Todo empezó en la pradera de San Isidro. Decenas de activistas por el derecho a la vivienda de Madrid y afectados por desahucios derivados del impago de hipoteca o alquiler realizaron un escrache a la candidata de Ciudadanos a la Alcaldía de Madrid, Begoña Villacís. Rápidamente, la mayoría de medios e incluso adversarios políticos se solidarizaron con la concejala naranja, que estaba a punto de dar a luz. Las razones del escrache no eran diferentes a las de la primera campaña de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) en 2013 a los políticos que votaron en contra de tramitar en el Congreso la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que el movimiento elaboró y presentó con el aval de más de un millón y medio de firmas para paliar el drama más descarnado de la última crisis económica.

En Madrid, en 2017, ocurrió lo mismo con la iniciativa legislativa, aunque a nivel autonómico. Ciudadanos y PP impidieron que la única ley de vivienda autonómica que alguien ha puesto sobre la mesa en la Comunidad no fuera ni siquiera debatida ni votada. Con más de 75.000 firmas, la PAH de Madrid y otros colectivos promotores se quedaron a las puertas de la Asamblea con el trabajo de más de un año tirado a la papelera. Tras lograr que PSOE, Más Madrid y Podemos se comprometieran por escrito a llevar de nuevo la actualizada ILP autonómica sobre vivienda al primer pleno tras las elecciones, los colectivos promotores anunciaron que protestarían contra los únicos partidos (PP y Cs) que rechazaron la propuesta, que sólo pasa por debatir y votar.

Sin embargo, los medios sólo recogieron que Villacís, en avanzado estado de gestación, había sido “víctima” de un escrache, de persecución y de intimidación; olvidando de nuevo que son precisamente las víctimas las que participan y organizan los escraches y que los tribunales ya dejaron claro que este tipo de protestas están amparadas en los derechos de libertad de expresión y manifestación. No fue en la puerta de su casa, sino en un acto de campaña electoral, y Villacís no fue la única señalada —de hecho, precisan varios miembros de la PAH Madrid, el objetivo era el candidato de Cs a la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado—. Los activistas también han hecho lo mismo con la alcaldesa, Manuela Carmena, durante sus actos de campaña, por ejemplo, sin que los grandes medios ni los partidos políticos levantaran tanto la voz.

La polémica subió de tono cuando diversos medios se hicieron eco de que no todo el movimiento por la vivienda de Madrid apoyaba estas acciones, y citaban a la “PAH Madrid”, una escisión de la plataforma que, desde 2016, maneja las redes sociales y las cuentas de correo de lo que fue inicialmente este colectivo. Se trata de un grupo de activistas que, según fuentes de la PAH, no cuenta con el respaldo de la plataforma a nivel estatal y que van al margen de las decisiones y líneas de actuación de las diferentes plataformas antidesahucios de la región, organizadas en la Coordinadora de Vivienda de Madrid. Este grupo se desmarcó de la campaña de escraches y criticó que los activistas pusieran el foco en una mujer embarazada, aunque recordaba que no han sido precisamente pocos los desahucios en los que se ha dejado en la calle a mujeres con niños recién nacidos o cercanas al parto.

Quién es quién

Fuera ya de la polémica, lo que ha puesto de manifiesto este recurrente episodio es que los actores que dan la batalla contra la especulación inmobiliaria y por el derecho a la vivienda de Madrid son varios y se entremezclan, autónomos pero intercomunicados; en continua transformación ante fenómenos nuevos y con varias luchas comunes en torno a uno de los principales problemas para los madrileños: poder acceder a una vivienda en un contexto de salarios a la baja y precios disparatados. Entre los organizadores de los escraches estaban las diferentes PAH de la Comunidad de Madrid, agrupadas en la Coordinadora de Vivienda, el Sindicato de Inquilinos e Inquilinas de Madrid, el colectivo Lavapiés, ¿dónde vas? o la Plataforma de Afectados por la Vivienda Pública y Social (PAVPS). Cada colectivo se centra en un área, pero todos comparten espacios y, a veces, estrategias.

