"Las leyes mordaza forman parte de un plan del gobierno para dejarnos sin justicia"

MADRID.- La plataforma No Somos Delito, formada por más de 100 colectivos de activistas y juristas, ha realizado este viernes un acto en el Congreso de los Diputados para mostrar su rechazo a la aprobación definitiva de la Ley de Seguridad Ciudadana, el pacto antiterrorista y la Reforma del Código Penal, conocidas como las leyes mordaza.

El colectivo, junto a otros colectivos sociales y partidos políticos, ha acudido esta mañana a "la casa del pueblo" para pedir la derogación de estas leyes que representan "un claro ataque al Estado social y democrático de derecho y forman parte de un plan para dejarnos sin justicia". Así de contundente se ha mostrado Carlos, representante de No Somos Delito, que ha dicho que la aprobación de este jueves de la Ley de Seguridad Ciudadana significa que el gobierno "quiere crear un estado policial con una reforma propia de una dictadura" y que ellos no están dispuestos a tolerarlo.

Carlos ha asegurado que la democracia se ve amenazada por las leyes mordaza y que atenta directamente contra los ciudadanos. "Criminaliza a las personas migrantes, a la pobreza y a la ciudadanía organizada".

El representante de No Somos Delito ha dicho que al Partido Popular "le ha dado igual ya lo dijéramos nosotros o el Consejo de Europa", y ha continuado diciendo que "cinco expertos de Naciones Unidas creen que estas leyes van en contra de los derechos humanos". Sin embargo, el gobierno ha calificado estas leyes como un éxito, a lo que No Somos Delito ha respondido que harán lo posible para que sea "su último éxito".

En el primer acto,"Democracia en riesgo", han participado cinco organizaciones: Rights International Spain (RIS), Asociación Libre de Abogados, Jueces para la Democracia, SOS Racismo y la Plataforma del Tercer Sector.

Cristina Gómez, portavoz de RIS, ha dicho que el estado español "tiene que ser consciente de que va a ser condenado por organismos internacionales", porque "no pueden legalizar lo que es ilegal". A su intervención se ha sumado Ignacio González, de Jueces para la Democracia, que ha respaldado lo que ha dicho su compañera, asegurando que la Ley de la Seguridad Ciudadana "solo lleva a la represión de las libertades civiles". González ha señalado que este paquete legislativo responde a "una desconfianza del poder ejecutivo hacia el poder judicial".

Alejandro Gámez, de Asociación Libre de Abogados, ha querido hacer hincapié en que la Reforma del Código Penal "no es justa" porque "sanciona más gravemente a una persona que se lleva un tetabrick de leche que a una que defrauda 200.000 euros a la Hacienda Pública".

"El estado español tiene que ser consciente de que va a ser condenado por organismos internacionales", ha dicho Cristina Gómez, de Rights International Spain.

La Plataforma del Tercer Sector y SOS Racismo han defendido que la Ley de la Seguridad Ciudadana no incluye a las personas "más vulnerables". Ambos colectivos están de acuerdo en que los inmigrantes no están presentes en la ley ya que permite la "expulsión indiscriminada de extranjeros, castiga la venta ambulante con hasta 2 años de cárcel y a también a aquellas personas que den trabajo a una persona irregular salvándole de la exclusión".

Otros colectivos sociales-entre los que se encontraban la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), Greenpeace, Legal Sol, AVAAZ, Marchas de la Dignidad y la Plataforma en Defensa de la Libertad de la Información-han querido respaldar este acto de repulsa.

Javier García, portavoz de Legal Sol, ha asegurado que la Ley de Seguridad Ciudadana es fruto de una política recaudatoria. "616 personas detenidas, 1179 personas sancionadas por ejercer el derecho de libertad de expresión. Esto supone al gobierno 340.200 euros". García ha dicho que estas leyes suponen "un castigo duro para quien abre la boca". Al hilo de su afirmación, Yolanda Quintana, de la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información ha dicho que estas leyes "pretenden crear nuevas formas de censura y criminalizar el derecho a la información y expresión". Quintana ha querido recalcar que "sin libertad de información no hay democracia" y que ésta solo puede estar recortada por los derechos fundamentales, "aunque esto ahora lo aplicarán los policías y no los jueces", ha añadido.

A la protesta se han sumado los partidos políticos de Podemos, Izquierda Plural y EQUO.

"Va a salir más caro protestar que robar dinero público", ha dicho la portavoz de Podemos, Tania González.

Ricardo Sixto, portavoz de IU, ha dicho que la Ley de Seguridad Ciudadana (aprobada definitivamente este jueves en el Congreso de los Diputados y que entrará en vigor el día 1 de julio) significa que se pondrán "multas sin sentido porque dinamitan el sostenimiento de las familias españolas" ya que muchos de los ciudadanos españoles "se encuentra en una situación de pobreza".

Juantxo López Uralde, de EQUO, cree que la aplicación de estas leyes mordaza se debe a que "todos están imputados por corrupción y ahora quieren imputarnos a nosotros por defender nuestros derechos sociales". Uralde ha dicho que será "un honor defenderlos" porque asegura que detrás de estas leyes "está la estrategia del miedo".

Tania González, portavoz de Podemos, ha puesto el punto y final a este acto de repulsa diciendo que "en vez de proteger nuestros derechos humanos se dedican a secuestrarlos". Tania ha afirmado que el gobierno presidido por Mariano Rajoy está obviando esta protesta. "Hace como que la protesta no existe. Piensan que no va a influir en su gobierno a pesar de que para los que protestan es para quien se gobierna". González ha asegurado que la gente demanda derechos sociales como el paro o la vivienda y cree que con estas leyes "va a salir más caro protestar que robar dinero público".