La Audiencia Provincial de Guadalajara ha desestimado los recursos de apelación presentados por los seis condenados por repoblar sin autorización del pueblo abandonado de Fraguas y ha confirmado las penas de año y medio de prisión y del pago de una multa de 2.160 euros a cada uno de ellos.

En una sentencia, la Audiencia de Guadalajara ha confirmado íntegramente la sentencia dictada por el juzgado de lo Penal número 1 de Guadalajara y determina "la total desestimación de los recursos interpuestos, confirmando íntegramente la resolución cuestionada".

Por lo tanto ha confirmado las penas de año y seis meses de prisión para cada uno de los seis jóvenes repobladores, como autores de los delitos de usurpación y contra la ordenación del territorio, así como a pagar una multa de 12 meses a razón de 6 euros de cuota diaria, que suma un total de 2.160 euros a cada procesado.

En materia de responsabilidad civil se les condena a los seis acusados a abonar a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, de forma conjunta y solidaria, el coste de la demolición de las construcciones e instalaciones y de la retirada de residuos y restos de la finca ocupada.

Los condenados tendrán que abonar estas cantidades con arreglo tiempo que hayan permanecido en la finca y el coste se fijará en ejecución de sentencia. Los seis acusados, cuatro hombres y dos mujeres, pertenecen a la Asociación Repobladores Rurales de la Sierra Norte y desde 2013 trabajan en la rehabilitación de Fraguas, un antiguo núcleo poblacional, hoy perteneciente al municipio de Monasterio, en Guadalajara. Pero no tenían la correspondiente autorización, lo que motivó la denuncia de la Junta de Castilla-La Mancha y la correspondiente sentencia.

La sentencia de la Audiencia Provincial de Guadalajara es firme, por lo que no cabe presentar recurso contra ella. Sin embargo, van a estudiar con su abobado la posibilidad de presentar un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional (TC), según ha indicado a Efe Isaac Alcázar, uno de los condenados.

Alcázar se ha mostrado sorprendido con la sentencia de la Audiencia de Guadalajara: "Parece que esta locura sigue para delante y que nos quieren ver en la cárcel porque no vemos otra opción que entrar en prisión", ha dicho.

En este sentido, ha recordado que tienen otra condena en materia de responsabilidad civil que les obliga a abonar a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha el coste de la demolición de las construcciones e instalaciones y de la retirada de residuos y restos de la finca ocupada.

"Ni lo podemos pagar, ni se lo podemos pedir a la sociedad, porque estamos en desacuerdo con demoler un trabajo de muchos años en un proyecto que consideramos pertinente", ha señalado Alcázar, que ha añadido que los condenados "prefieren mantener su integridad a traicionar sus principios y activismo".