La Comisión Europea quiere prorrogar al menos otros diez años la licencia para el uso del glifosato, un activo del herbicida Roundup de Baryer que lleva años en entredicho por su incidencia en la salud de las personas. La autorización para su uso en los cultivos de Europa caduca el próximo 15 de diciembre y Bruselas quiere alargar su vida, a pesar de la oposición de los colectivos ecologistas y de algunos países.

En 2015, la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC), un departamento especializado de la Organización Mundial de la Salud, incluyó al glifosato dentro de la categoría de sustancias probablemente carcinogénicas para seres humanos, lo que generó una crisis en el seno de la Unión Europea, pero también en algunas regiones de América Latina, donde muchos relacionaren la elevada prevalencia de cáncer en zonas agrarias de Argentina o Colombia donde los campos se fumigan con avionetas usando este tipo de sustancia.

Meses después de la publicación de la OMS, la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA, por sus siglas en inglés) publicaba una evaluación radicalmente opuesta en la que justificaba el uso del glifosato por la baja probabilidad de que "suponga un riesgo carcinógeno en humanos". Este informe es el que sirvió entonces a la Comisión Europea para conseguir aprobar una prórroga de su uso durante nueve años, la cual caduca a finales de 2023.

Durante los últimos años, el debate en torno al uso del glifosato ha permanecido apagado y dentro del ecologismo y en algunos sectores de la Unión Europea se daba por sentado que no habría más prolongaciones para su empleo en agricultura. Sin embargo, de nuevo la Comisión se ha apoyado en un reciente informe de la EFSA del mes de julio para justificar la renovación de las licencias. Este viernes, los países se reunirán para debatir la propuesta y considerar si hay un consenso suficiente como para alargar la vida del agroquímico otra década. Se espera que la votación final se produzca a principios de octubre.

"La Comisión Von der Leyen empezó la legislatura presentando un pacto verde europeo y la va a terminar fomentando el uso de energías fósiles, aceptando la nuclear como energía verde y, ahora, permitiendo durante una década una sustancia que es altamente peligrosa para la biodiversidad, en lugar de promover técnicas naturales para evitar las malezas en los cultivos", expone a Público Sira Rego, eurodiputada de Unidas Podemos y vicepresidenta del eurogrupo The Left. "No creo que sea casualidad que un par de meses después de que Bayer anunciara pérdidas de 2.000 millones de euros por la caída de ventas del glifosato, la Comisión anuncie esto", agrega.

Florent Marcellesi, portavoz de Los Verdes Equo, califica de "inaceptable" la nueva propuesta de la CE. "A un año de las elecciones europeas es una clara señal de Von der Leyen para ganar el respaldo de las derechas, pero va en contra de la salud de las personas, la seguridad alimentaria y la biodiversidad", indica el político ecologista, que reclama que el Gobierno de España se posicione en contra la "propuesta nociva" realizada por la Comisión. 

Koldo Hernández, coordinador del área de Tóxicos de Ecologistas en Acción, critica con dureza la iniciativa de Bruselas. "Permitir prolongar el uso del glifosato en estas condiciones es seguir dando una carta blanca para que nada cambie. Mientras esto siga así, la contaminación química de cultivos y ríos seguirá creciendo", denuncia. "La posición de la Comisión Europea es cobarde, se está apoyando en un informe de la EFSA, que no es un organismo científico, que justifica la prórroga en que no hay una preocupación 'crítica'. Que no haya un peligro crítico no quiere decir que sea seguro. Están convirtiendo una decisión que tendría que tener una base científica en una decisión política", argumenta.

El glifosato, en todas las cuencas de agua de España

La presencia del glifosato en España no es anecdótica. El último estudio publicado por Transición Ecológica en el mes de julio de 2023 revela que esta sustancia ha sido identificada las aguas de todas las demarcaciones hidrográficas del país.

En aguas superficiales, la presencia de este tóxico supera los valores legales permitidos (0,1µg/L) en el 30% de los puntos analizados, lo cual es calificado por el propio ministerio como una "proporción muy elevada". Los datos de la red de abastecimiento de agua también recogen presencia de glifosato en aguas potables, "no sólo en zonas de captación, sino también en el resto de los puntos de muestreo, con valores, en ocasiones, muy superiores" al límite legal.