Vecinos del barrio de Lavapiés y activistas antidesahucios se concentran para evitar un desahucio en la calle Argumosa de Madrid .-JAIRO VARGAS

Una década de la PAH

La Plataforma de Afectados por la Hipoteca nació en Barcelona en febrero de 2009, pero no fue hasta pasado aquel fértil 15 de mayo de 2011 cuando tomó impulso. Con la actual alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, como portavoz, logró introducir el discurso de que los desahucios por impago de la hipoteca no eran culpa de los desahuciados, que no había derecho a perder una vivienda y continuar pagando un deuda de por vida y que la crisis inmobiliaria era, en realidad, una estafa. La PAH llevó al máximo exponente aquella frase que se repite en cada asamblea de afectados, “no estás solo”. Hizo de la paralización de desahucios en la misma puerta de la casa una seña de identidad del colectivo que comenzó a proliferar en todas las ciudades españolas. Tras una década de vida y más de 50.000 desahucios paralizados, actualmente hay más de 250 nodos organizados según territorios (ciudades, pueblos y barrios) que se encargan de protestar, asesorar, mediar y denunciar situaciones de vulnerabilidad.

Coordinadora de Vivienda de Madrid

Las diferentes PAH territoriales, explican diferentes activistas, se organizan regionalmente en coordinadoras que reúnen también a otros grupos surgidos del 15-M, como los colectivos Stop Desahucios. De hecho, en algunas ciudades y barrios madrileños no existe una PAH, sino un colectivo Stop Desahucios. Tienen reuniones semanales donde deciden las líneas de actuación, las acciones de denuncia y planean los acompañamientos a afectados. La madrileña está formada por la PAH de Madrid, la de sus distintos barrios y distritos, además de las comisiones de vivienda surgidas del 15-M que dieron lugar a los grupos Stop Desahucios del 15-M.

También se integra la Plataforma de Afectados por la Vivienda Pública y Social (PAVPS), que nació en 2013 como respuesta a los desahucios en viviendas sociales de las empresas públicas del Ayuntamiento (EMVS) y de la Comunidad (AVS, antiguo IVIMA), y ha sido y es punta de lanza en la pelea judicial contra la venta de miles de viviendas sociales a fondos buitre por parte de los Gobiernos del PP, recuerda la abogada Alejandra Jacinto, que comenzó participando en esta plataforma y, actualmente, es portavoz de la PAH en Madrid. “Todo está interconectado, muchas personas participan en diferentes colectivos y todos nos ayudamos cuando hay un conflicto concreto”, desarrolla.

Si bien la PAH comenzó al calor de los desahucios por impago de hipoteca, “hay muchos casos que están suspendidos por las resoluciones del Tribunal Europeo de Justicia sobre cláusulas abusivas en las hipotecas y también por la moratoria que introdujo en 2013 del Gobierno del PP”, apunta Jacinto, que destaca que eso “no ha hecho que deje de haber desahucios”, ya que el aumento de los precios de los alquileres también está “colocando el número de desahucios en los peores niveles de las crisis, según los datos del poder judicial”, añade. Por eso, desde hace años, la mayoría de desahucios que la PAH ha intentado paralizar eran derivados del impago del alquiler, puntualiza.

Lavapiés, ¿dónde vas?

En primavera de 2016 nació el colectivo Lavapiés, ¿dónde vas?, un espacio de confluencia entre personas que ya militaban en diferentes colectivos sociales. “Fue una respuesta a la deriva que iba tomando el barrio desde hacía años, donde la llegada de nuevos agentes han modificado y siguen modificando la forma de vida de los vecinos”, explica Fernando Bardera, miembro del colectivo. En resumen, se creó como reacción a procesos como la gentrificación, la turistificación y la consolidación de la hostelería y la precariedad que traen aparejadas y terminan por expulsar de sus barrios de toda la vida a los vecinos.

