Entrevista a Fiscal Flor de TorresFlor de Torres: “No habrá paz social hasta que desaparezca la desigualdad que propicia la violencia de género”

Decir Flor de Torres Porras es hablar de una mujer entregada en cuerpo y alma a la lucha contra la violencia de género. Para ella ponerse su toga no solo es hacer honor a un oficio que ama. Es la mejor forma que conoce con la que homenajear y defender a las víctimas de una lacra que según el CIS solo interesa al 1,6% de los españoles, pese a haber dejado el pasado año - tal y como recuenta feminicidio- un reguero de 98 mujeres asesinadas. “Lo que más me compensa de mi trabajo es hacer una labor jurídica que abraza una labor social. Estar siempre al lado de las victimas apoyando su tránsito por camino judicial emprendido es todo un honor”, explica a Público.

Para esta jurista especializada además en cooperación internacional (es reclamada en países como Marruecos, Guatemala, Bolivia, Argentina) que recientemente estuvo como experta en el Congreso de los Diputados y Senado en 2017 para el Pacto de Estado contra la Violencia de Genero, su trabajo, bordado con una escrupulosa perspectiva de género, le ha llevado a comprender “que la mejor herramienta que tengo para ofrecer a una víctima es la empatía y solo a partir de ello ser profesional en el tratamiento de cada caso”, recalca.

¿Cómo afecta el Convenio de Estambul, el Pacto de Estado o la decisión del Observatorio del CGPJ de incluir violencias, no sólo la del ámbito de la pareja, a los juzgados especializados? ¿Qué hace falta que haya en los mismos?

Estamos especializados en violencia de género y por tanto el camino que hicimos para afrontarla, combatirla y prevenirla en el sentido estricto de la Ley Integral ya está recorrido. Necesitamos asumir legalmente desde el marco del Pacto de Estado, ya aprobado y con iniciativas legislativas aun no realizadas que la trata con fines de explotación sexual, la ablación, los matrimonios forzosos, las agresiones sexuales, los delitos contra el honor y fuera de la pareja son también delitos de violencia a la mujer porque así lo establece el Convenio de Estambul y porque estos delitos tienen nombre femenino en la categoría de sus víctimas. Como compareciente en el Pacto de Estado así lo interesé tanto en el Congreso como en el Senado en nombre de la Fiscalía de Violencia a la Mujer que represento.

¿La formación del personal de estos juzgados es clave tras estos cambios?

Desde luego que la formación ha de ser continua. Y más con estas expectativas de competencias. Por tanto la formación en genero está hecha pero la formación en las otras violencias a la mujer que pueden ejercerse por el solo hecho de ser mujer aún queda por hacer y pendiente de lo que el poder legislativo legisle dotando de nuevas competencias a los juzgados y fiscalías de violencia de genero.

¿Cuál es entonces el primer paso?

El debate está hecho y consensuado. Falta el marco legal al que ha de comprometerse el poder legislativo dentro de lo acordado en el pacto de Estado. De momento aún no hay ninguna iniciativa culminada y estamos a la espera que mujeres que sufren la violencia de género por el solo y exclusivo hecho de ser mujeres, tal y como se traza en el marco del Convenio de Estambul de 2011 suscrito por España, tengan su protección integral de la misma forma que la tienen las víctimas de la violencia de género en el momento actual. Pero aún seguimos legal y procesalmente de la misma forma que cuando se culminó el acuerdo.

¿Cuánto pesa la voluntad política a la hora de dotar de medios para luchar contra la violencia de género?

Ha de ser el motor. La política criminal es la respuesta que el Estado diseña para combatir factores criminológicos. Los presupuestos que se destinan a combatir la mayor lacra social que existe en España han de venir de las prioridades que los gobernantes den a la lucha contra la violencia de género. Y ha de estar sustentada en una base económica sin duda que responda al interés real del propio Estado en combatirla severamente y sin fisuras. Creo que es la medida de su compromiso.

¿El que en unas comunidades se dé mayor apoyo económico que en otras es sinónimo de mayor sensibilidad ante la lacra de la violencia de género?

Es claro que una mayor inyección económica en la lucha contra todas las violencias que sufren las mujeres e hijos supone una mayor sensibilidad ante un problema que es una auténtica tragedia social. Responderá en un caso o en el contrario a las prioridades económicas que al poder judicial no le corresponde pero si al poder político.

¿Qué crees que tiene que ser más prioritario para ayudaros a los profesionales?

Los Juzgados de violencia a la mujer están creados en razón una ratio de asuntos que despachan. A más cantidad primara la especialización exclusiva y a menor cantidad de asuntos serán juzgados compatibles. Es necesario en todos ellos especialización con perspectiva de género y unidades de valoración Forenses UVIVG (Unidades de Valoración integral de Violencia de Género) como equipos multidisciplinares que doten a los procesos perspectiva de género. Sin ellos es imposible prácticamente probar y juzgar delitos de violencia de género tan importantes como el maltrato habitual, la violencia psicológica, delitos contra la integridad moral o factores de victimización de menores por la ausencia de las pruebas periciales esenciales de estos procedimientos. Sin inversión y sin existencia de estos equipos estamos dejando impunes las conductas más graves y a su vez más invisibles de la violencia de género.

¿Te consideras una privilegiada frente a otras y otros fiscales que no tienen tus medios?

