Las autoridades francesas detuvieron el sábado por la noche a Pável Dúrov, cofundador de la plataforma de mensajería encriptada Telegram, con sede en Dubái, mientras bajaba de su avión privado en el aeropuerto de París-Le Bourget, tras llegar desde Azerbaiyán, según informaron medios locales.

La Justicia francesa sostiene que la falta de moderación en Telegram y la falta de cooperación de Dúrov con las autoridades, junto con las herramientas que la plataforma ofrece, como números desechables y criptografía, lo convierten en cómplice de delitos como el tráfico de drogas, la pedofilia y el fraude.

El multimillonario franco-ruso, de 39 años, que fue detenido por la Gendarmería de Transportes Aéreos, tenía una orden de arresto francesa emitida por la oficina de menores (OFMIN) de la Dirección Nacional de Investigación Criminal sobre la base de una investigación preliminar. 

El presidente Emmanuel Macron ha asegurado este lunes que la detención de Dúrov "no responde en absoluto a una decisión política", sino que está relacionada con una investigación judicial en marcha. "Es responsabilidad de los jueces tomar esa decisión", ha señalado en un mensaje publicado en X (antes Twitter), subrayando que es el sistema judicial el encargado de aplicar la ley "con total independencia".

Diputados y senadores rusos exigen su puesta en libertad

"Ahora hay que sacarlo (de la cárcel). Insto al ministro de Exteriores, Serguéi Lavrov, a que llame a las autoridades francesas a liberar a Pável Dúrov", aseguró Vladislav Davankov, vicepresidente de la Duma, en su canal de Telegram. Davankov subrayó que "difícilmente alguien ha hecho más por el desarrollo de los servicios digitales en Rusia y en el mundo".

Él y otros diputados y senadores rusos manifestaron sus sospechas de que la detención tenga una motivación política y busque acceder a la información confidencial de los usuarios de Telegram. En opinión de Andréi Svintsov, subjefe de la comisión de Política Informativa de la Duma, Dúrov es víctima de una decisión del gobierno global occidental, que quiere controlar "prácticamente todos los recursos informativos del planeta". "No creo que sea posible liberarlo pronto. Creo que estará varios años bajo custodia", pronosticó.

"La dictadura liberal no soporta individualistas que aspiran a la libertad y juegan con otras reglas. Elon Musk, prepárate", comentó Alexéi Pushkov, jefe del comité de Política Informativa del Senado, en alusión al dueño de X, quien ha también ha demandado la liberación de Dúrov.

La jefa de la Liga por un Internet Seguro, Yekaterina Mizúlina, conocida por su apoyo a la represión de cualquier atisbo de disensión en la red, acusó a EEUU de estar detrás de la detención de Dúrov. Por su parte, el expresidente ruso, Dmitri Medvédev, aseguró que, para los enemigos de Moscú, Dúrov "es ruso y, por tanto, impredecible y peligroso".

Según informó la prensa azerbaiyana, antes de ser detenido, Dúrov descansó durante tres semanas en la costa del mar Caspio, estancia que coincidió con la visita al país del jefe del Kremlin, Vladímir Putin. El cofundador de Telegram, que desde 2017 reside en Dubái, tiene ciudadanía rusa, pero también francesa, que recibió en 2021, y de los Emiratos Árabes Unidos.

Telegram, un instrumento atractivo para extremistas

Telegram es una aplicación de mensajería instantánea para dispositivos electrónicos lanzada en 2013 por Dúrov y su hermano Nikolái como una alternativa a la aplicación WhatsApp. Con sede en Dubai y traducida a más de 20 idiomas, si algo caracteriza a Telegram es la sincronización a la nube de forma permanente, de manera que sus usuarios pueden acceder a los mensajes desde diferentes dispositivos a la vez.

Por sus capacidades −la creación de bots, su cifrado exclusivo, el gran tamaño de los grupos y la posibilidad de compartir archivos de cualquier tipo o tamaño− no es de extrañar que la plataforma se haya convertido en algo único pero a la vez en un instrumento atractivo para delincuentes y extremistas.

De hecho, Telegram ha sido retirada de las tiendas de apps o bloqueada judicialmente en varias ocasiones por permitir el intercambio de contenidos ilegales y, en el caso de los regímenes autoritarios, por alentar protestas de opositores.