En materia de vivienda, uno de los primeros caballos de batalla fue la explosión de los llamados pisos de uso turístico en Lavapiés, lo que se conoce como efecto Airbnb. “Son viviendas que salen del mercado del alquiler tradicional y reducen la oferta, por lo que el precio aumenta”, resume. Pero también denunciaron otro fenómeno que ya había causado estragos en otros barrios como Malasaña. “Empresas o fondos de inversión compraban edificios enteros para reformar los pisos y alquilarlos a mayor precio. Es un problema actual muy grave de los centros de la ciudades y afecta tanto o más que los alquileres turísticos”, expone. Lavapiés, ¿dónde vas? Quiso visibilizar esta problemática “de forma más desenfadada” o performativa. Por ejemplo, convocaron una satírica manifestación de turistas que recorría el barrio con sus maletas con ruedas. “Pero también podemos acudir a parar desahucios o participamos en los escraches a políticos para que se debata la ILP de la PAH”, prosigue Bardera, que también destaca que confeccionaron una base de datos de edificios enteros comprados por una misma empresa en el barrio. La moratoria del Ayuntamiento para conceder licencias a viviendas de uso turístico llegó en parte “gracias a la denuncia y presión de este y otros colectivos”, opina el activista.

Sindicato de Inquilinos e Inquilinas de Madrid

Activistas antidesahucios y vecinos de Lavapiés celebran la paralización del desahucio de Pepi por mandato de las Naciones Unidas.- JAIRO VARGAS

Ante el aumento de los precios de los alquileres, primero en el centro de las grandes ciudades como Madrid y Barcelona y, más tarde, en otras zonas ya periféricas, cada vez más inquilinos se encontraron sin posibilidad de alquilar y mucho menos de comprar en zonas donde siempre había vivido un perfil concreto: jóvenes con trabajos no muy bien pagados. Para denunciar esta deriva que ha recibido el nombre de “burbuja del alquiler” nació el Sindicato de Inquilinos e Inquilinas de Madrid en mayo de 2017. Lo hizo siguiendo el camino del Sindicat de Llogaters de Barcelona. Fue un “llamamiento a la sociedad civil madrileña” que “nace de la conciencia de muchos inquilinos que vimos que el único recurso a nuestra disposición para acceder a una vivienda se nos estaba dificultando demasiado”, explica Marina Rubio.

El Sindicato de Inquilinos denuncia “la fluctuación del precio del alquiler por las leyes del mercado en un país donde el inmobiliario es sólo un bien de inversión”, un negocio más que un derecho, especifica la activista. “Hemos visto subidas del precio que no se corresponden con un aumento de los salarios de la población. Así se ha convertido en un problema muy extendido”, destaca.

El sindicato se reúne en asamblea cada 15 días para estudiar los casos de los afectados que pasan por allí y tratar de negociar con los propietarios para buscar soluciones que permitan a los inquilinos mantener sus viviendas. Aunque también sirven para decidir acciones de presión para lograr cambios legislativos. “Estamos presionando junto a la PAH para reformar a nivel estatal la Ley de Arrendamientos Urbanos para que protejan más al inquilino, pero también apoyamos a nivel autonómico la Ley de la vivienda de la PAH de Madrid”, desgrana Rubio.

La activista destaca la campaña “Nos quedamos”, una forma de “luchar contra lo que llamamos desahucios silenciosos, es decir, inquilinos que tiene que irse a otra vivienda por subidas abusivas del precio o porque el casero se niega a renovar el contrato”, explica. Se refiere sobre todo a grandes tenedores de vivienda, fondos de inversión o inmobiliarias. "Actuamos contra ilegalidades o contra decisiones amparadas por la ley pero que consideramos que se deben pelear", sostiene Rubio. Aunque el sindicato no se integra en la Coordinador de Vivienda de Madrid, sus integrantes no descartan que acaben confluyendo, ya que participan juntos en campañas como la de Bloques en Lucha, cuyo mayor exponen ha sido la batalla del edificio del número 11 de la calle Argumosa, en Lavapiés.