"Nunca me imaginé que España me diera permiso para vivir y trabajar en el país y que sus bancos no me dejaran abrir una cuenta corriente". Ana se siente "engañada y estafada", y no es la única en esta situación. De hecho, su colectivo lleva mucho más tiempo ignorado por el sector bancario que las personas mayores que en las últimas semanas han abierto el debate sobre la falta de atención presencial en oficinas.

Ella llegó de Venezuela hace casi dos años y todavía está esperando la resolución definitiva de su solicitud de protección internacional. Por esa misma razón prefiere figurar con nombre ficticio, "para que no haya ningún problema", resume, "que bastante difícil es ya empezar de cero una vida y resolver la situación migratoria llegando 15 días antes de la pandemia", añade por teléfono desde València.

Ana, de 32 años, es también madre de un bebé de un año. Todo lo ha hecho prácticamente sola aquí. Su marido llegó hace menos tiempo, aunque ya con permiso de trabajo. Como su solicitud de asilo está admitida a trámite, puede buscar empleo e ir tranquila por la calle con la carta blanca que le garantiza que no acabará en un centro de Internamiento para Extranjeros por estar en situación irregular si la Policía la identifica. Pero ese papel no sirve para las entidades bancarias que ha visitado con insistencia durante los últimos meses. "Los bancos han sido y siguen siendo uno de mis mayores problemas", sentencia.

Como cualquier persona, Ana y su familia necesitan una cuenta corriente para poder ingresar una nómina, para pagar el alquiler o los recibos de la luz, "para hacer una vida normal", comenta. "Cuando voy a una entrevista de trabajo, lo primero que me preguntan es si tengo papeles y si tengo cuenta en el banco", advierte. Sin embargo, las tres entidades financieras en las que lo ha intentado no se lo han puesto nada fácil. El Santander y el BBVA ni siquiera le abrieron la cuenta. Con CaixaBank, después de insistir mucho, entregar la documentación requerida y contar con el respaldo de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), le abrieron una cuenta hace algunos meses, "pero me dijeron que no la utilizara", sostiene. Fue imposible no hacerlo, porque justo en diciembre encontró un trabajo temporal. "Cuando metí el dinero, me cobraron más de un 50%  de lo que ingresé como comisión. Más de cien euros", ilustra.

Cuenta de pago básica

No lo entiende. Ella había solicitado la apertura de una cuenta de pago básica. Los bancos están obligados a facilitar este tipo de instrumentos sin apenas comisiones para que personas en situación de vulnerabilidad no caigan en la exclusión financiera. Así lo reguló el Gobierno en un real decreto de 2017 cuya normativa se desarrolló más en profundidad en 2019. De hecho, es totalmente gratuita para determinados casos. Y la medida no ha sido iniciativa del Gobierno, sino que fue la transposición de una directiva europea  de 2014 que, hasta tres años después, no fue recogida en la ley española.

"Simplemente te dicen que esa cuenta no es posible abrirla, aunque sea tu derecho. Que no se puede por algún motivo. Te piden cosas que no son necesarias, como nóminas, empadronamiento... Te ofrecen si acaso otras cuentas con comisiones mensuales o trimestrales que una persona como yo todavía no se puede permitir", sostiene Ana.

Más de una decena de organizaciones de apoyo a migrantes, entre ellas, la Red Acoge, CEAR o Provivienda, han denunciado este martes que el problema de la exclusión financiera de migrantes y solicitantes de asilo no se ha resuelto en España. Solo en enero han recogido casi 300 incidencias de personas que no han podido abrir su cuenta o que les han sido bloqueadas. Pero esas son solo los casos de los que hay constancia. Estiman que hay miles de situaciones que no salen a la luz, "sobre todo por las dificultades para interponer reclamaciones por escrito", explica Natalia Slepoy, de Red Acoge.

Más del 80% de las incidencias contabilizadas, denuncian, son denegaciones "por motivos contrarios a la legislación vigente". Entre las razones están no reconocer los documentos de identidad como válidos o exigir documentación adicional que no está recogida en la normativa. "Te dicen literalmente: nuestro banco no reconoce esa documentación. ¿Acaso tienen ellos su propia ley?”, se pregunta Ana.

De las incidencias recogidas por las organizaciones, casi el 34% se han detectado en CaixaBank, a las que ahora hay que sumar el 10,1% registradas en la absorbida Bankia. Les siguen en incidencias el BBVA (18,5%) y Santander (12,8%), pero el problema se extiende hasta las cajas rurales.

El pasado junio, el Consejo para la Eliminación de la Discriminación Racial o Étnica (CEDRE) ya alertó de estas prácticas que califica como "discriminación indirecta" y que puede conllevar la caída en la exclusión social. "Es que necesito una cuenta hasta para recibir la ayuda económica por ser solicitante de asilo", ejemplifica Ana.

Sin sanciones a los bancos

En el comunicado de la Red Acoge recuerdan que ya son casi dos años de denuncia ante las entidades bancarias, el Banco de España, el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (SEPBLAC), el Ministerio de Consumo y diferentes grupos parlamentarios sin que haya cambios sustanciales. "Esto pasa, sobre todo, porque muchas personas no son capaces de dejar por escrito su reclamación. Bien por desconocimiento, por no hablar el idioma, por no haber asimilado el funcionamiento de la burocracia o por simples obstáculos", alega Slepoy. Sin reclamaciones, sostiene la experta, el problema es como si no existiera.

La ley que regula las cuentas de pago simple entiende como "sanción muy grave"  el incumplimiento de la norma. Y la sanción por infracción muy grave equivale al triple o al quíntuple del importe de los beneficios derivados de la infracción o de hasta el 10% del volumen de negocio neto anual total durante el ejercicio anterior a la infracción. También puede llegar hasta los diez millones de euros 10.000.000 de euros en algunos casos. "Pero los mecanismos no funcionan, no hay un seguimiento adecuado del problema y por eso no hay sanciones", alega Slepy.

El Defensor del Pueblo ha recibido "numerosas quejas" de personas extranjeras a las que se les ha denegado la apertura de cuenta básica por no contar con la Tarjeta de Identificación de Extranjero (TIE) u otros documentos, "cuando con el Número de Identidad de Extranjero (NIE) o con el de pasaporte debería ser suficiente", advierte. De hecho, el organismo aún espera una respuesta a las consultas que elevó sobre este asunto a la Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional. Fue el pasado mayo.

"Yo todavía no sé qué clase de cuenta me abrieron en CaixaBank, pero desde luego no es la que pedí, porque con ella no deberían cobrarme 114 euros en comisiones del día a día", alega Ana. Ha intentado reclamar, pero le dicen que lo haga a través de un correo electrónico o por teléfono. "Después nadie da la cara y yo no sé si voy a recuperar ese dinero", lamenta.

La familia sigue viviendo en un recurso de emergencia de CEAR, pero el objetivo es encontrar trabajo y poder alquilar su propia casa en poco tiempo. "Sin cuenta nadie me alquilará un piso. Así es imposible salir adelante", sentencia. Lleva casi dos años pidiéndole a conocidos que le paguen las cosas a través de sus cuentas o a sus padres que reciban los pocos ingresos que todavía tiene.