La aprobación este lunes por el Gobierno que preside Juan Manuel Moreno Bonilla (PP) de un comisionado para Doñana, pactado con el Gobierno, ha sido acogido con cierto escepticismo por las organizaciones ecologistas. Las ONG conservacionistas presionan al nuevo organismo para que se cierren de una vez los pozos ilegales, en los que se toma agua de un acuífero sobreexplotado. 

Tanto WWF como Ecologistas en Acción saludaron la medida, que aún debe implementarse –no se sabe quién ocupará el puesto–, pero ya presionan para que se dedique a aplicar el plan de la fresa y a cerrar los pozos y fincas ilegales, la clave del plan para recuperar la comarca. 

La creación del cargo de comisionado comenzó su tramitación este lunes en Consejo de Gobierno. Estará ubicado en la Delegación de la Junta de Andalucía en Huelva y deberá seguir las iniciativas que se pongan en marcha de acuerdo con el pacto de Doñana, firmado entre Moreno y la vicepresidenta Teresa Ribera, según indicó el Ejecutivo andaluz.

El comisionado también deberá coordinarse con el Consejo de Participación de Doñana y con la comisión de seguimiento del plan de la fresa, según la Junta. "Es una figura que va a estar a pie del territorio, en Huelva", dijo el portavoz del Gobierno, Ramón Fernández Pacheco.

Para WWF, lo importante no es marear la perdiz sino aplicar el plan de la fresa de una vez y cerrar las fincas ilegales, las que roban el agua, de manera efectiva.

"Hemos pedido en numerosas ocasiones una oficina técnica con personal y medios para implementar el plan de la fresa en su actual redacción. Lo importante es que la Junta ponga en marcha todas las medidas para recuperar el espacio natural. Las competencias en ordenación del territorio están en manos de la Junta. Deseamos éxito al comisionado", afirmó a Público Juanjo Carmona, abogado de la ONG conservacionista.

Para Ecologistas, el comisionado debe ponerse "de inmediato a trabajar por el restablecimiento de la legalidad, empezando por cerrar los pozos ilegales, recuperar los espacios forestales y los ecosistemas degradados de Doñana, es decir los equilibrios hídricos". Para ello, debe asumir, según afirmó a Público Juan Romero, el papel de la oficina técnica del plan de la fresa. "Que se pongan a trabajar en una agricultura familiar basada en la agroecología", remacha Romero.

Compromiso con el pacto

Hace escasas fechas, el Gobierno andaluz hizo saltar todas las alarmas al colocar una modificación de la ley forestal de la Comunidad que afectaba al entorno de Doñana y que era una copia de la proposición de ley que impulsó Moreno y que generó una polémica amplísima.

Ahora, el PP andaluz busca trasladar la sensación de que su compromiso con ese acuerdo es total y completa. "Es muy importante que ante las expectativas que ha generado el pacto, las administraciones estemos a la altura", dijo Fernández Pacheco sobre la creación del comisionado y desterrar así la percepción de que "parezca que se firma el pacto y nos desentendemos", recoge Europa Press.

"Vamos a ver si nos olvidamos de una vez por todas de los intentos de amnistiar a los regantes ilegales por parte del PP. Se ha intentado en el Parlamento y después por la puerta de atrás a través de un decreto-ley. Sospechamos que se va a seguir intentando. Tenemos que pedir responsabilidad y que se cumpla la normativa a la que nos hemos comprometido con Unesco y UE, que es el plan de la fresa", asegura Carmona, de WWF. "Pedimos honestidad a la Junta", remacha el abogado de la ONG ecologista. 

El pacto entre ambas administraciones es muy relevante para despejar las dudas más que razonables que tienen la Unión Europea y los organismos internacionales que se ocupan de la conservación del medio ambiente sobre la gestión que los gobiernos de España y de Andalucía han venido haciendo del espacio y del parque natural.

Los acuíferos están completamente sobreexplotados, el reparto de las tierras y del agua es injusto, y sobre España pesa ya una condena del Tribunal de Justicia de la UE por no cuidar el agua. Doñana es un humedal decisivo.