Los reyes visitaron el 29 de junio de 2020 el Polígono Sur de Sevilla, el barrio con la renta media por habitante más baja de España, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). La visita formaba parte de una gira de los monarcas por el país tras el final del confinamiento por la pandemia y fue recibida con protestas de decenas de personas.

Varios manifestantes fueron multados por vulneración de la Ley de Seguridad Ciudadana -ley mordaza-, entre ellos una vecina del barrio, a quien la Agencia Tributaria embargó la cuenta, pese a que la sanción ha sido archivada por la Subdelegación del Gobierno.

Esa vecina es Adelia Parra Hermoso, una simpatizante de IU y republicana que todavía no entiende cómo pudo ocurrir todo eso: que le multaran por manifestarse y que luego la Agencia Tributaria le embargase 734 euros en su cuenta para cobrar una sanción que había sido archivada por la Subdelegación del Gobierno en Sevilla, al atender sus alegaciones, sin que se lo hubiesen comunicado ni a ella ni a Hacienda, asegura.

Tras presentar una reclamación, este mes le han devuelto el dinero requisado. "Ha sido una alegría enorme", dice.

Adelia Parra había ido con su madre, de 78 años, a la concentración que diversos colectivos republicanos y sociales habían convocado para protestar por la visita de los reyes.

Un amplio cordón policial les impidió avanzar hacia el centro cívico del Polígono Sur, El Esqueleto, donde se aguardaba la visita de Felipe VI y la reina Letizia, aunque algunos manifestantes consiguieron continuar la marcha, entre ellos la madre de Adela.

Ella intentó convencer a los policías para que le dejaran pasar, porque temía que su madre, que caminaba con la ayuda de una muleta, se pudiera caer, pero no se lo permitieron.

Le pidieron el DNI, le tomaron los datos y ella luego decidió seguir camino hacia El Esqueleto para encontrarse con su madre y con los otros manifestantes. Por ese motivo le impusieron una multa por infracción grave de la Ley de Seguridad Ciudadana, sancionada con 601 euros, contra la que presentó alegaciones.

Pero de la multa no tuvo noticias -asegura Adelia Parra- hasta más de un año después, en septiembre de 2021, cuando le llegó una notificación de apremio de la Agencia Tributaria, previo al embargo de su cuenta por un total de 734 euros, la sanción más los intereses por demora en el pago.

"Me quedé muerta, porque en ese momento estaba con un trabajo a media jornada. La cuenta me quedó a cero, porque había tenido que pagar unas cosas ese mes. Le tuve hasta que pedir dinero a mi madre para la gasolina para poder ir al trabajo", cuenta a Público.

Se descubre que ha habido un error

Fue al presentar la reclamación contra el embargo cuando esta mujer comprobó, para su sorpresa, que el expediente de sanción había sido archivado por la Subdelegación del Gobierno, igual que había ocurrido con las multas recurridas por otros manifestantes.

"Cuando pido cita para hacer un pliego de descargo, una funcionaria me dice que ha sido un error, porque mis alegaciones habían sido admitidas. Pero yo no recuerdo haber recibido una carta de la Subdelegación notificándome eso", asegura a este periódico.

El abogado Francisco Tejado, que se ha ocupado de este caso, presentó primero un recurso ante la Agencia Tributaria, en el que informaba de que se había llevado a cabo un embargo por impago de una sanción que había sido anulada

Tras su desestimación, interpuso otro ante el Tribunal Económico Administrativo Regional, que es el que ha propiciado finalmente la devolución del dinero requisado.

Según el letrado, lo que debió suceder fue que en la Subdelegación del Gobierno trasladaron la propuesta de resolución del expediente sancionador a la Agencia Tributaria sin haber tenido en cuenta que esta mujer había alegado en tiempo y forma y que sus alegaciones fueron luego atendidas.

En sus alegaciones, Tejado argumentó también que la Policía "se inventó un relato de los hechos" en las actas de infracciones contra manifestantes que levantó durante las concentraciones contra la visita de los reyes al Polígono Sur.

El motivo es que en ellas constaban a la misma hora denuncias que habían sido interpuestas por los mismos agentes en puntos distantes cerca de dos kilómetros. "Lo que decía -precisa- era que, salvo que fueran ubicuas las fuerzas de seguridad del Estado, no se podía estar en dos sitios a la misma hora".

Derechos Humanos denunció la actuación policial

La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía presentó días después de la visita de los monarcas un escrito ante el Defensor del Pueblo de la comunidad y la Delegación del Gobierno por la actuación de la Policía, queja en la que denunció una vulneración de los derechos y libertades de la ciudadanía.

En el escrito se enunciaba que dos personas habían sido multadas por desobediencia contra la autoridad por el mero hecho de ir caminando por la calle donde la Policía estaba reteniendo a un grupo sin motivos justificados, cuando no "suponían el menor riesgo físico para el monarca".

