Embalse de YesaEl Gobierno avala excavar 1.700 hectáreas de galerías junto al mayor pantano del Pirineo sin estudiar el riesgo geológico

La Dirección General de Biodibversidad y Calidad Ambiental del Ministerio de Transición Ecológica ha formulado una “declaración de impacto ambiental favorable” al proyecto Mina Muga, una explotación de potasas que supondrá excavar galerías de hasta 600 metros de profundidad en un terreno de más de 1.700 hectáreas situado junto al embalse de Yesa, a caballo entre Navarra y Aragón y que, una vez concluyan los trabajos de su polémico recrecimiento sin que hayan quedado despejadas las dudas sobre su seguridad, será el mayor del Pirineo al tener capacidad para almacenar hasta 1.079 hectómetros cúbicos de agua frente a los 440 actuales.

La resolución, publicada este lunes en el BOA (Boletín Oficial de Aragón), da el aval del ministerio al proyecto “por quedar adecuadamente protegido el medio ambiente y los recursos naturales”, aunque lo hace con un matiz importante: “esta evaluación ambiental no se pronuncia sobre la metodología y las conclusiones del análisis de riesgos geológicos, ni sobre la vulnerabilidad del proyecto ante el riesgo de accidentes o catástrofes naturales”, pese a que se trata de “una cuestión recurrente en los procesos de información y participación pública”.

La consistencia de los suelos es el principal motivo de preocupación que genera el proyecto

De hecho, la consistencia de los suelos es el principal motivo de preocupación que genera el proyecto tanto entre vecinos de la zona y grupos ecologistas como entre organismos públicos como el Instituto Geológico y Minero Español, el Instituto Geográfico Nacional o el Gobierno de Navarra, por lo que opta por trasladar la información sobre ese aspecto al ministerio “para su análisis y valoración”.

En cualquier caso, ese envío no cuestiona la declaración de impacto positiva, como recordó la promotora, la multinacional minera Geoalcali, cuando filtró el sentido de la declaración de impacto antes de que se conociera el contenido. “Esta resolución positiva supone un impulso determinante para avanzar en la materialización del proyecto”, señaló, mientras expresaba “su satisfacción ante la autorización concedida”.

Riesgos, certezas y temores

Los temores responden, desde que hace cinco años se conoció el proyecto, precisamente a las dudas que existen sobre la estabilidad de los terrenos de la zona y su sismicidad y a la cercanía de las galerías al embalse, cuyo recrecimiento, que en 18 años ha cuadruplicado el presupuesto sin que se atisbe fecha de finalización, se apoya en unas laderas que llevan años moviéndose y sufriendo deslizamientos.

Los informes de la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) admiten que la ladera derecha registra desde 2012 movimientos de umbral “bajo, denominado como ‘movimiento extremadamente lento”, y no descartan “que puedan existir en un futuro movimientos locales puntuales, relacionados con el proceso de vaciado del embalse”. La otra los tuvo en 2006.

Mientras tanto, la propia declaración de impacto del recrecimiento reconocía por primera vez en 2010 que la propia presa se asienta sobre una falla: “la actual presa lleva más de 50 años en funcionamiento con la falla en cuestión en sus cimientos sin producirse ningún problema de filtraciones o inestabilidad”, decía hace casi una década.

Los recelos que generan esos datos, y su combinación con el proyecto de la mina, se suman a la certeza de que, según los estudios de un grupo de geólogos, el colapso de la presa una vez recrecida provocaría una catástrofe de tal magnitud que poblaciones navarras como Sangüesa, Caparroso, Peralta y Funes quedarían sumergidas unas horas antes de que la lámina anegara varios barrios de Zaragoza y alcanzara una altura de 2,5 metros a la altura de El Pilar.

Hundimientos del suelo en 4.000 hectáreas

Los estudios presentados por Geoalcali niegan la existencia de riesgos geológicos vinculados a la excavación de las galerías, algunas de ellas de más de 600 metros de profundidad y bajo una superficie de 1.742 hectáreas de monte.

Los estudios presentados por Geoalcali niegan la existencia de riesgos geológicos vinculados a la excavación de las galerías

Así, la empresa sostiene que “la actividad sísmica de la zona es muy baja”, que su actividad minera comportará “un nivel bajo de peligrosidad sísmica” y que “no hay evidencias geológicas que indiquen actividad reciente de las fallas de la zona”, además de descartar “la afectación al embalse de Yesa por riesgo de subsidencia del terreno”, pese a que sus propios estudios recogen hundimientos del suelo de dos a ocho centímetros en una superficie de 4.000 hectáreas, y por los efectos de las voladuras en las excavaciones.

El Instituto Geológico y Minero (IGME) coincide con la empresa en que “la actividad minera no tendrá ninguna influencia sobre la estabilidad de las laderas del embalse” siempre que el recurso a las voladuras sea “puntual”, aunque llama la atención sobre otros riesgos del proyecto, como que “no se descarta” que puedan darse en la mina algún episodio de “sismicidad natural” que “se pudiera percibir en superficie (magnitudes de 3 a 5)” por su cercanía a una falla localizada por Geoalcali y a los puntos de origen de los dos terremotos del 26 de junio de 1990.

Desacuerdo oficial con los métodos de cálculo de Geoalcali

Por otra, el IGME denuncia junto con el Instituto Geográfico Nacional (IGN) que, aunque sí prevé instalar una red de sensores, “no se ha incluido un protocolo de actuación por parte de Geoalcali para la toma de decisiones en el caso de registrarse o sentirse sismos en la zona de explotación”.

Y, por último, recomienda que, además de rellenar las galerías a los 28 días de abrirlas, la empresa deje “macizos de protección sin explotar” para evitar hundimientos del terreno “que comprometan la seguridad de los edificios en los pueblos de Javier, Undués de Lerda y Castillo de Javier”, además de disponer de “garantías financieras que contemplen posibles daños estructurales”.

No son las únicas objeciones que pone a la documentación entregada por Geoalcali, ya que también “se muestra en desacuerdo” con los métodos utilizados por esta para valorar “la peligrosidad sísmica de la zona”, para estudiar los “escenarios sísmicos” y para calcular “la valoración de la vulnerabilidad del proyecto y las pérdidas potenciales, entre otras”.

Por su parte, el Gobierno de Navarra considera “incompleto” el plan para monitorizar los hundimientos del terreno y reclama que lo actualice, bajo la supervisión del ministerio, “antes de comenzar el minado de zonas que puedan afectar a áreas urbanas o estructuras singulares”.