recurso que el Tribunal Supremo no ha admitido, según un auto conocido este jueves. González interpuso un recurso de casación en calidad de vecina después de que el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, anunciara que el Consistorio no iba a recurrir la decisión del Tribunal de Cuentas. Poco después, Almeida despidió a la directora jurídica de la EMVS, Paloma Herranz Embid, encargada de llevar este recurso ante el Supremo.

Las consecuencias de la venta

"La decisión del Supremo es bochornosa y hace muy difícil confiar en la justicia", lamenta Mejía, una de las afectadas por esta venta. Ella reside en una de las viviendas públicas que se vendieron a Fidere, lo que conllevó un aumento drástico del precio del alquiler para la mayoría de los inquilinos. Tanto Mejías como otros beneficiarios de estos alquileres sociales se enteraron de la venta por sus propios medios, pocos meses antes de que vencieran sus contratos. Los nuevos caseros solo ofrecieron a los inquilinos nuevos contratos con aumentos del alquiler de entre el 43% y el 80%, por lo que muchos abandonaron las viviendas, otros no tuvieron más remedio que acetar las subidas y otros decidieron dar esta interminable batalla judicial.

"Somos muchísimos los madrileños perjudicados por acciones políticas como esta. Nadie va a pagar las consecuencias salvo nosotros. Es vergonzoso, sobre todo ahora, que hemos visto lo esencial que es tener un techo y un refugio ante la pandemia", denuncia Mejías.

La Portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), Alejandra Jacinto, también muestra su decepción ante esta decisión del Supremo. "Sólo vemos impunidad", resume esta abogada que achaca la resolución a un "asunto procesal" que, sin embargo, "ha echado por tierra la posibilidad de seguir investigando la responsabilidad contable" de Botella y su equipo de Gobierno.

Tras conocerse el cambio de opinión del Tribunal de Cuentas, activistas y afectados se manifestaron en el Ayuntamiento para exigir al alcalde y a la Fiscalía General del Estado que recurriera la absolución que ahora es definitiva.

En declaraciones a la prensa, González, la edil del PSOE que trató de ejercer esta acción vecinal, ha dejado abierta la posibilidad de recurrir al Tribunal Constitucional este revés del Supremo. "Estoy valorando si aceptaré ese reto, ya que lo haría en mi doble condición", de vecina y de concejala municipal, precisa, uno de los aspectos por los que el Supremo ha desestimado su iniciativa.

¿Prevaricación y malversación de caudales públicos?

Tanto Mejía como Jacinto recuerdan que aún está abierta la causa penal contra esta venta considerada irregular por el Tribunal de Cuentas. En enero de 2019, el Juzgado de Instrucción número 38 de Madrid archivó la causa penal contra Botella y su equipo, ya que el juez no podía acreditar los delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos en esta operación. Sin embargo, tanto la asociación de afectados presidida por Mejías como el Grupo Socialista del Ayuntamiento de la capital y la propia EMVS —durante el mandato de Manuela Carmena— recurrieron esta decisión.

En mayo de 2019, la Audiencia Provincial de Madrid consideró que el caso debía reabrirse y revisarse el sobreseimiento y archivo. En el auto judicial, que no mencionaba a Botella, la Audiencia madrileña hacía hincapié en que el antiguo gerente de la EMVS, Fermín Uslé, y Alfonso Benavides, apoderado de la empresa compradora, Fidere "pudieran haber incurrido en responsabilidad penal por un presunto delito de prevaricación y malversación de caudales públicos".

"Hemos recurrido a todas las vías posibles, incluso a las que nunca se habían utilizado", recuerda Mejías, que reconoce tener pocas esperanzas en una justicia que "tiene unos tiempos muy diferentes a las necesidades de las familias". Su última esperanza, igual que la de más de mil afectados, es la causa penal. Tiene confianza en el trabajo del letrado Mariano Benítez de Lugo, que representa a la asociación de afectados y que ha conseguido algún varapalo judicial a esta causa que ha permitido a vecinos mantener los contratos anteriores a la venta. "Sé que tenemos razón, aunque no nos la den los tribunales", concluye la portavoz de los afectados.