Empresarios de la fresa de Lepe entran en la industria del cannabis medicinal

Lepe, uno de los bastiones del potente sector de la fresa y otros frutos rojos en la provincia de Huelva, se ha apuntado también a la producción del cannabis medicinal. Una empresa de ese municipio ha conseguido la autorización de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) del Ministerio de Sanidad para plantar cannabis con vistas a la fabricación de principios activos con fines médicos, lo que contribuirá a diversificar una economía local que intenta salir del monocultivo.   

Lepe dejó hace mucho tiempo de ser únicamente un motivo de chistes a escala nacional, sobre todo a raíz de la eclosión del cultivo de los berries (fresas, arándanos, frambuesas y moras), que han convertido a la provincia de Huelva en el productor del 98% de los frutos rojos en España y de casi el 30% de toda la Unión Europea.

Este sector genera entre 80.000 y 100.000 puestos de trabajo cada campaña para la recolección de más de 11.000 hectáreas, que explotan unos 1.300 productores. En la última se recogieron cerca de 300.000 toneladas. Una producción que, según la Asociación Interprofesional de la Fresa Andaluza, genera el 8% del PIB de toda Andalucía, la comunidad más poblada de España. Es decir, más de 1.300 millones de euros al año.

Agricultores y empresarios de ese sector han decidido probar con otro tipo de cultivos, diversificar sus inversiones y entrar en una industria floreciente: la del cannabis medicinal, cuyo uso aún no está regulado en España, aunque sí se permite su exportación a otros países donde sí es legal su consumo, como Alemania, Gran Bretaña o Italia, entre otros muchos.

Esos empresarios de los frutos rojos han creado Medical Flowers, una de las 21 entidades que disponen actualmente en España de una autorización de la AEMPS para cultivar cannabis con fines de investigación o de producción medicinal. En su caso, la licencia les permite cultivar para la obtención de los lotes necesarios para la validación del proceso de fabricación de principios activos estupefacientes con fines médicos.  

El Ayuntamiento de Lepe, gobernado por el PP con mayoría absoluta, aprobó el pasado 29 de septiembre el proyecto de actuación de Medical Flowers en una parcela de un polígono del municipio, de acuerdo con los objetivos marcados en la resolución de la Agencia Española de Medicamentos.

En el acuerdo municipal se fija un plazo de duración de esta actuación de 20 años y se establece que estará sometida a las determinaciones y limitaciones dispuestas en el informe en materia de aguas de la Delegación Territorial de la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía.

El propio alcalde, Juan Manuel González, visitó el 20 de octubre las instalaciones de Medical Flowers, tal y como publicó en su cuenta de Facebook, donde calificó la iniciativa como “un ambicioso proyecto empresarial”. Sin embargo, en dicha red social el alcalde habla de “cultivo de plantas medicinales” sin mencionar el cannabis, cuyo uso medicinal rechazó regular el PP en la comisión del Congreso de los Diputados que en junio de 2022 aprobó solicitarla al Gobierno.

“Como alcalde, me siento muy orgulloso de que gente de nuestro pueblo tenga la iniciativa de convertirse en uno de los pocos proyectos autorizados para su aprobación en nuestro país. Gracias por el impulso, por el tesón y por apostar por Lepe”, añadía Juan Manuel González tras la visita.

La primera producción prevista para el próximo verano

Medical Flowers está formada por varios empresarios del sector de los frutos rojos en Lepe, como Tilla Berries, una empresa familiar de origen valenciano con una larga trayectoria en este tipo de cultivo. Tiene también una fundación para apoyar la lucha contra el cáncer mediante la investigación y atender a enfermos con pocos recursos económicos.

Su objetivo ahora, según han informado fuentes de la empresa a Público, es diversificar la producción e inversión en lo que será la primera experiencia en el campo de la industria medicinal en la provincia de Huelva.

