La construcción de 1.500 viviendas –destinadas eminentemente a fines turísticos y segundas residencias- en el último tramo de playa no urbanizada de Orihuela parece inevitable. Con todo, hay quien no se quiere rendir e intenta salvar Cala Mosca hasta el último minuto.

Miguel Ángel Pavón, activista en Amigos de Sierra Escalona –una entidad ecologista local- recuerda que "todo el litoral del término municipal de Orihuela ya está construido, solo quedan dos ventanas [una zona conocida como la Mil Palmeras y la misma Cala Mosca] en los extremos sur y norte del término y en ambos casos hay proyectos urbanísticos en marcha". La urbanización de estos dos últimos espacios implicaría "tener un litoral totalmente masificado, dejaría la Sierra Escalona sin conexión natural con la costa y pondría en riesgo una importante población de jarilla de cabeza de gato, una especie vegetal protegida y en grave peligro de desaparición", continúa Pavón.

En una ofensiva final para evitar esta urbanización, el grupo parlamentario Unidas Podemos - Esquerra Unida ha presentado una Proposición No de Ley a les Corts para que rechazan la ejecución del proyecto de urbanización y solicitan al alcalde de Orihuela -Emilio Bascuñán (PP)- la creación de una mesa de negociación en la cual debería participar el propio gobierno local, todos los grupos municipales, la administración autonómica, el Gobierno del Estado y la mercantil Playa Salvaje, S.A., impulsora del proyecto.

En palabras de la portavoz adjunta de la coalición de izquierda, Estefanía Blanes, "queremos que se exploren todas las posibilidades jurídicas disponibles para revertir el programa y buscar soluciones alternativas que eviten la destrucción de un enclave natural único y de sus especies protegidas". Blanes también ha avisado que "lo que ocurra en Cala Mosca puede suponer un antes y un después en el modelo urbanístico que queremos". "Se trata de elegir entre continuar siendo un ejemplo internacional de urbanismo depredador subordinado a los intereses privados de grandes empresas, o buscar un modelo más respetuoso con el medio ambiente que ofrezca un futuro verdaderamente sostenible y sometido al interés general", ha afirmado.

La iniciativa parlamentaria llega a raíz de la inminente aprobación definitiva del Plan urbanístico con las últimas modificaciones obligadas por la consellería de Infraestructuras y Territorio. "En un primer momento, el equipo de gobierno quería presentar el tema al Pleno de marzo, pero denunciamos que omitía un informe y al final no lo hicieron. Así que imagino que lo harán en mayo o en junio como muy tarde", explica Carlos Bernabé, portavoz del grupo municipal Cambiemos Orihuela, principal opositor al proyecto junto con sus aliados de CLARO. Bernabé anuncia un plan de acción desde las dos formaciones "tanto desde la vertiente política como judicial y social". "Reconocemos que con la actual composición del Pleno [la coalición de PP y C’s gobierna con una cómoda mayoría] la capacidad de presión al equipo de gobierno es limitada, por eso estamos recopilando posibles negligencias para llevarlo a Fiscalía", continúa el regidor. En este sentido Bernabé es optimista y cree que hay "indicios suficientes" por el incumplimiento de los tiempos de exposición pública o el uso que considera irregular de unos terrenos que, en principio, habían sido adquiridos por finalidades de uso educativo. Finalmente, Bernabé también recuerda la gran impopularidad del plan urbanizador, que "genera un rechazo muy transversal en el municipio", por lo que no descarta nuevas movilizaciones como las que ya se produjeron el 2007.

La vía desaprovechada del Pativel

"La gran oportunidad de salvar Cala Mosca vino con el Pativel [Plan de Acción Territorial de la Infraestructura Verde del Litoral] –ahora suspendido parcialmente por el TSJCV- pero entonces el Botànic no movió un dedo para parar el proyecto", recuerda con amargura Miguel Ángel Pavón. De hecho, a pesar de que impuso ciertas restricciones y modificaciones en el plan inicial, la consellería de Territorio avaló el grueso del proyecto. "Algunas medidas, como la protección de la jarilla de cabeza de gato, imagino que las resolverán manteniendo las plantas en las zonas verdes, una solución que sirve para cumplir la ley pero no garantiza la viabilidad de la población", denuncia el activista ecologista.

Ahora toca aprobar el Plan de Acción Territorial de la Vega Baja y en las reuniones previas, los Amigos de Sierra Escalona han planteado la des-clasificación del área. "La premisa básica de las administraciones es que no quieren indemnizar, pero siempre hay alternativas, no tendrían por qué indemnizar en metálico, si no podrían cambiarlo por otro suelo, por ejemplo –continúa Pavón- pero tengo la sospecha que desde la Generalitat ya dan el tema por perdido y no tienen ganas de pelearlo".