El parón de la actividad económica se está cebando con los negocios de menor tamaño, a buena parte de los cuales el desplome de los ingresos por el parón de la actividad está llevando a una situación asfixiante: el grueso de las 638.652 pymes y autónomos que lograron aplazar el pago de los impuestos del primer trimestre de este año con las medidas extraordinarias del ‘escudo social’ siguen sin poder saldar esas deudas cuando ya han transcurrido cuatro meses, y cuando solo falta otro para que las cantidades pendientes de pago comiencen a devengar unos intereses de demora del 3,75% anual, algo que ocurrirá el 20 de septiembre.

"Evidentemente, la gente tiene un problema de liquidez terrible. Pensábamos que en verano iba a producirse una recuperación, pero el consumo está totalmente retraído. Parte del sector turístico ha cerrado y no se genera demanda para otros ramos que podrían tener actividad", explica Eduardo Abad, secretario general de UPTA, la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos, que advierte que "la bola se va haciendo cada vez más grande y va a dejar pequeñas las peores previsiones".

Los datos de la Agencia Tributaria dejan pocas dudas sobre los efectos que la desescalada tuvo en las cuentas de los autónomos y las pymes, ya que los 2.278 millones de euros aplazados en abril, cuyo día 20 debían liquidar, entre otros, el IVA, las retenciones a cuenta del IRPF de sus empleados y el primer plazo del Impuesto de Sociedades crecieron ligeramente al mes siguiente para descender con moderación y dejar un saldo deudor similar en IRPF y Sociedades y superior incluso en el IVA.

Y la situación se mantiene en niveles similares, según apuntan distintas fuentes, como consecuencia del enfriamiento de la actividad económica, que ha llevado al país a una situación oficial de recesión tras la histórica caída del PIB, que superó el 22% en los dos primeros trimestres del año. 

Intereses del 3,75% a partir del 20 de septiembre

El régimen de los aplazamientos, a los que podían acogerse los autónomos y las empresas que facturan menos de seis millones de euros y con un límite de 30.000 euros, ha ido variando conforme evolucionaban la pandemia y el confinamiento.

Antes de la declaración de estado de alarma iban a ser de seis meses para los tributos a liquidar entre el 20 de abril y el 30 de mayo, con los tres primeros exentos y con un gravamen de hasta el 1,875% para los tres siguientes. 

A partir de ahí, el fisco pasaría a considerarlo demora y le aplicaría el 3,75% establecido en los vigentes Presupuestos Generales del Estado (los de Rajoy del 2018), superior en más de tres décimas, según el Banco de España a los intereses que aplican las entidades financieras españolas en sus operaciones comerciales.

Posteriormente, el plazo para acogerse se amplió un mes y la carencia de intereses en otro, lo que sitúa el límite en el 20 de septiembre para, a partir de ahí, aplicar la demora, lo que equivale a aplicar un recargo conjunto de casi 95 millones anuales a los impuestos aplazados. Está por ver si el fisco cobra esa cantidad o acaba teniéndola que anotar como deuda creciente.

"En muchos casos no se generan recursos ni para operar"

"Todavía hay margen para tomar medidas", explicaron fuentes del Ministerio de Hacienda, que confirmaron que, por el momento, no está sobre la mesa la posibilidad de modificar a la baja las condiciones de los aplazamientos ante la evolución de la liquidez de los afectados.

En España hay 2,1 millones de empresas que facturan hasta seis millones de euros, según los datos de la Agencia Tributaria, y, según los registros del Ministerio de Trabajo, 1,99 millones de autónomos que operan como personas físicas, lo que supone que casi la sexta parte de los miembros de esos dos grupos se acogió a los aplazamientos por no poder hacer frente al pago de impuestos en abril.

"Con los rebrotes se están cerrando negocios", señala Abad, para quien "el problema es que en muchos casos no se están generando recursos ni para poder operar".

"No sabemos con certeza cómo va a evolucionar la situación, pero todo apunta a que a finales de este verano el panorama va a ser brutal, abrumador y desalentador. Me temo que nuestra previsión de cierre de 400.000 negocios de autónomos se va a ver superada", añade.

Un impacto de más de 3.300 millones pendiente de cobro

A este cuadro se le suma, explica, que la Agencia Tributaria, tal y como ha ocurrido otros años, ha aprovechado las devoluciones del IRPF de autónomos para compensar otras deudas impositivas que estos mantenían vivas. "La gente esperaba tener liquidez y se ha encontrado con las liquidaciones", anota Abad.

La Agencia Tributaria cifra en su último informe mensual en 3.355 millones de euros el descenso de la recaudación como consecuencia de las medidas de emergencia ante la pandemia y el parón de la actividad por el 'gran encierro'. 

El 70% de ese dinero corresponde a los aplazamientos, a los que se suman otros 795 millones por la suspensión de plazos, 14 por el efecto de los días inhábiles del estado de alarma, 11 por cambios de tributación y nueve más por el IVA cero para las compras públicas de mascarillas, gel hidroalcohólico y otro material sanitario para hacer frente a la pandemia.

Los dos primeros datos, los de aplazamientos y suspensiones, señala el informe, "son los importes netos; esto es, una vez deducidos los ingresos que se produjeron en mayo y junio", lo que confirma que la deuda siguió creciendo tras el confinamiento.

No obstante, el fisco confía en que "al tratarse tan solo de una dilación en los pagos, el impacto negativo calculado en los meses anteriores se irá reduciendo paulatinamente en los próximos según se vayan ingresando las deudas pendientes".

La crisis desploma un 14% los ingresos de Hacienda

En cualquier caso, la crisis desatada con la pandemia se está dejando sentir con fuerza en las arcas públicas, con una caída de los ingresos del 14,7% entre abril y junio y una del 11% si se toma como referencia todo el primer semestre: 77.795 millones de euros, casi 10.000 por debajo de los 87.456 del año anterior.

La evolución es consecuencia de una combinación de factores en la que confluyen, principalmente, las menores retenciones a cuenta del IRPF por la menor ocupación, el brutal achique del mercado laboral y los menores ingresos de quienes han pasado por los ERTE  y el cese de ac actividad y, también. la caída del IVA por el desplome del consumo, a los que se irán sumando los efectos de la situación económica en Sociedades y en los Impuestos Especiales.

No obstante, dos de estos últimos están paliando la caída global a base de aportaciones procedentes en gran medida de las familias: el de Hidrocarburos sobre los combustibles líquidos, que el Gobierno de Rajoy arrebató a las comunidades autónomas para encarecerlo en lo que se conoció como ‘el gasolinazo’ de Montoro, ha aportado 53 millones más que el año pasado, mientras que el fin de los seis meses de suspensión del que grava la electricidad  generó otros 530 solo entre abril y junio.