La implementación del Ingreso Mínimo Vital (IMV), lejos de alcanzar sus objetivos, ha llegado de momento a 461.788 hogares de las casi 1,9 millones de solicitudes registradas, según la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales. La organización denuncia el cuello de botella y la interrupción que supone el exceso de trámites burocráticos.

La cobertura del IMV continúa siendo desigual si se compara su aplicación entre las diferentes comunidades autónomas: del 7,23% de Balears o el 7,83% de Catalunya frente al 28% de Ceuta y el 26% de Melilla. Asimismo, aunque el IMV supera en su cobertura al sistema de rentas mínimas de 2020, "muchas comunidades siguen rezagadas", critica la asociación. Es el caso de Cantabria, Asturias, Balears, Catalunya, Navarra o Euskadi, territorios que se alejan del incremento medio de beneficiarios que se ha producido en España con el IMV.

"Los datos no son tan positivos como plantean desde el Gobierno. No se debería de alardear ni considerarse una victoria lo que está pasando con el IMV. Es realmente un fracaso y un derecho de ciudadanía que no se está cumpliendo", explica a Público José Manuel Ramírez Navarro, presidente de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales.

El IMV alcanza tan sólo la mitad de los beneficiarios previstos (el 51%). Únicamente el 13,35% de la población bajo el umbral de la pobreza en España se ha beneficiado del Ingreso Mínimo Vital, 1.176.187 personas, según los datos de la organización. Desde el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones aseguran que la creación de esta política pública ha supuesto un gran reto desde el principio, sobre todo "si tenemos en cuenta que en estos casi dos años se han tramitado cerca de 1,9 millones de solicitudes", ha explicado el ministro José Luis Escrivá.

Desde marzo, se han incorporado a la percepción del IMV 111.000 personas. Lo que supone una desaceleración del ritmo de incorporación de beneficiarios, que rondaba los 80.000 perceptores nuevos cada mes en el primer trimestre de 2022. "El ministerio debe reflexionar sobre cómo se está abordando la mayor crisis social de España de los últimos años. Se ha desarrollado una telaraña inaccesible de trámites, es necesario simplificar los procedimientos", continúa Ramírez Navarro.

Todavía quedan más de 1.100.000 personas por incorporar al IMV para llegar al objetivo de los 2.300.000 beneficiaros previstos por el Gobierno al comenzar su implementación. Las trabas burocráticas son a luz vista el principal problema y pueden estar generando un gran volumen de trabajo administrativo, con pocos resultados para la población en riesgo de pobreza que sigue viendo que tres de cada cuatro solicitudes son denegadas.

Ramírez Navarro sostiene que es necesaria una reflexión sobre los requisitos, tanto en lo que respecta a las cuantías económicas como al padrón histórico colectivo, que hace que se queden fuera una de cada diez personas. "La pobreza es una cuestión de actualidad. El padrón histórico pide certificar que llevas seis meses viviendo en la unidad de convivencia desde donde se solicita la ayuda. Esto es una incongruencia tremenda. Las personas en situación de pobreza extrema a veces se ven obligadas a abandonar sus casas por no poder pagar", afirma.

Desde la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales advierten que desde el ministerio no se está planteando ningún cambio a corto plazo para enmendar el asunto. Proponen contar con los ayuntamientos como brazo burocrático más cercano a los ciudadanos: "Coordinar las instancias estatales y municipales agilizaría mucho el proceso y descargaría de trabajo a la alta administración", concluye el presidente de la asociación.