La organización internacional ILGA señala los recortes del Gobierno madrileño como parte de una "tendencia preocupante" en el mundo. El diciembre pasado, el Gobierno de Ayuso derogó parcialmente las leyes LGTBI y trans de la Comunidad de Madrid. Una decisión que llevó a numerosas manifestaciones y al propio choque con el Ejecutivo nacional que requirió a la presidenta madrileña tratar los cambios de sus leyes o las llevaría al Tribunal Constitucional. 

Ahora un informe publicado por la organización, una de las más importantes en la materia a nivel mundial, que examina el estado de los derechos LGTBI+ a nivel internacional en un momento de avance de la derecha y la ultraderecha, señala a España como un país pionero en establecer derechos para el colectivo mientras da un toque de atención sobre la Comunidad de Madrid.

Algunos de los avances que menciona el estudio están los recogidos en la Ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI que motivó el anterior Ministerio de Igualdad bajo el liderazgo de Irene Montero y que se aprobó en febrero del pasado año.

Progresos como la prohibición de las mal llamadas terapias de conversión, la aprobación de la autodeterminación de género de las personas trans, la eliminación de las cirugías de asignación de sexo para personas intersex o el amparo contra la discriminación por orientación sexual, identidad de género y expresión de género. Así como, la incorporación de las "características sexuales" a las categorías protegidas legalmente contra la exclusión.

ILGA nombra como "un camino constante de victorias legales" desde los años 2000 los avances dados en derechos LGTBI+. También los impulsados en la Comunidad de Madrid por el Partido Popular bajo el Gobierno de Cristina Cifuentes. Con la aprobación de la ley trans que incluía el reconocimiento de la autodeterminación de género (2016). En contraste, la organización denuncia el impacto del cambio del Gobierno de Ayuso que abre la puerta a la "evaluación médica" de las personas trans y vuelca su confianza en que prospere el recurso del Defensor del Pueblo contra la modificación. 

Gracias al amparo de la ley trans estatal, la mayoría de las cuestiones en donde se recortaba estaban blindadas sobre el papel. Pero, el recorte ya se estaba dando en la aplicación y dotación de recursos. ILGA habla, de todos modos, de "preocupantes cambios" y los menciona. Entre ellos, la eliminación del concepto 'identidad de género' de la ley trans, la recuperación de la expresión "condición de transexualidad" o la obligación para los menores trans de pasar por un examen pediátrico antes de recibir tratamiento.

Frente al retroceso en Madrid, el informe valora positivamente la nueva ley trans de Euskadi. Una norma que prohíbe la discriminación por razón de "género o identidad sexual" e incorpora la necesidad de escuchar a los menores trans en el ámbito sanitario. O incorporar planes para evitar la discriminación de las personas LGTBI+ en el trabajo. En la votación, el PP se posicionó en contra. 

España, cuarto puesto en derechos LGTBI+ en Europa

Aunque se están produciendo algunos avances en el reconocimiento legal del género y en la protección de las personas menores intersex a nivel internacional, los debates jurídicos para aprobar las leyes LGTBI+ están marcados por una fuerte oposición. Actitud que ILGA ve con claridad en todos los Estados miembros de la ONU.

Al mismo tiempo, la organización enfatiza en un retroceso en el derecho a la organización y manifestación del colectivo. "Hay estados intentando restringir el espacio cívico de las organizaciones no gubernamentales, en particular de las que se ocupan de la diversidad sexual y de género. Esta tendencia es extremadamente preocupante", asegura la directora ejecutiva de ILGA Mundo, Julia Ehrt.

A día de hoy, un tercio del mundo sigue criminalizando los actos sexuales consensuales entre personas del mismo sexo: 60 Estados miembros de la ONU lo hacen por ley, y otros dos lo hacen de facto.