En la Comunidad Autónoma de Andalucía tenemos esos equipos desde el mismo inicio de la puesta en marcha de la L0 1/04 Ley Integral contra la Violencia de Género en su parte judicial, penal y procesal. Es decir desde el año 2005 están funcionando a pleno rendimiento. En Málaga tenemos un equipo multidisciplinar por Juzgado exclusivo de violencia a la mujer y los equipos de las UVIVGs instalados en el Instituto de Medicina Legal que nutren de esta preciada prueba a todos los Juzgados de la Provincia. Unidades que funcionan en toda la Comunidad como referente en España por la casi nula implantación en otras comunidades pese a la exigencia de la Ley Integral de Violencia de Genero. En este aspecto si me considero una privilegiada. Pero una víctima no puede sufrir una discriminación en el tratamiento judicial por el hecho de residir en un lugar o en otro.

¿A día de hoy tienes claro los medios con los que cuentas este año para hacer tu trabajo? ¿Serán los mismos que el pasado año? ¿Serán más?

La fiscalía de Violencia a la Mujer de Andalucía participa activamente en las iniciativas y novedades de mi Comunidad Autónoma por la figura de la Fiscalía Delegada de la Comunidad Autónoma de la Fiscalía Superior de Andalucía, figura que represento como enlace desde la Fiscalía con la Junta de Andalucía para elaborar protocolos, dotación de medios y fomentar la especialización de los y las Fiscales Andaluces en la materia así como de las UVIVGS. De forma continuada se nos proporciona formación a fiscal@s y funcionari@s judiciales, forenses y personal de las UVIVGS y en general a todos los y las profesionales que tienen contacto con víctimas de violencia de género.

Todos los servicios sociales y sanitarios están conectados y protocolizados con las fiscalías andaluzas para investigar hechos y dotar de protección a las victimas fruto de la interlocución entre Fiscalía de Violencia a la Mujer y Junta de Andalucía.

Si ahora mismo tuvieras frente a ti a quienes no saben cuál es el infierno en el que viven las mujeres y sus hijos maltratados ¿cómo se lo explicarías?

Bastaría con que me acompañen en un día de juicios de violencia de género, un día de guardia en un Juzgado de Violencia a la Mujer o un juicio por asesinato ante un tribunal del jurado. Es impactante la empatía que recibo de los ciudadanos que cumplen su obligación legal de ser jurados en causas de violencia de genero. Encuentro en ellos compromiso y cercanía. Tal vez nunca han tenido un caso cerca de violencia de género. Pero cuando conviven en un juicio con la tarea de juzgar a un maltratador y asesino en juicios que pueden durar una semana aproximadamente imparten justicia con una severidad y empatía hacia la violencia de género impresionante.

En tu caso, que ejerces con una perspectiva de género impecable, ¿qué piensas cuando ves sentencias que son todo lo contrario?

Soy jurista y tengo que usar siempre los mecanismos que tengo a mi alcance para que eso no ocurra. Y si llega a ocurrir seguir usando mi argumentación con perspectiva de género en la apelación. Siempre reivindicare que todos los Tribunales que juzguen un caso de violencia de género sean tribunales especialistas. Sin esa perspectiva de género rompemos en mandato de la Ley Integral de ser una Justicia especializada. Y a esa especialización no hemos llegado aún en todos los tribunales de enjuiciamiento son muy excepcionales los juzgados que enjuician los casos de violencia de genero especialistas. Algo que si hemos conseguido plenamente en Málaga con juzgados penales exclusivos de violencia a la mujer.

¿A la ley le falta corazón y por eso no le late ayudar al alma de la mujer herida y desprotegida?

La Ley Integral actual es un espejo donde todas las legislaciones a nivel mundial están mirando. Pero una Ley integral con auténtica perspectiva de género como la nuestra está condenada a convivir con leyes que adolecen de esa perspectiva. Leyes patriarcales como la de Enjuiciamiento criminal del S.XIX que permite “en base a los lazos de solidaridad familiar que debe presidir en las relaciones familiares” que una víctima de violencia de género no declare contra su maltratador usando el Articulo 416 de la L.e.cr. Existe así una imposible convivencia de dos leyes diametralmente opuestas en planteamientos y desde luego en prioridades. Las leyes son instrumentos, caminos por donde hemos de transitar, pero el corazón no está en las leyes, está en el alma de quien la aplica.

¿Quién hace más por estas mujeres la política o la sociedad? ¿Qué hay que hacer con los maltratadores?

No debemos olvidar nunca que el nuevo sistema de justicia que alumbra a las victimas haciéndolas salir de su sombra en los delitos de violencia de género vino impulsado por los movimientos sociales, reivindicativos y feministas. Nos dotó del nacimiento de la victimo logia como la ciencia que pone su visión en la víctima del delito base de la aplicación práctica actual de la Ley Integral.

A las mujeres les debemos la paz social, la misma que proclama la Constitución. No hay tregua, no hay paz social hasta que desaparezca la desigualdad que propicia la violencia de género. No puedo entender ni una sociedad, ni siquiera un sistema legal que no ampare la lucha contra la violencia de género.

Con los maltratadores tenemos que lograr su difícil reinserción. Es un débito a sus futuras parejas y es un compromiso constitucional y penológico: La reinserción del delincuente.

¿Cuánto pierde la sociedad con cada maltrato, con cada feminicidio que se produce?

Por cada acto de violencia a la mujer, en cualquiera de ellos fallaremos desde el camino de la detección hasta el final del horizonte del proceso que es la reinserción del maltratador. Fallamos todos y todas. Es un auténtico fracaso social.

¿El feminismo es la mejor cura para salvar el mundo y con él a las mujeres?

Es el origen del camino de la igualdad al que han de sumarse los hombres. Todos ellos. Y mientras eso no ocurra seguiremos fracasando la confianza que las víctimas han depositado en nosotros como sistema pues seguiremos cuestionándolas y esta es la mayor injusticia que puede sufrir una víctima de violencia de género: Su cuestionamiento.