La demolición del asentamiento de Walili en Níjar forma parte del primer plan de realojo que se lleva a cabo en toda Almería para los cientos de trabajadores migrantes que viven en chabolas. Es la primera iniciativa que un ayuntamiento de esa provincia pone en marcha para cumplir con el acuerdo que puso fin a los graves incidentes racistas en El Ejido en el año 2000: construir viviendas para acabar con los guetos. Sin embargo, la gestión del realojo ha generado muchas críticas y la mayoría de los habitantes de Walili se ha ido a vivir a otro asentamiento chabolista.

Los incidentes de El Ejido, el mayor ataque xenófobo ocurrido hasta ahora en España del que se cumplirán 22 años el próximo lunes, se cerraron con un acuerdo suscrito entre organizaciones empresariales, sindicales, trabajadores migrantes y Administraciones públicas, que estableció una serie de compromisos para evitar que se reprodujeran episodios como el de la jauría humana que persiguió y agredió a los trabajadores extranjeros de ese municipio almeriense, tras varios crímenes. El acuerdo obligaba a poner en marcha programas de viviendas sociales para alojar a todos los colectivos vulnerables, evitando la creación de guetos, y la construcción de albergues para temporeros migrantes.

Nada de eso, sin embargo, se ha hecho. En 2018, un estudio de la Fundación Cepaim, que trabaja en el ámbito de la migración en esta provincia, estimaba que había 33 asentamientos de chabolas con más de 3.500 habitantes, en su mayoría de procedencia magrebí y subsahariana, ubicados en Níjar, El Ejido y Roquetas-Vícar, los municipios con la mayor extensión de cultivos hortofrutícolas en invernaderos. Otras organizaciones estiman que pueden ser incluso más ahora, que sean hasta 5.000 los temporeros migrantes que tengan por casa una chabola hecha con plásticos, palés, cartones, desechos de los invernaderos próximos donde ellos trabajan, o cualquier otro tipo de lo que se denomina como infravivienda.

Durante más de dos décadas, ningún ayuntamiento almeriense llevó a cabo un plan, un proyecto, algo para que la mano de obra de esos invernaderos que suponen la principal fuente económica de sus municipios pudiese acceder a viviendas dignas y no tuviese que cobijarse en una chabola por falta de pisos de alquiler a precios asequibles. Y, mientras nadie se ocupaba de hacer casas para ellos, la superficie de invernadero ha ido aumentado, de 24.764 hectáreas que había en el año 2000 a las cerca de 33.000 de 2022, y, en consecuencia, la necesidad de más trabajadores para ocuparse de los cultivos y recolección de los tomates, pepinos, calabacines, pimientos que abastecen a las cadenas de alimentación de una buena parte de Europa.

La premura del desalojo

El Ayuntamiento de Níjar, gobernado por el PSOE, ha sido el primero de Almería en poner en marcha un mínimo plan de realojo para los temporeros de los asentamientos chabolistas. Solicitó primero un estudio a la Universidad de Granada para analizar las necesidades de vivienda para esa población y luego cedió una parcela de la zona de Los Grillos para que Junta de Andalucía y Gobierno central construyesen 62 unidades de alojamiento protegido, destinadas a albergar de forma transitoria a trabajadores de los invernaderos sin casa. Ahí es donde, presumiblemente, serán realojados parte de los inquilinos del asentamiento Walili, demolido este lunes, después de pasar una semanas en un albergue provisional habilitado en una nave.

Sin embargo, las propias organizaciones sociales que han colaborado con el ayuntamiento para llevar a cabo ese plan (Cepaim, Almería Acoge, las Hermanas Mercedarias de San Isidro y Médicos del Mundo) han criticado el modo en cómo se ha gestionado. Lo primero, por la premura en la ejecución del desalojo, para el que el ayuntamiento disponía de un plazo de un mes -hasta el próximo 17 de febrero-, según consta en el auto del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 4 de Almería que autorizó la orden de desalojo y precinto en Walili.

El Obispado de Almería también emitió un comunicado la pasada semana, a través de su Secretariado para las Migraciones, en el que solicitó el aplazamiento del desalojo, porque, a su entender, no se daban las condiciones mínimas para ejecutarlo. "Deseamos la erradicación total del chabolismo y de otras formas de infravivienda, pero insistimos en que cualquier desalojo debe ir asociado a un realojo digno y razonable. De lo contrario, se estarían violando derechos fundamentales de las personas", advirtió la Diócesis.

El responsable de Almería Acoge, Juan Miralles, ha manifestado a Público que el proceso de desalojo tenía que haberse realizado contando mucho más con las personas afectadas, con las cerca de 500 que habitaba el asentamiento de Walili, con sus necesidades y sus preocupaciones, porque de esa forma, a su juicio, se obtiene una mayor garantía de éxito en las tareas de realojo.

En el caso de Níjar, la diferencia, según Miralles, es que por primera ha habido una alternativa para realojar a las personas de un asentamiento chabolista, un plan que en otros ayuntamientos se ha limitado a meter la pala y tirar abajo las chabolas, sin preocuparse lo más mínimo de la suerte que corriesen sus ocupantes. "Ojalá la iniciativa la copiaran otros ayuntamientos, no la gestión, pero sí la iniciativa", señala el responsable de la organización Almería Acoge.

"Dejémonos de historias. El problema aquí es que hay escasez de viviendas y que hay que construirlas. Donde hay infraviviendas es que no hay viviendas alternativas", subraya Miralles. "Y si aumentan las hectáreas de invernadero –apostilla–, hacen falta más trabajadores y hacen falta también más camas".

El proceso que ha iniciado el Ayuntamiento de Níjar está siendo observado en otros municipios almerienses donde también abundan los asentamientos de temporeros migrantes que no tienen acceso a una vivienda digna. En El Ejido, por ejemplo, el grupo municipal socialista -en la oposición-, ha puesto como un ejemplo de camino a seguir en este terreno las políticas que está llevando a cabo la alcaldesa nijareña, Esperanza Pérez.

Las paradojas de Almería

La falta de viviendas para los trabajadores migrantes contrasta con la riqueza que genera la agricultura intensiva que los emplea. Según el informe de la entidad financiera Cajamar sobre la campaña 2021-22, los ingresos totales de la hortifruticultura almeriense aumentaron un 14,2% hasta rebasar los 2.940 millones de euros. El pasado año, su producción rebasó las 3,8 millones de toneladas, el 93,1% en explotaciones bajo plástico, cuya superficie de cultivo creció un 0,8%. La UE y Reino Unido siguen siendo los principales destinos de sus productos, con más del 98% de la cuota de mercado, y el volumen de la exportación subió un 2,8% en el caso de Alemania.

Pero hay otra paradoja más: las principales localidades almerienses de la agricultura intensiva ocupan los últimos lugares en la tabla de los municipios con menor renta media anual por habitante. Níjar y Vícar están a la cola, con unos ingresos de 7.097 y 7.634 euros per cápita, rentas que casi cuadruplica Pozuelo de Alarcón y triplica Boadilla del Monte, los ayuntamientos madrileños que encabezan la tabla de 2022 de los Indicadores Urbanos del Instituto Nacional de Estadística, donde se obtienen estos datos. Y El Ejido ocupa la undécima posición, con 8.358 euros.