Sin embargo, Medical Flowers ha preferido no facilitar de momento datos acerca del volumen de empleo que creará ni sobre el alcance de la primera producción de cannabis medicinal, que prevé podría estar lista a finales del próximo verano. En sus instalaciones, una vez que obtengan todas las autorizaciones necesarias, se llevará a cabo el proceso completo, desde el cultivo hasta la producción de medicamentos.

El de Medical Flowers no es el único caso en España de empresarios agrícolas que deciden compaginar sus cultivos habituales con el del cannabis medicinal. En Almería, Cualin Quality, con 25 años de experiencia en la producción de tomates, creó Medical Plants, la empresa que en septiembre de 2020 consiguió la autorización de la AEMPS para cultivar marihuana con vistas a la validación del proceso de fabricación de principios activos con fines médicos.

Cualin y Medical Plants comparten ubicación en Los Llanos de Mojana, en el municipio de Antas situado en el Levante almeriense, donde han adaptado para el cultivo de cannabis 2.400 metros cuadrados de las siete hectáreas de invernaderos con las que cuenta para su producción de tomates. En su web, afirman que disponen de invernaderos de última generación, depósitos de 430.000 metros cúbicos de agua que cubren las necesidades de riego y un laboratorio totalmente equipado para el análisis de productos intermedios, finales y controles durante el proceso.

La conversión de rosas a cannabis

En la provincia de Soria se produjo también otro caso de transformación de la producción, aunque en este caso con un cambio radical. El que era el mayor invernadero de Europa de rosas rojas en el municipio de Garray se transformó en un lugar de cultivo de cannabis con fines medicinales, tras obtener una primera autorización de la Agencia Española de Medicamentos, que aún no ha sido renovada.

De esa forma, los invernaderos de 14 hectáreas de Aleia Roses, que llegó a tener en nómina a más de 250 trabajadores, pasaron a ser de Ondara, una empresa de capital inversor de EEUU que cambió las rosas de la variedad Red Naomi por el cannabis.

Los nuevos propietarios obtuvieron en abril de 2022 su primera cosecha, de unas 3.000 plantas de marihuana. No obstante, toda esa producción sigue almacenada, a la espera de que la AEMPS les conceda la autorización para su comercialización. Y también esperan esa licencia como agua de mayo decenas de trabajadores a quienes han prorrogado un ERTE tres veces y que van camino de una cuarta prórroga.

Autorizadas con una ley franquista

A falta de la aprobación de una regulación del uso del cannabis medicinal en España, las autorizaciones para el cultivo que llevan a cabo todas estas empresas se siguen rigiendo conforme a lo dispuesto en una ley de 1967. Desde entonces, ninguna otra norma ha sustituido a la que firmó en su día el dictador Francisco Franco.

La Comisión de Sanidad del Congreso aprobó el 27 de junio de 2022 un dictamen por el que instó al Ministerio de Sanidad a poner en marcha, en el plazo máximo de seis meses, las medidas necesarias para permitir el uso del cannabis con fines medicinales.

Según ese acuerdo parlamentario, el cannabis debe ser prescrito por médicos especialistas de las enfermedades y dolencias autorizadas y dispensado en farmacias hospitalarias, aunque se incluye la posibilidad de que se amplíe esa potestad a médicos generalistas y oficinas de farmacia de la calle.

La propuesta del Congreso abarca el tratamiento con cannabis de los casos de espasticidad (rigidez y dolor muscular inusual) en pacientes con esclerosis múltiple, algunas formas de epilepsia, náuseas y vómitos causados por la quimioterapia, endometriosis y el dolor oncológico y dolor crónico, incluido el neuropático.

Sin embargo, el plazo de seis meses que dio el Congreso se cumplió sin que el Ministerio de Sanidad aprobara ninguna medida regulatoria y la legislatura terminó en mayo tal como comenzó, con el uso del cannabis medicinal prohibido en España.

Esto obliga a las empresas que cuentan con autorización para su cultivo con fines médicos a destinar toda la producción a su exportación a países donde sí está legalizado. El nuevo gobierno de coalición entre PSOE y Sumar presidido por Pedro Sánchez, investido este jueves, ha echado a andar con esta asignatura pendiente.