Un sondeo realizado recientemente por la Associació de Planificació Familiar de Catalunya i Baleares, desvelaba que el 80% de las mujeres de hasta 30 años desconocía que el aborto era gratuito en nuestro país y la mitad de las que tienen menos de 30 años ignoraba que podían abortar por voluntad propia. Un dato más: dos de cada tres menores de edad demostraban tener una información equivocada sobre el derecho al aborto.

No es casualidad. Esta pequeña muestra, realizada a un grupo de 200 mujeres de entre 14 y 30 años de Barcelona, pone de manifiesto el gran desconocimiento sobre los derechos sexuales y reproductivos que existe en nuestro país, a pesar de que se trata de derechos humanos, reconocidos en los principales instrumentos internacionales y trasladados a nuestra legislación, lo que los hace de obligado cumplimiento.

Se trata de  un conjunto de disposiciones que se refieren a la libertad de decidir sobre su cuerpo e incluyen, entre otros, el derecho a obtener información precisa sobre estos asuntos; acceder a servicios de salud sexual y reproductiva, incluidos los de contracepción; elegir si desea casarse, cuándo y con quién; decidir si quiere tener hijos, cuántos y cuándo; y a hacer todo esto libres de violencia.

En España estos derechos están recogidos principalmente en la Ley de orgánica de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo que se aprobó en el año 2010 pero, según reconocen las expertas consultadas, ni se conoce en profundidad, ni se cumplen gran parte de sus postulados. Las expertas identifican como las principales causas de este hecho la falta de información adecuada y libre de estereotipos por parte del Estado y la presión de los grupos ultra conservadores.

 Aquí recopilamos algunas de las trabas con las que se encuentran quienes desean ejercer estos derechos.

Derecho al aborto

Según la ley aprobada en 2010, cualquier mujer puede decidir  interrumpir su embarazo libremente durante las primeras 14 semanas de gestación, y por prescripción médica hasta la semana 22 si existe riesgo para la vida o la salud de la embarazada o graves anomalías del feto. 

La interrupción voluntaria del embarazo es gratuita y debe estar incluida en la cartera de servicios comunes de todo el sistema nacional de salud, garantizando su acceso independientemente del lugar en el que se resida.

También estipula que los abortos deben ser realizado en centros públicos y si, "excepcionalmente" no esto no fuera posible, "las autoridades sanitarias reconocerán a la mujer embarazada el derecho a acudir a cualquier centro acreditado... con el compromiso escrito que garantice su gratuidad". La ley reconoce también el derecho de objeción de conciencia de los médicos, pero advierte de que es un derecho individual que no puede menoscabar el derecho de la mujer de interrumpir el embarazo. 

La realidad en España es bien distinta, tal y como denuncian las organizaciones que trabajan en la defensa de los derechos de las mujeres. "En nuestro país existe una tremenda inequidad territorial, no sólo entre las distintas autonomías, sino dentro de los propios territorios y cada uno de los centros de salud gestiona este derecho como quiere y como puede", afirma Silvia Adalvert, coordinadora de la Associació de Planificació Familiar de Catalunya i Balears. "Existe una evidente desigualdad entre regiones. No tienen el mismo acceso al aborto las mujeres que viven en Barcelona, que las que viven en el Pirineo o en pueblos más pequeños", añade. 

En España, como en otras partes del mundo, las dificultades para acceder al aborto "afectan de manera más desproporcionada a las mujeres empobrecidas y que viven en áreas rurales. Las mujeres pobres se ven forzadas a recurrir a procedimientos inseguros en todo el mundo", afirma Stefanny Molina, abogada de la organización Women´s Link Worldwide.

Para este experta, otra de los incumplimientos de la ley es el hecho de que, en numerosas ocasiones los responsables sanitarios no dan información "adecuada, oportuna y veraz" para negarse a atender a mujeres en situación de emergencia obstétrica, "ocultando cuestiones relativas al feto para alargar los plazos o en casos de embarazos no deseados para que no se pueda abortar".

Un ejemplo de esta práctica es el caso de Ana, una  mujer a la que un centro de salud de Murcia negó toda información sobre la grave anomalía que sufría su feto impidiendo que pudiera abortar de forma digna, lo que le causó importantes daños físicos y psicológicos. Women's Link denunció al servicio de salud de Murcia por este caso.

Otro de los obstáculos al ejercicio de este derecho es el abuso que se hace de la objeción de conciencia. "Este es un derecho individual, no institucional. Es decir, un hospital, un centro médico, no puede hacer objeción de conciencia. Sin embargo en nuestro país hay una objeción encubierta", afirma Silvia.

Si bien la ley establece que las interrupciones voluntarias del embarazo se tienen que realizar preferentemente en centros públicos, el 90% de los abortos en nuestro país se realizan en clínicas privadas. Así lo denunció un estudio realizado por la Coordinadora Estatal de Organizaciones Feministas en 2016. 

