Andalucía es la frontera sur de la España peninsular, de la UE continental, separada de África por unos pocos kilómetros de mar. Esta comunidad autónoma, a pesar de ser la más poblada de España y de su condición fronteriza, no está ni entre las tres primeras con más población extranjera ni en cifras absolutas ni relativas. Y aunque los bulos no dejan de extenderse sobre una realidad que dista mucho de ser la que algunos tratan de imponer para denigrar a la migración, los datos son los que siempre ayudan a comprender mejor lo que sucede. Y en este reportaje van unos cuantos.

En Andalucía, según las últimas cifras del Instituto Nacional de Estadística, residen 711.916 personas extranjeras, lo que representa el 8,6% de la población de la comunidad, es decir, tres puntos por debajo de lo que supone la migración en toda España, que se sitúa en el 11,6%. No obstante, el incremento de la población extranjera en la comunidad andaluza en los últimos veinte años es considerable, ya que en 2000 era casi seis veces menos, 128.916, y en 2018 superaba ligeramente los 620.000.

De los 711.916 extranjeros censados, la mayoría, 330.281, proceden de algún país de Europa, sobre todo de Reino Unido, Italia, Rumanía y Polonia, y después de África, fundamentalmente de Marruecos -157.113-, el principal país de origen de la migración en Andalucía, que constituye, además, la segunda colonia marroquí más importante en España después de la de Catalunya. China, Colombia y Venezuela son en otros continentes los orígenes más destacados de la población extranjera que reside en esta comunidad.

En colegios e institutos andaluces había matriculados el curso pasado algo más de 115.000 alumnos de origen extranjero, lo que supone el 6,5% del alumnado total, es decir, casi dos puntos por debajo del peso de la población migrante en la comunidad, que en muchos casos deja a la familia en su país para venirse a trabajar a España y mandar dinero a sus casas. El 85% de ese alumnado extranjero estaba matriculado en centros públicos, un porcentaje que en la media del alumnado general baja al 76%. Y en la universidad, la proporción de estudiantes de origen foráneo es menor que en las enseñanzas no universitarias, tan sólo un 4,5%, cerca de 10.500.

Un estudio realizado en 2020 por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), de la ONU, en colaboración con la Junta de Andalucía, sobre la realidad de la población migrante en esta comunidad autónoma, refleja que las razones económicas son el principal motivo de la salida de su país –el 74% en el caso de los procedentes del África subsahariana-, seguida de la necesidad de reunirse con su familia. Además, este sondeo revelaba que el 89% poseía un permiso de residencia y trabajo, y que un 9% era solicitante de asilo; que casi el 50% estaban casados y un 64% tenían hijos; que el 78% vivía en una vivienda o habitación alquilada, la mayoría compartida con entre tres y cinco personas, y que casi tres de cada cuatro hablaba más de un idioma y el 43%, más de dos.

En cuanto al empleo, el principal motivo que trae a Andalucía a la población extranjera, sobre todo a la extracomunitaria, el sondeo de la OIM revela que la mayoría de los hombres trabajan en los sectores de la hostelería, la agricultura, la construcción y el comercio, mientras que las mujeres se dedican fundamentalmente al trabajo y cuidado doméstico, la limpieza y la hostelería. En el momento de hacerse el estudio, la mitad trabajaba por cuenta ajena y uno de cada tres se encontraba en el paro.

El 87% de delitos, cometidos por españoles

Uno de los temas más habituales de los bulos que se difunden a través de redes sociales y canales de mensajería con el fin de denigrar a la población migrante es el de la delincuencia. Con ellos se trata de asociar el aumento de los delitos con una mayor presencia de extranjeros en nuestro país, sobre todo de procedencia magrebí, subsahariana y también latinoamericana. Los datos, sin embargo, también aquí revelan otra realidad completamente distinta.

Según el Portal Estadístico de Criminalidad del Ministerio de Interior, en Andalucía se registraron en 2020 –último año computado- 3.263 infracciones penales de todo tipo, de las cuales el 87% fueron cometidas por españoles y el resto, sólo en 429 casos, por extranjeros, de acuerdo con los datos procedentes de detenciones y personas investigadas por las Fuerzas de Seguridad del Estado y cuerpos de Policía Local.

La seguridad es una de las grandes preocupaciones, precisamente, de Vox, la formación de ultraderecha que consiguió, de alguna forma, incluir esta forma de ver la migración en el acuerdo de investidura con el PP, el que permitió a Juan Manuel Moreno Bonilla ser elegido presidente de la Junta en enero de 2019, cargo al que se presenta a la reelección en los comicios del próximo día 19. En el punto 27 de ese acuerdo se conminó al Gobierno andaluz a "cumplir con la legislación vigente en materia de inmigración, evitando todas aquellas decisiones que puedan favorecer un efecto llamada y combatir a las mafias que trafican con personas".

