El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha presentado, de forma inesperada y con muy poco tiempo para que el resto de partidos puedan analizarlo, un anteproyecto de ley en el que propone cambios y reformas para más de 30 normas. Entre ellas, se encuentra la creación de una Agencia de Contratación Sanitaria.

Esa nueva fundación que ha hecho levantar sospechas a la oposición y plataformas de defensa de la sanidad pública se recoge en el artículo 44 del llamado Anteproyecto de ley de medidas urgentes para el impulso de la actividad económica y la modernización de la Administración de la Comunidad de Madrid.

Entre su naturaleza, el Gobierno pretende que esta institución de nuevo cuño actúe "con carácter general con sometimiento al Derecho privado" y "actuará en la contratación de suministros, bienes y servicios que sean declarados de gestión centralizada en el ámbito sanitario". Fuentes jurídicas consultadas por Público consideran la primera oración "toda una declaración de intenciones" sobre futuras privatizaciones.

Entre sus fines se encuentran "promover la racionalización y simplificación de la tramitación de los expedientes de contratación", "agilizar la gestión de la contratación" y "acceder al mercado global de productos, teniendo capacidad para comprar en el extranjero materiales que se consideren, en atención a las circunstancias, críticos". 

Esta agencia se financiará mediante los Presupuestos Generales de la Comunidad, pero deja abierta la puerta a "donaciones y cualquier otra aportación voluntaria de entidades y particulares". 

Un órgano sin control parlamentario

En la memoria del impacto normativo por este anteproyecto se anuncia que, por la creación de la Agencia de Contratación Sanitaria, queda derogado el apartado 4 del artículo 6 del Decreto 24/2008 del Consejo de Gobierno, que daba pie a la instauración de la Central de Compras del Servicio Madrileño de Salud para la adquisición de bienes y servicios declarados de compra centralizada. Es decir, que ya había un organismo que cumplía esta tarea pero que será sustituido por otro que ha sido creado y anunciado con poco margen para su estudio. 

Además, la creación de esta agencia no se contemplaba en el Plan Normativo del Gobierno para la legislatura, por lo que sorprende que de golpe aparezca en esta ley ómnibus, que como denuncian desde la oposición, apenas les deja margen de actuación por los tiempos con los que está tramitando.

Las formas de actuar han levantado sospechas en los partidos de la oposición. Especialmente en Vanessa Lillo, diputada en la Asamblea por Unidas Podemos y portavoz de Izquierda Unida Madrid. "El PP plantea crear un órgano sin control parlamentario, cuya dirección será nombrada por el Gobierno. Es inevitable pensar en que estamos ante el enésimo chiringuito del PP y a su próxima trama de corrupción, similar al Caso Lezo y al uso que se hizo del Canal de Isabel II para robar a las ciudadanas y ciudadanos de nuestra Comunidad comprando y vendiendo cualquier patrimonio que se les antoje", aseguraba la diputada en un escrito. 

En esa línea de preocupación se han mostrado desde la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública, que aseguran que el anteproyecto "recoge toda una serie de cuestiones que solo favorecen la privatización del sistema sanitario regional y la ausencia de transparencia y control sobre esta actividad económica".

Falta de tiempo para el análisis de la oposición

El anteproyecto, que ha omitido el trámite habitual de consulta pública y reduce a la mitad el plazo de alegaciones, ha despertado el malestar en los partidos de la oposición madrileña.

Desde Más Madrid, líderes de la oposición, no dudan de "la voluntad del gobierno de ocultar el calado de las medidas que propone, dificultar el acceso de la sociedad madrileña y evitar rendir cuentas y asumir responsabilidades". De hecho, su líder, Mónica García, analizaba esta ley como la vía que "le pone la alfombra roja a la especulación y a los pelotazos urbanísticos, elimina la obligación de hacer públicas las agendas de los miembros del gobierno y los cargos públicos y atenta contra la independencia de la Cámara de Cuentas". 

Juan Lobato, secretario general del PSOE en la Comunidad de Madrid, ha levantado la voz contra el proceso de aprobación de esta ley: "Es un disparate dar siete días y en Navidad para estudiar y alegar la reforma de más de 30 normas. Si este ejemplo de opacidad y falta de transparencia va a ser el camino a seguir de la Agencia de Contratación Sanitaria que quieren crear, el peligro de sobre costes, contratos mal gestionados y despilfarro es enorme".