Ibercaja vende 38 pisos de alquiler social con sus familias dentro en Zaragoza

“No sabemos qué está pasando. Queremos recabar información para conocer las intenciones de la empresa compradora”, explica David A., uno de los desconcertados inquilinos de las 38 viviendas de los números 5, 10 y 11 de la calle Jusepillo Olleta, en Zaragoza, en las que entraron a vivir como inquilinos con un alquiler social dentro de un programa municipal y que ahora se encuentran con que el banco local Ibercaja las ha vendido a una de las empresas patrimoniales de una adinerada familia de la ciudad.

Los inquilinos se enteraron del cambio de casero hace unas semanas, conforme comenzaron a recibir mediante cartas certificadas unas actas notariales en las que se les explicaba que la inmobiliaria del banco, Cerro Murillo, había vendido los edificios a Sakkia, una sociedad patrimonial de la familia Yarza (los propietarios del grupo Henneo y de Heraldo de Aragón que, según el Registro Mercantil, acumula activos por valor de 76 millones de euros, más de 70 de ellos en inversiones financieras, y que lleva más de tres décadas operando.

Los nuevos caseros no han dado señales de vida más allá del envío del acta notarial, aunque los inquilinos sí han comenzado a notar algunos cambios. El principal es no disponer de los pequeños contenedores (cubos) en los que depositaban la basura, que llevan encerrados bajo llave en el cuarto en el que los guardaba la empresa que se encargaba del mantenimiento y la limpieza, de cuyos servicios prescindió Cerro Murillo tras la venta. La recogida de residuos conllevó hace unos años un aumento de las cuotas.

“Las cosas ya empiezan a cambiar. No tenemos ya servicio de mantenimiento de los edificios y veremos cómo evoluciona el resto, precios y condiciones”, señala Lucía G., otra vecina, que añade que “no sólo Ana Botella vendió vivienda protegida”.

Un proyecto social en el casco histórico

La historia de estos bloques actúa como testigo de algunos de los cambios que la ciudad, en cuyo casco histórico comienzan a menudear los pisos turísticos, ha sufrido en los últimos años.

La empresa municipal Zaragoza Vivienda se alió a primeros de 2006 con lo que entonces era una caja de ahorros, Ibercaja, para terminar esas dos promociones y algunas en otros barrios desfavorecidos de la ciudad, como San Pablo, mediante la sociedad conjunta Desarrollos Vivir Zaragoza.

La idea base del proyecto consistía en alquilar esos pisos a inquilinos de clase media, por nivel de rentas, para diversificar la población de los barrios de la zona antigua de la cuidad. “Estos pisos, y otros, se hicieron desde una perspectiva política y social, para armonizar el espacio”, recuerda David A.

Nueve años más tarde, el ayuntamiento, financieramente asfixiado por la losa de deuda generada al calor de la Expo y por los efectos de la crisis, e Ibercaja, ya transformado en un banco y que había engullido a su principal competidor, la CAI, a través de Caja3, decidían liquidar la sociedad y repartir los activos, en un acuerdo que llevó los de la calle Jusepillo Olleta al balance de Cerro Murillo.

Esos edificios y al menos otro de la zona de San Pablo, en El Gancho, han sido ahora adquiridos por Sakkia, lo que sitúa a los inquilinos en una situación de incertidumbre al no haberles comunicado el nuevo casero sus planes para esos inmuebles.

¿Qué ocurre con las opciones de compra?

El acta notarial sí les advertía, en todo caso, de que ninguno de ellos podía ejercer ante la transacción el derecho de tanteo, que permite hacerse con el piso igualando el precio de venta, ya que la operación afectaba a la totalidad de los bloques, tal y como contempla la Ley de Arrendamientos Urbanos.

La operación presenta, al menos aparentemente, alguna contradicción con los compromisos cerrados entre Desarrollos Vivir Zaragoza y los ocupantes de las casas. Concretamente, la cláusula vigesimoprimera de los contratos indica textualmente que “la propiedad se obliga expresamente a no vender ni gravar, ni a conceder otra opción de compra sobre la vivienda arrendada hasta el día en que se ejerza, o en su caso, caduque el ejercicio de la opción de compra” de la que disponen los inquilinos.

“No sabemos si hemos perdido la opción de compra”, explica David A. El acta notarial no incluye ninguna referencia a su vigencia.

Esa medida, incluida como un medio para asentar a población de clase media en esos enclaves del casco histórico, tiene, sin embargo, algunos condicionantes: las opciones comenzarán a ser aplicables el 4 de octubre de 2021, cuando se cumplan diez años de la clasificación definitiva de los pisos como Vivienda Protegida de Aragón (VPA), para los inquilinos que cumplan los requisitos. Los principales son llevar cinco años viviendo allí y no haber dejado de pagar dos mensualidades en fecha.

Mientras tanto, algunas de las viviendas cuyos inquilinos se han mudado en los últimos meses no han vuelto a ser ocupadas, una situación que está provocando un aumento de los recelos entre el vecindario.