"El tiempo de los políticos se ha terminado". Los sindicatos de inquilinas consideran que "sobran los motivos" para pasar a la acción y tomar las calles este fin de semana. La desidia de las administraciones públicas, que "no hacen más que pasarse la pelota" para rascar votos entre la clase rentista, convierte el drama social de la vivienda en una tapia sin techo. El mismo techo que tampoco tienen las 15.274 familias que han perdido sus casas entre enero y junio de este año porque un fondo buitre las expulsó del mercado. Los datos son estremecedores: España cerró el primer semestre de 2024 con más de 80 desahucios diarios. El Gobierno, en cambio, presume de haberlos congelado. 

Esta no es la única estadística que hace saltar las alarmas. Las expectativas de los inquilinos que confían en comprar una vivienda se han diluido y heredar un piso deja de ser una opción para siete de cada diez españoles, según un estudio del Instituto de Investigación Urbana de Barcelona (IDRA). La mitad del parque inmobiliario está en manos de grandes tenedores y la vivienda pública apenas representa un 2,5% del total. El 14% de los inmuebles se pasan el año vacíos y los alquileres turísticos siguen destrozando el centro de las grandes capitales, reticentes a aplicar los "pocos mecanismos" que ofrece "una Ley de Vivienda ya de por sí descafeinada". La titular de la cartera, Isabel Rodríguez, insiste en culpar a las comunidades gobernadas por el PP: "Nosotros hemos hecho nuestro trabajo".

Desde la última crisis financiera, los salarios de los jóvenes sólo han crecido un 6,1%. Los alquileres, sin embargo, han subido un 40,7%. El caso de Madrid, donde las rentas se han multiplicado por dos en apenas una década, resulta particularmente "sangrante". La presidenta autonómica, Isabel Díaz Ayuso, saca pecho de boicotear la actual legislación y rechaza declarar en sus dominios Zonas de Mercado Tensionado: "No vamos a intervenir los precios de los alquileres". Es lógico –dadas las circunstancias– que los sindicatos, preguntados por las razones para movilizarse, digan que "sobran los motivos".

Cerca de 40 colectivos están detrás de la "gran manifestación" que pretende desbordar Madrid este domingo. Las protestas se extenderán durante las próximas semanas por otros territorios, como Gran Canaria, Málaga o València. Los objetivos son los mismos en todas las ciudades: bajar los alquileres y consagrar la vivienda como un derecho. "Hemos llegado a una situación límite con respecto a los precios de los alquileres. Tenemos cada vez más desahucios invisibles y las empresas de desokupacion actúan con total impunidad. Los barrios céntricos están completamente tomados por los pisos turísticos y destinamos la mitad de nuestros salarios a pagar la mensualidad. Llegó el momento de salir a las calles y organizarse", advierten desde el Sindicato de Inquilinas de Madrid. 

Los activistas defienden "una bajada de los alquileres inmediata del 50%", con la premisa de volver a niveles de 2013, y recurrirán "si es preciso" a una huelga general de inquilinos. Exigen, además, la paralización "efectiva" de los desahucios, ampliar el parque de vivienda pública y desarticular las empresas de desokupación. "La situación es crítica, tanto para las personas que quieren acceder a un alquiler como para las que buscan comprar un inmueble. El pueblo manda y el Gobierno tiene que obedecer. Ya basta de utilizar la vivienda como mercancía, hace falta sacarla del mercado. Si alguien puede conseguir transformaciones, es la organización popular", reivindica Alejandra Jacinto, abogada en el Centro de Asesoría y Estudios Fiscales (CAES) y columnista de Público. 

Los sindicatos también proponen devolver al mercado los "más de tres millones de pisos vacíos" que hay en todo el país y piden una serie de cambios fiscales. El periodista y escritor Jorge Dioni López, autor de El malestar de las ciudades, comparte sus propuestas en este sentido. "El alquiler debería tener una licencia, porque es una actividad económica. Esto entronca una serie de medidas que podrían tomarse para contener el rentismo, como la desaparición de deducciones fiscales, para evitar que las inversiones vayan al sector inmobiliario. Además, hace falta cambiar los grupos de contabilidad para que la vivienda deje de ser un posible activo financiero", señala. Los activistas también instan al Gobierno a prohibir los pisos turísticos y blindar los contratos, "haciéndolos indefinidos".

La organización popular, clave para conquistar derechos

"Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación". No sólo lo dicen los sindicatos de inquilinas, ni tampoco es una cuestión ideológica. El derecho a la vivienda digna lo recoge la Constitución Española en su artículo número 47. ¿Por qué los partidos políticos lo pasan por alto, si hasta lo dice la Carta Magna?

El Congreso tumbó –con los votos de PP, Vox y Junts– la propuesta de los sindicatos de inquilinas para regular los alquileres de temporada y de habitaciones, "dos de los mayores agujeros" de la Ley de Vivienda. El PSOE reconoce que "el problema es grave", pero se limita a pedir "solidaridad" a los propietarios para conseguir una bajada de los precios. Los populares, que lideran la oposición, hablan de "emergencia" y proponen volver a la política del ladrillo mientras rechazan aplicar –a modo "protestativo"– la normativa vigente. Los dos partidos con más representación en el hemiciclo –casi tres de cada cuatro escaños– siguen empeñados en escurrir el bulto a pocas horas de las manifestaciones. 

"El problema de la vivienda es demasiado importante como para dejarlo en manos de quienes llevan décadas sin poner freno a un sistema que cada día expulsa a más gente del mercado", precisan desde el Sindicato de Inquilinas de Madrid. Sumar ha pedido "condicionar" la financiación que reciben las comunidades del Estado y bloquear los fondos cuando incumplan la Ley de Vivienda. El PSOE, en cambio, apuesta por darle la vuelta a la tortilla y "premiar" a los gobiernos autonómicos que sí apliquen el reglamento. 

Alba Agraz, coordinadora del Área de Trabajo y Vivienda del think tank Ideas en Guerra, anima a la ciudadanía a secundar las protestas. "Las razones son infinitas. Los salarios han aumentado un 6,1% y los alquileres, mientras tanto, han subido un 40,7%. Sólo a través de las movilizaciones sociales podemos presionar a los dirigentes para que se pongan las pilas, porque su tarea es proteger a los vecinos, no a los rentistas", declara. España tiene una de las tasas de emancipación más elevadas de Europa y los jóvenes tienen que vivir con sus padres hasta los 30 años, pese a contar con trabajo e ingresos propios. 

"Todas las conquistas de derechos que se han conseguido a lo largo de la historia han sido posibles por la organización popular. Tenemos que salir a las calles y agitar el avispero lo suficiente como para lograr transformaciones profundas. Las cosas no pueden seguir igual después de una gran manifestación como la de este domingo", recalca Alejandra Jacinto. La marcha partirá de Atocha este domingo al mediodía y recorrerá el centro de la capital, hasta acabar en la Gran Vía. Los colectivos llevan trabajando en la convocatoria desde verano y aspiran a retomar el espíritu de las protestas de la PAH tras el pinchazo de la última burbuja inmobiliaria, todo ello bajo el lema La vivienda es un derecho, no un negocio.