La presión de Vox en este terreno no cejó y en el acuerdo para aprobar los presupuestos de 2020, con la firma también de Ciudadanos, se instó a crear un órgano dentro de la Consejería de la Presidencia para gestionar la información en poder de la Junta de Andalucía para luchar contra las mafias del tráfico de personas y la migración irregular. En esa información requerida se incluyen los archivos de las tarjetas sanitarias que la Administración andaluza concede a personas extranjeras empadronadas para acceder a los servicios de salud, sin necesidad de estar regularizadas.

Sin embargo, parece que de momento la formación de ultraderecha, aún fuera del gobierno, a la espera de lo que pase en las próximas elecciones, no ha conseguido que se cumpla buena parte del contenido de esos acuerdos. Hasta la Consejería de Presidencia, Administración Pública e Interior aprobó en julio de 2021 una estrategia general de la Junta sobre migración hasta 2025 que no recoge esas reivindicaciones. Y ahora, durante la precampaña electoral, el dirigente máximo de Vox, Santiago Abascal, le ha reprochado a la Junta que aún no haya firmado con el Ministerio del Interior el convenio de colaboración al que se comprometió con su partido para erradicar la inmigración irregular y aprobar unos presupuestos.

"Un gobierno muy complaciente con discursos que refuerzan el racismo"

Pero no todo queda en papel mojado. Una lluvia fina parece que va calando, haciendo mella en la imagen de una parte de la población andaluza, cada vez más numerosa, cercana ya al 10%. Así lo ve José Miguel Morales, secretario general de la Federación Andalucía Acoge, una de las principales organizaciones en este ámbito, quien considera que el "tono general del gobierno andaluz ha sido muy complaciente" con discursos que generan división y refuerzan el racismo.

Sin embargo, según esta organización de acogida, no todo ha sido malo. También ha habido, a su juicio, un incremento de los fondos destinados a la inserción de los menores extranjeros cuando salen de los centros al llegar a la mayoría de edad, los estigmatizados menas por la ultraderecha, aunque, por el contrario, en el ámbito educativo apenas se ha avanzado ni tampoco en las políticas de sensibilización dirigidas la población escolar y general. De todo ello lo que queda "es un momento de gran incertidumbre", dice José Miguel Morales. "Hay cosas que han ido a mejor y otras a peor. Y no sabemos qué camino se va a tomar ahora. Lo que sabemos es que el discurso racista genera mucho daño y división entre la población", advierte el responsable de Andalucía Acoge.

Y la migración, según Morales, no es un tema baladí en Andalucía, puesto que una de cada diez personas que viven en esta comunidad son migrantes o hijos de migrantes o nacionalizadas tras haber llegado a España como migrantes. "Son ya una parte fundamental de Andalucía –añade-. No estamos hablando de otros, de gente extraña, sino de nosotros. Y las políticas que se hagan han de tener en cuenta a ese 10%".

En la Fundación Cepaim, otra de las organizaciones más importantes que trabajan en el campo de la migración en esta comunidad, también ven "mucha desinformación" interesada sobre la realidad de la población extranjera. "Es mentira que todas las ayudas sociales vayan destinadas a personas migrantes. Eso es un bulo como una casa. Por eso la gente tiene que conocer, tiene que saber", explica su director para Andalucía y Ceuta, Javier Pérez.

A juicio del responsable autonómico de Cepaim, hacen falta más proyectos, más iniciativas para fomentar la convivencia entre la población, en los barrios, en los colegios, "para romper los bulos, estereotipos" que acusan a jóvenes extutelados de ser violadores, a negros adultos africanos de ser traficantes de droga, por el simple hecho de ser de otro país, de otra cultura, por tener otro color de piel. "Hay que romper con los estereotipos", subraya.

La percepción que tienen los andaluces de la migración

La percepción mayoritaria de los andaluces no es, de momento, la que tienen algunas formaciones políticas. El estudio de la OIM reflejaba hace dos años que el 89% de los encuestados consideraba que la migración era positiva para Andalucía, y tres de cada cuatro aseguraban que su contribución era necesaria para la economía de esta comunidad. Sin embargo, el último informe que hizo el Observatorio Permanente Andaluz de las Migraciones, de la Junta, sobre opiniones y actitudes de los andaluces ante la inmigración, el de 2019, reflejaba que un 24% de la población autóctona ya la consideraba negativa y un 9% incluso la estimaba como muy negativa.

En cuanto al punto de vista de la población extranjera, el sondeo de la OIM revela que el 10% afirma haberse sentido discriminado al alquilar una vivienda y el 9% que había sufrido un trato diferenciado en cualquier otro ámbito de la vida cotidiana.

Entre 5.000 y 7.000 temporeros en chabolas

El acceso a la vivienda es, precisamente, uno de los mayores problemas que afronta la población migrante en Andalucía, sobre todo en las zonas rurales de las provincias donde se concentra un gran número de temporeros durante las campañas agrícolas, Almería y Huelva. En esas dos provincias hay, según los datos de las organizaciones de acogida y migración, y dependiendo de la época del año, entre 5.000 y 7.000 personas que viven en más de 150 asentamientos de chabolas hechas con plásticos, palés, cartones y otros restos de materiales utilizados en la producción agrícola de la que son mano de obra. Pueden trabajar, pero no hay una casa para ellos, porque no se las alquilan o porque son demasiado caras, y porque ni administraciones públicas ni empresarios se han ocupado de facilitarles al menos un albergue, como sí se hace, en cambio, para la recogida de la aceituna en la provincia de Jaén.

