El pasado 16 de febrero, medio centenar de migrantes denunciaron el maltrato sufrido por parte de agentes de la Policía Nacional en el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE), situado en el barrio madrileño de Aluche. Pepe Mejía, miembro del colectivo de peruanos y peruanas de Madrid, declara a Público que las autoridades "entraron el 14 de febrero en sus habitaciones con síntomas de ebriedad, propinaron golpes en forma de porrazos, patadas en la cabeza, puñetazos y profirieron insultos en contra de las personas internas". 

"En este tipo de centros se vulneran sistemáticamente los derechos humanos", insiste Mejía. El activista explica que el CIE de Aluche es un centro de reclusión de personas que "son privadas de su libertad sin haber cometido delitos, tan solo una posible falta administrativa por no disponer de documentación en regla".

El miembro del colectivo denuncia también la falta de atención sanitaria dentro del centro. "Los partes de lesiones emitidos por los servicios sanitarios del CIE no reflejan adecuadamente las consecuencias físicas de las presuntas agresiones policiales", reconoce. Mejía cuenta a este medio que la noche en la que ocurrieron las agresiones, los servicios de emergencias sanitarias de Madrid recibieron un aviso desde el centro de internamiento a las 23:30 horas. "Según confirmó una portavoz del Samur, enviaron una ambulancia para atender a una persona con dolor musculoesquelético".

Público ha intentado ponerse en contacto con las personas afectadas, pero no han podido hablar porque se encuentran en un estado vulnerable y tienen temor a sufrir represalias. Este medio también ha contactado con la Policía Nacional, pero al tratarse de un proceso judicial abierto, no han querido pronunciarse de momento. 

Solicitudes de asilo pendientes y suicidios

El centro de internamiento de Aluche ha sido motivo de denuncia en repetidas ocasiones. Desde Amnistía Internacional hasta el Defensor del Pueblo han comprobado las situaciones de vulneración de derechos humanos en las que se encuentran las personas internas. 

En 2018, un juez de control criticó que en el CIE de Aluche había pendientes solicitudes de asilo sin tramitar, policías sin número de identificación visible, "frío intenso" en habitaciones y sala de estar, escasez de comida y hasta una rata muerta en las zonas comunes.

En 2020, coincidiendo con la pandemia, la plataforma CIEs No Madrid denunció un intento de suicidio de un interno en este mismo centro. El colectivo criticó el "incumplimiento con la garantía del derecho a la integridad física, a la salud y a la vida, así como otros derechos relacionados con el acceso a la información, traducción o la tutela judicial efectiva". La plataforma también denunció que no se cumplían las medidas y protocolos de seguridad sanitaria. 

Reutilización del CIE como centro de memoria histórica

A la gravedad de estos hechos hay que añadir la historia de este centro, cuyo edificio era el antiguo hospital penitenciario de la cárcel franquista de Carabanchel -que se reclama desde antes de su derribo en 2008-. "Parece que continúa su inadmisible función represora de personas inocentes", manifiestan los colectivos que han apoyado la denuncia.

Luis Suárez, miembro de la Plataforma por un Centro de la Paz y la Memoria en la antigua Cárcel de Carabanchel, reitera a este medio su acusación al CIE como principal responsable de atentar contra los derechos humanos. Suárez considera que es viable la posible reutilización de este edificio como centro de memoria histórica. "Es el único edificio de la cárcel que sigue en pie y su recuperación implica cerrar un centro que vulnera los derechos de las personas", dice.

"Se tiene que cerrar el CIE de Aluche y el resto que hay en el Estado, y utilizar su espacio como equipamiento útil para el barrio", expone a Público Pedro Casas, miembro de la Asociación Vecinal de Carabanchel Alto.