"El despliegue policial y su lamentable actuación -añadió la asociación- no hacía más que responder a una censura, a prohibir a determinados ciudadanos poder ejercer su legítimo derecho de expresarse delante de una figura pública, que, como tal, se debe a la opinión y la crítica de sus ciudadanos".

Parra ha vivido con "impotencia" todo lo que le ha ocurrido desde que fue aquel día a manifestarse con una bandera republicana por las calles del que ha vuelto a ser su barrio tras haber tenido que regresar a la casa de la madre, junto con su hija, debido al desahucio del piso en el que vivían.

"Llevo toda mi vida trabajando para salir adelante y es impactante que esto ocurra en el siglo XXI, que le embarguen la cuenta a una madre de familia monomarental, que si no es por la intervención del abogado se queda sin su dinero", relata emocionada.

Una multa notificada por error a otra persona

El de esta mujer no fue, sin embargo, el único error que se produjo en la tramitación de las multas impuestas a las personas que se manifestaron durante la visita de los reyes a Sevilla en 2020.

Francisco Tejado también se ocupa de la reclamación contra un apremio para el pago de una sanción de la ley mordaza que le ha llegado a la hermana de un hombre que estuvo en aquella concentración del Polígono Sur.

Ese hombre es Juan Morillo, militante de IU, al que un policía nacional acusó de ser uno de los promotores de la protesta contra la visita real.

"Éramos un grupo de ciudadanos que fuimos a enseñarle la bandera tricolor al rey y a decirles que habían dejado limpio ese día el barrio más pobre de España para su visita, y que eso no era lo habitual", resume a Público.

"La Policía empezó a identificarnos y yo me dirigí a ellos para decirles que nosotros estábamos allí para reivindicar la república y la democracia, nada más. Entonces, un policía me dijo que yo era el promotor, que estaba arengando a las masas, y me dio una propuesta de multa por violentar sus órdenes y saltarme un control policial. Pero yo no la firmé, porque era mentira", concluye el entrevistado.

El expediente de sanción, sin embargo, no le llegó a él, sino a su hermana, que vive en un pueblo de Sevilla "del que nunca ha salido" y que es la que, por error, ha acabado siendo denunciada por una infracción grave de la ley mordaza, con una cuantía de 601 euros.

La equivocación, según el abogado Francisco Tejado, motivó que corrieran los plazos y se declarara la firmeza del expediente sancionador, que ha sido recurrido en alzada ante el Ministerio del Interior para que sea revocado.

"Es una barbaridad muy bárbara lo que ha pasado", dice Juan Morillo, quien se lamenta de que no se haya derogado aún la ley mordaza. "Es una ley muy represora y a ver si algún día nos la podemos quitar de encima para poder expresarnos libremente. Yo estoy seguro de que si en España se convoca un referéndum por la república, ganaríamos seguro", recalca.

Oscar Mitillo, encargado del área de Marginación de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, participó en la concentración de protesta durante la visita de los reyes al Polígono Sur y fue una de las personas a las que la Policía requirió el DNI, aunque sin que le denunciaran.

"La actuación de la Policía fue intimidatoria todo el tiempo. Pedían el DNI a todo el que protestaba por lo que estaban haciendo o a los que estaban con una pancarta", recuerda.

En una de las pancartas se proclamaba: "Leonor, 102.564 euros -sueldo asignado a la princesa-; Polígono Sur, 5.112 euros", el ingreso medio anual de un vecino de esta zona de Sevilla, según el INE.

Según Mitillo, fueron a protestar porque consideraban que la visita de los reyes no era más que una "pantomima" para blanquear su imagen en un momento que se encontraba muy cuestionada por la publicación de las irregularidades cometidas por el emérito Juan Carlos I.

"Eligieron uno de los barrios más pobres de España para dar la imagen de que los reyes tienen contacto con el pueblo. Y antes de la visita limpiaron la zona, que tenía un aspecto que no tenía nada que ver con lo habitual. Y tampoco permitieron ninguna comunicación real con la gente del barrio", dice el portavoz de Derechos Humanos.

"Nos están ahogando el Estado de Derecho -se lamenta Tejado-. No se pueden falsificar unos hechos para atacar el activismo contra los monarcas o la protesta para pedir a una ministra un indulto".

En las alegaciones contra los expedientes sancionadores a manifestantes presentadas por el abogado Francisco Tejado se solicita también la apertura de un expediente a los agentes de los cuerpos de seguridad del Estado que "se inventaron los hechos" para justificar la procedencia de las multas.

Una petición que también incluyó en los recursos contra las multas a las mujeres que se manifestaron para exigir el indulto de María Salmerón durante la visita de la ministra de Justicia a Sevilla.

La Ley de Seguridad Ciudadana no ha sido modificada durante la legislatura de un Gobierno de coalición progresista ya terminada, al no haber llegado los grupos parlamentarios a un acuerdo para su reforma.

Después de casi dos años de negociación y 50 reuniones del grupo de trabajo del Congreso encargado de su modificación, la ley mordaza sigue tal cual se aprobó en 2015 durante el Gobierno de Mariano Rajoy.