Acoso a mujeres y profesionales. En nuestro país tampoco se garantiza el poder ejercer estos derechos de forma "libre de presiones, discriminación y violencia", tal como recogen los convenios internacionales y la propia legislación española. La Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción Voluntaria del Embarazo (ACAI), ha denunciado en diversas ocasiones la persecución y hostigamiento que grupos ultraconservadores ejercen contra las mujeres que acuden a las clínicas a abortar y contra los profesionales que realizan los abortos. 

Según fuentes de esta asociación, en ocasiones las protestas son violentas y la persecución a los profesionales se produce en lugares públicos y en el entorno de su familia. 

A pesar de que esto ocurre desde hace años (es habitual la concentración cada sábado frente a estos centros), no ha habido ninguna respuesta por parte del Gobierno ni de las autoridades locales, ni una acción decidida por parte de los distintos partidos políticos con los que esta asociación se reunió en diversas ocasiones. "Existen numerosos ejemplos de cómo países de nuestro entorno están protegiendo los derechos de las mujeres y los profesionales que se podrían adoptar aquí", afirman desde ACAI. En Francia existe una ley que considera el delito  de "obstaculizar el aborto voluntario, sancionado con penas de dos meses a dos años de cárcel. La legislación establece un cordón de seguridad alrededor de este tipo de centros médicos que impiden el acoso.

En otros países como Alemania o Austria existe jurisprudencia que detiene a los miembros de las organizaciones antiabortistas o permiten a la policía dispersarlos. En nuestro país, la policía no interviene para impedir concentraciones que no superen las 20 personas. Desde ACAI relatan cómo un muchas ocasiones las fuerzas de seguridad no acuden a sus llamadas, incluso cuando han denunciado que los grupos reunidos frente a las clínicas tienen actitudes violentas.

Acceso a los anticonceptivos

La ley garantiza el "acceso universal a prácticas clínicas efectivas de planificación de la reproducción, mediante la incorporación de anticonceptivos de última generación cuya eficacia haya sido avalada por la evidencia científica, en la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud". Es más, en su disposición adicional tercera, la ley establece un plazo de un año desde su aprobación para esta inclusión en el sistema de salud.

Según las expertas, el incumplimiento de la ley en este tema es total. "Ni son gratuitos, ni en muchos casos cofinanciados" afirma Adalvert. En este tema, también, existe una desigualdad territorial importante, "porque si bien en algunas autonomías se financia (como en Andalucía), en otras las mujeres tienen que pagarlo completo de su bolsillo, sin ningún tipo de subvención". Esta experta denuncia también que no está garantizado el acceso a los anticonceptivos de última generación, entendiendo por estos los más avanzados y que científicamente han demostrado la mayor eficacia. 

Acceder a la conocida como píldora del día después, o anticonceptivo de emergencia, es otro de los problemas. Debido a la dificultad de conseguirlos en los centros de salud, un decreto permitió su venta en farmacias sin necesidad de recetas, pero esto tampoco se cumple en todos lados. Aquí también existe una importante dosis de objeción de conciencia, puesto que algunos farmacéuticos se han negado a venderlos. 

La junta de Andalucía sancionó en 2008 a un farmacéutico por negarse a vender preservativos y píldoras postcoitales. Sin embargo, el Tribunal Constitucional reconoció en 2015, en una sentencia muy dividida, su derecho a objetar en relación al anticonceptivo de emergencia, afirmando que se había "vulnerado su derecho a la libertad ideológica". El tribunal rechazó, sin embargo, concederle el amparo para los profilácticos porque entiende que en este supuesto no puede darse “ningún conflicto de conciencia con relevancia constitucional”. La sentencia fue considerada por muchos, como ideológica.

Educación sexual, la gran olvidada

La información y la educación afectivo sexual y reproductiva en los contenidos
del sistema educativo figura también como uno delos puntos clave en los derechos humanos relacionados con la sexualidad y la reproducción.

Según las expertas consultadas, este es uno de los derechos que más se incumplen de todos porque no existe una regulación concreta de lo que se tiene que trabajar en las escuelas y lo que se hace es absolutamente discrecional. ¿Se incumple la ley? Es relativo, explican las expertas consultadas. Tanto el Gobierno central como muchos gobiernos autonómicos afirman que realizan talleres, "pero no es un plan organizado y basado en evidencias científicas", advierte Adalvert.

Pero que este plan no exista,advierte, no quiere decir que no se esté haciendo. "La educación sexual puede ser enseñar la abstinencia. Existe una moral en este tema y se está negando a los menores y a la juventud el derecho a la información real y veraz. En muchos casos, esta formación consiste simplemente en una charla en la que se enseña a los jóvenes cómo utilizar condones, sin entrar en la parte afectivo sexual y la complejidad de las relaciones. 

A principios de enero, la UNESCO actualizó su manual de educación sexual para jóvenes y niños, una guía que está destinado a escolares de entre cinco y 18 años y llamó la atención sobre la "la necesidad urgente de educación sexual de calidad" para atajar problemas como la violencia de género, el embarazo precoz, las enfermedades de transmisión sexual, el VIH y el sida.