Los asentamientos llevan ahí años, décadas, muchos a la vista de todos, a las puertas de los pueblos freseros de Huelva, entre los invernaderos del potente sector hortofrutícola de Almería, pero como quien oye llover. Pasan los gobiernos en la Junta, cambian los alcaldes de los ayuntamientos, y todo sigue prácticamente igual. O peor. En esas chabolas murieron el año pasado cuatro personas -este año ha muerto otra-, a causa de los incendios que fácilmente arrasan unas construcciones altamente inflamables, sin ninguna seguridad, levantadas en terrenos sin acceso a agua, olvidadas de casi todo el mundo. El propio Relator de Especial de la ONU sobre la Pobreza y los Derechos Humanos Philip Alston se llevó las manos a la cabeza después de haber visitado uno de los asentamientos de Huelva. "Me encontré con trabajadores en un asentamiento para migrantes en condiciones que rivalizan con las peores que yo he visto en ninguna parte del mundo, incluso en campamentos de refugiados. Están a kilómetros del agua y viven sin electricidad o saneamiento adecuado", dijo.

"Es la situación más dramática, más dura, de la migración en Andalucía", asegura Javier Pérez, de Cepaim, de quien depende la única alternativa habitacional que existe actualmente en la provincia de Huelva para temporeros migrantes sin techo, un piso de la Red de Viviendas Solidarias para seis personas en Cartaya, junto al albergue abierto por la asociación Asnuci en Lepe.

José Miguel Morales, de Andalucía Acoge, tampoco ha observado avances en este campo en la legislatura andaluza que acaba de terminar. "Seguimos viendo –dice- que hay una población en estos núcleos que se incrementa gradualmente y que la Junta no genera un plan para erradicar esta realidad, en la que hay un vínculo claro entre el modelo agrícola andaluz y los asentamientos".

No obstante, algo ha podido cambiar en las últimas semanas a raíz de la visita del secretario de Estado de la Agenda 2030, Enrique Santiago, quien se reunió en Huelva a mediados de mayo con responsables de la Junta de Andalucía, alcaldes, sindicatos, empresarios y organizaciones sociales.

Enrique Santiago anunció que el Gobierno de España, aun sin ser administración competente en este tema, quiere implicarse en "una solución coordinada y definitiva", para lo cual su Secretaría de Estado tratará de coordinar a los ministerios que puedan contribuir con partidas presupuestarias de este ejercicio. Según informaron a este periódico fuentes de esa Secretaría, ya hay estudios para cada una de las zonas afectadas, que incluyen también las provincias de Almería, Murcia y Albacete, en los que se proponen diferentes soluciones dependiendo de si es población que vive temporalmente en los asentamientos o se ha asentado definitivamente en ellos. "De momento, la sintonía con la Consejería de Políticas Sociales de la Junta es plena y esperamos en breve presentar ya algo sólido", añadieron.

Las organizaciones sociales confían en que esto sea al fin el comienzo de algo para acabar con los asentamientos chabolistas de temporeros. "Hay que hacer un trabajo en red, entre administraciones, estatal, andaluza, municipal, las empresas, las organizaciones del sector, la ciudadanía también, para acabar con esta lacra", subraya Javier Pérez.

Vuelve a aumentar la llegada de pateras

Muchas de las personas que acaban en esas chabolas inmundas son las que llegaron a las costas andaluzas en pateras y que luego consiguieron regularizar su situación o no. El último informe de la Frontera Sur realizado por la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía refleja que las llegadas al litoral de Andalucía aumentaron el año pasado hasta alcanzar las 12.456, que son 2.250 personas más que en 2020. Sin embargo, esa cifra está todavía muy lejos de las 52.411 que se registraron en 2018, año en el que arribaron cientos de embarcaciones clandestinas a las playas de Cádiz, Málaga, Granada y Almería.

El destino de las pateras empezó a desviarse entonces hacia Canarias, sobre todo por el control ejercido desde el SIVE (Sistema Integrado de Vigilancia Exterior) y el mayor control de las fuerzas de seguridad de Marruecos en su costa. Los acuerdos de España y la UE con el gobierno marroquí provocaron un desvío de los flujos migratorios, pero no terminaron con los riesgos de la travesía, al contrario, los aumentaron al fomentar rutas más largas e inseguras hacia las Islas Canarias, que acaban generando un mayor número de muertes.

La Asociación andaluza de Derechos Humanos considera que el hecho de que hayan seguido llegando pateras a las costas andaluzas, e incluso aumentado su número, pone también de manifiesto que el SIVE no sirve para interceptar estas embarcaciones, "solo para llenar los bolsillos de quienes se enriquecen con la securitización de las fronteras".