La joven Mónica Cea pasea cada día por el bosque de robles de su pequeña aldea, en Palas de Rei, al suroeste de Lugo. En los últimos meses lo hace casi a diario, porque asegura que no quiere olvidar cómo es la sensación de vivir en ese "paraíso de la naturaleza" si algún día se llegase a instalar la polémica macroplanta de Greenfiber, que aspira a convertirse en la mayor fábrica de celulosa soluble de Europa con una producción de 400.000 toneladas al año.

La factoría, promovida por una sociedad de la portuguesa Altri y la gallega Greenalia —empresa vinculada a una exconsejera del PP—, se ubicará en una parcela de 366 hectáreas colindantes con un área de protección de biodiversidad cercana a dos rutas del camino de Santiago y podría consumir en un día más agua que toda la provincia de Lugo, según denuncian varios colectivos ecologistas.

Mientras la compañía espera el avance de los trámites burocráticos y la llegada de financiación europea para iniciar la construcción, decenas de mujeres se han organizado para intentar frenarlo. Ingenieras, ecologistas, mariscadoras y vecinas están ocupando un papel protagonista en la lucha contra esta fábrica, que califican de "bomba medioambiental".

"Nos están obligando a movilizarnos. Podríamos perderlo todo", afirmó Cea, que teme la expropiación de hasta siete fincas de sus padres, ganaderos extensivos. De su enfado y frustración, explicó a Público, nacieron sus ganas de liderar Ulloa Viva, una plataforma con una fuerte presencia femenina que busca preservar este "valioso entorno rural".

Denunciando el 'greenwashing'

Cuando la planta de Altri se anunció por primera vez, en 2021, se dio a conocer como una iniciativa que pondría a Galicia como punta de lanza en la fabricación de fibras textiles biodegradables como el Lyocell. La idea era convertir eucalipto en celulosa para fabricar fibras que ayudaran a transformar la industria de la moda en una actividad más sostenible.

Con el paso del tiempo, la firma ha reconocido que producirá hasta 400.000 toneladas de celulosa al año, de las cuales solo la mitad será destinada a ese fin. "Se vendieron como una iniciativa verde, pero son otra macrocelulosa más. Esto ha sido un engaño, un caso claro de greenwashing", señaló a Público la ingeniera de montes Ana María Fernández, otro de los rostros visibles del movimiento.

La planta usará hasta 46 millones de litros de agua al día del río Ulla, uno de los más castigados por vertidos en Galicia y del que se abastecen más de 100.000 personas, según la experta, portavoz de la Asociación para la Defensa Ecológica de Galicia (Adega). Además, contará con una chimenea de 75 metros que emitirá azufre, óxidos de nitrógeno y monóxido de carbono y limitará con la sierra del Careón, que forma parte de la Red Natura, un área protegida conocida por su rareza geológica y por albergar plantas endémicas en peligro de extinción como la santolina de Melide.

Desde la compañía señalan que los vertidos no provocarán daños sobre la flora ni la fauna y que el agua se devolverá al río con una calidad "que no afectará a la salud de las personas". Sin embargo, numerosos académicos han señalado que podría convertirse en la celulosa más contaminante de España, ya que la mayoría de los niveles de vertidos estimados son los máximos permitidos. "Si se superaran, algo que es muy probable en la práctica, podría haber consecuencias muy perjudiciales sobre las especies autóctonas, la acuicultura y las personas", agregó Fernández.

Mujeres protegiendo el territorio

En Palas (como lo abrevian sus lugareños) conviven agricultores y ganaderos tradicionales con gente joven que ha encontrado en este municipio, de 3.000 habitantes, un emplazamiento ideal para iniciar un proyecto de vida sostenible, explicó a Público Zeltia Laya, la otra lideresa de Ulloa Viva. La mayoría viven de la naturaleza o del entorno: hay un balneario, proyectos apícolas, casas rurales o iniciativas de cosmética natural. También abundan los albergues para peregrinos, al discurrir por la localidad dos rutas jacobeas, la francesa y la primitiva.

"Hemos establecido una sinergia muy bonita entre mayores y jóvenes para darle un futuro a la comarca y no queremos que una fábrica acabe con todo", agregó. En la protección de este "tesoro ambiental", las mujeres han tenido "un papel fundamental y han sido las más ágiles", señaló. "Históricamente, en el rural gallego son ellas las que llevan las casas, las granjas, las huertas. Son las más afectadas por este tipo de cosas y las que antes se ponen a proteger su entorno. Ahora no iba a ser menos".

Ejemplo de ello es Natalia Varela, que regenta un proyecto apícola ecológico en Antas de Ulla y reivindica que la instalación de la planta de Greenfiber podría terminar con la producción de miel en la zona. "Si viene una macrocelulosa y empezamos a tener degradación del suelo por acumulación de tóxicos y nieblas de lluvia ácida, habrá efectos directos sobre nuestras abejas", explicó a Público. "Los contaminantes podrían acabar con ellas o incluso terminar en la miel, y yo tendré que cerrar mi marca", alertó.

Mariscadoras en pie de guerra

El impulso de la lucha atravesó Lugo y llegó a Pontevedra, a la ría de Arousa, la desembocadura del Ulla. Allí las mariscadoras también se han puesto en pie de guerra. Temen que los vertidos de la factoría afecten a los ecosistemas acuáticos y por tanto al marisqueo, una actividad altamente feminizada en Galicia que da de comer a unas 3.500 familias. Este estuario, una de las principales despensas marinas de España, ya se encuentra en "estado crítico", explicó a Público Inma Rodríguez, presidenta de la Organización de Productores de Marisco y Cultivo de la Illa de Arousa.

"Si nos ponen aquí una fábrica, van a conseguir que la ría muera y los que vivimos de esto vamos a tener que dejar el trabajo del mar. Llegaremos hasta donde haga falta pero no permitiremos que salga adelante", sentenció.

El próximo domingo han convocado en Palas de Rei la mayor huelga hasta la fecha, en la que harán campaña para tratar de evitar que el proyecto reciba capital de los fondos Next Generation. De los 850 millones de euros que Greenfiber requiere para construir su fábrica, necesita obtener más de 200 millones de esas ayudas. Para Fernández, Greenfiber "no lo tiene fácil", puesto que un requisito para obtener este dinero es cumplir el principio de "no causar perjuicio significativo al medioambiente".

"Nunca habíamos tenido una iniciativa industrial que atacara a tantos frentes distintos: recursos hídricos de abastecimiento humano, afectación a la industria acuícola, al suelo, a especies endémicas", concluyó. "Es una aberración y esperamos que se haga justicia".